Mediante un artículo incluido en la Rendición de Cuentas, el gobierno nacional busca descontar de las partidas asignadas a los gobiernos departamentales, a través del artículo 214 de la Constitución, los gastos en los que deba incurrir para el desalojo y la reubicación de asentamientos irregulares, si se constata la “omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia” por parte de las intendencias para evitar la formación de nuevos asentamientos. La idea no cosechó simpatía entre algunos intendentes nacionalistas, que analizarán el tema en una reunión previa al Congreso de Intendentes del jueves, y tampoco fue bien recibida por el intendente de Salto, Andrés Lima, del Frente Amplio (FA).

El artículo 207 del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo lo faculta a “resarcirse de los costos incurridos en el desalojo y relocación de asentamientos irregulares cuando se constate la omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia de parte de los gobiernos departamentales a efectos de evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares”. Esta función de “policía territorial” de los gobiernos departamentales está definida en la Ley de Ordenamiento Territorial (18.308), en el apartado sobre competencias departamentales de ordenamiento territorial.

Por otro lado, el mencionado inciso de la Rendición de Cuentas establece que el resarcimiento se hará “una vez comprobada la formación del asentamiento irregular, mediante el descuento de las partidas asignadas por el literal c) del artículo 214 de la Constitución de la República”.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, del Partido Nacional (PN), consideró que implementar una medida de ese tenor es “abrir una puerta que es brava” a “una suerte de Gran Hermano en que el gobierno nacional empiece a controlar omisiones de los deberes que tienen las intendencias”. “Yo no me resisto a que me pongan en evidencia cuando no cumplo con mis obligaciones, no tengo problema; el tema es que también es como que mañana pongamos una multa al Ministerio de Vivienda [MVOT] por la no regularización de los asentamientos”, comparó, en diálogo con la diaria. Por lo antedicho, Olivera opinó que “es un terreno medio escabroso”, aunque afirmó que no se resistirá “a analizarlo”, y para eso está prevista la instancia del jueves.

En la misma línea, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez (PN), sostuvo que los gobiernos departamentales deben “cumplir con las obligaciones respecto del ordenamiento territorial”, pero resaltó que “hay que ver los términos en que está planteado ese relacionamiento con el Ejecutivo en cuanto a lo que es, eventualmente, comprometer el flujo de partidas condicionado a ese cumplimiento y cómo se entiende que es ese cumplimiento y quién lo evalúa”. “Creo que no puede quedar librado al gobierno de turno la apreciación de una cuestión de esa naturaleza y que las partidas sean condicionadas al cumplimiento de las obras para las cuales son fin”, dijo a la diaria, y advirtió que “es un mecanismo que puede tener sus riesgos en cuanto a las autonomías departamentales”.

Por su parte, el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, también blanco, afirmó que pese a que en su departamento no hay una gran problemática en torno a los asentamientos, por lo cual la disposición no lo afectaría directamente, “no se debe achacar toda la responsabilidad a las intendencias” en materia de vivienda. “Hay una responsabilidad central en los gobiernos, y las intendencias no se pueden llevar toda la culpa”, reflexionó. “¿Por qué se generan los asentamientos? ¿Qué acciones hacen los otros organismos para detenerlos? Hay un montón de factores, por eso hay que analizarlo y no ser tan tajantes en ese sentido”, dijo a la diaria.

Desde filas frenteamplistas, el intendente salteño, Andrés Lima, afirmó que la “única coincidencia” que tiene con la iniciativa es “la aspiración, el deseo, la pretensión de que no haya más asentamientos”. Luego, destacó “varias diferencias o salvedades”; la primera de ellas es que hay que “ser muy cuidadosos cuando se tocan recursos o fondos de origen constitucional, previstos en el artículo 214”. “No es oportuno. No es el mejor camino que un artículo de tanta trascendencia para los gobiernos departamentales –porque puede afectar sus recursos– esté metido en una Rendición de Cuentas tan enorme, entre tantos artículos, como queriendo entrar por la ventana”, apuntó.

Para Lima, “se debería haber consultado al Congreso de Intendentes antes de enviar esta disposición a la Rendición de Cuentas”, porque en esta materia “se debe buscar una solución en acuerdo”. “Es una solución muy simplista tirarles la pelota a los gobiernos departamentales”, consideró, e indicó que en estos temas también incide el accionar de la Justicia. “No es un tema que se pueda resolver solamente sancionando a los gobiernos departamentales”, opinó. Asimismo, advirtió que “con esto no solucionamos el problema de fondo y les pasamos toda la responsabilidad a las intendencias, pero además les descontamos los recursos para la búsqueda de esas mismas soluciones”.

Diputado nacionalista cuestionó el manejo de las ocupaciones en la Costa de Oro

El diputado del PN por Canelones Alfonso Lereté habló en Informativo Carve sobre las ocupaciones de terrenos en su departamento y celebró la disposición introducida en la Rendición de Cuentas. Lereté cuestionó el manejo de las ocupaciones en la Costa de Oro por parte del intendente canario, Yamandú Orsi, y dijo que espera que esta nueva norma “pueda corregir esta conducta de los gobernantes”. El legislador dijo que en la zona que va desde Neptunia hasta Jaureguiberry “hay un tsunami de ocupaciones”.

Lereté afirmó que la “virulencia con la cual se ha desatado este fenómeno” puede obedecer en parte “a todo lo que implica la pandemia”, y reconoció que “hay un porcentaje importante de ciudadanos de este país que lamentablemente han tenido que optar por ocupar porque no tienen otra oportunidad”, pero consideró que “hay otro porcentaje muy amplio en que hay especuladores, agentes inmobiliarios, escribanos, agrimensores”, e implicados en la propia intendencia departamental. “El número uno de los canarios, que es el intendente Yamandú Orsi, tiene que tomar una posición contundente y declararle el fin a este fenómeno, el freno total, porque, de lo contrario, la Costa de Oro va a tener muy poco y va a ser costa de lata, costa de cartón”, aseveró.

“Una vergüenza”

La diputada frenteamplista e integrante de la Comisión de Vivienda de Diputados Cecilia Cairo calificó la propuesta del Ejecutivo como “una vergüenza”, y aseguró que “nunca se vio” que el gobierno nacional “defina qué quiere comprar [en referencia a las tierras para los realojos] y después lo descuente de las magras partidas que han quedado para los gobiernos departamentales”. “Estoy totalmente en contra. El gobierno nacional tiene la obligación de cumplir con su trabajo, que es del MVOT, que depende del gobierno nacional y no de los departamentales”, apuntó en diálogo con la diaria.

Por otra parte, Cairo dijo estar “defendiendo a las intendencias” en general, y no sólo las frenteamplistas, puesto que “policía territorial tiene Montevideo y Canelones y creo que dos o tres intendencias más; después en el interior ninguna de las intendencias del partido que integra el gobierno [el PN] tiene policía territorial”. Además, destacó que “los desalojos no sólo dependen de la intendencia y de la denuncia que tiene que hacer; dependen, sobre todo, de la acción de la Justicia, que a veces no es tan fácil”, observó, y puso como ejemplo el tiempo que transcurrió desde que comenzó la ocupación en el asentamiento Nuevo Comienzo, en enero de 2020, hasta el día de hoy, cuando todavía no se resolvió el caso.

“Es una jugada, como todas las que hace este gobierno, que es puro humo. Como los 20 millones de dólares que le quiere sacar a Colonización y que dice que con eso va a regularizar asentamientos. Lo que va a hacer es nada, porque con 20 millones no resolvemos el problema”, opinó Cairo.