Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El Poder Ejecutivo propone, en el proyecto de Rendición de Cuentas, descontar sus gastos para desalojos y reubicaciones de asentamientos de las partidas destinadas a gobiernos departamentales, cuando “se constate” que estos omitieron impedir su formación. Más allá de las previsibles polémicas sobre ese artículo 207, que ya comenzaron, es bastante obvio que, incluso en problemas complejos, con muchas causas directas e indirectas, importa lo que hacen o dejan de hacer las autoridades. El Ejecutivo maneja la idea de que hay asentamientos evitables, pero le molesta mucho que se hable de muertes evitables por covid-19.
La interpelación de ayer a Azucena Arbeleche y Daniel Salinas por el manejo de la pandemia tuvo un desarrollo previsible en lo referido a los argumentos y las conclusiones de cada parte. Se salió un poco del libreto, con honestidad, el ministro de Salud Pública, al reconocer algo evidente: la movilidad de las personas tiene incidencia sobre la cantidad de contagios. Salinas afirmó, de todos modos, que ese factor tuvo en Uruguay una incidencia mucho menor que la del ingreso de la variante P1.
Por supuesto, uno puede preguntarse si el daño causado por la P1 habría sido el mismo con mayor restricción de la movilidad. El asunto es evaluar si las autoridades pudieron tomar medidas de prevención más eficaces, y sobre esto no hay acuerdo a nivel de los partidos ni de la opinión pública, aunque entre los especialistas en el tema cuesta encontrar a alguien prestigioso que justifique totalmente lo que el Poder Ejecutivo hizo.
Este doble llamado a sala pudo haber sido bastante distinto. Fue planteado a comienzos de junio, después de dos meses con terribles indicadores de la pandemia, pero se realizó recién ayer, con esos indicadores en clara caída. La situación es semejante a la de comienzos de marzo, que no era buena y venía empeorando, pero ahora pasamos por el mismo lugar en dirección contraria. Mañana el Ejecutivo llevará a cabo un homenaje al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que hace un mes habría llamado la atención sobre la diferencia entre lo que este recomendó y el presidente Luis Lacalle Pou decidió hacer, pero que ahora contribuye a la anhelada percepción de que la emergencia sanitaria llega a su fin.
La cuestión es que nadie (o por lo menos nadie medianamente informado y serio) había puesto en duda nunca que la vacunación fuera a producir una disminución de los casos graves y de las muertes. Lo que estuvo y está en discusión es si eso pudo suceder antes.
El Frente Amplio sostiene que si el Ejecutivo hubiera adoptado las medidas de reducción drástica y transitoria de la movilidad que había recomendado el GACH a comienzos de febrero, el efecto de la vacunación habría sido mayor y más rápido, y no habríamos tenido el tremendo agravamiento de abril y mayo. El Ejecutivo afirma que siempre hizo todo lo que estaba a su alcance.
En todo caso, y salvo que alguna variante viral revierta los actuales avances (ojalá que no), empezará a quedar atrás un debate no resuelto desde el punto de vista político. En términos sociales, el daño ha sido gravísimo y llevará mucho más tiempo dejarlo atrás.
Hasta mañana.