Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En el oficialismo se ha desatado una inesperada tormenta veraniega contra Daniel Radío, secretario nacional de Drogas y dirigente del Partido Independiente (PI), por su oposición al proyecto de ley de internación compulsiva para personas con uso problemático de drogas.
Esa iniciativa, presentada por la diputada colorada Nibia Reisch y la cabildante Silvana Pérez Bonavita, establece que “toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca de adicción a las drogas” puede declarar por anticipado su voluntad de ser internada “para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social” cuando se encuentre en una situación crítica por su consumo. La internación se concretaría aunque en el momento la persona se rehúse y continuaría mientras “los profesionales actuantes” la consideren necesaria. Se supone que una eventual negativa sería efecto del propio consumo de drogas.
El proyecto es cuestionado por especialistas en derecho y en drogodependencia, quienes señalan, respectivamente, que nadie puede ser privado de su libertad sin intervención de un juez, y que de poco puede servir un tratamiento a alguien que lo rechaza. Radío comparte estas objeciones, cosa que no debería sorprender a nadie porque el diputado del PI, Iván Posada, no votó la iniciativa, que tampoco fue respaldada en la Cámara de Representantes por todos los nacionalistas.
La respuesta de varios legisladores que apoyan el proyecto fue cuestionar el desempeño de Radío en el cargo que ocupa, anunciar que lo convocarán a comisión y opinar que debería renunciar. Según dijo a El País el nacionalista Álvaro Dastugue, el secretario nacional de Drogas “no representa a los votantes de la coalición de gobierno”. El PI replicó con fuertes expresiones de respaldo a Radío.
Cabe acotar que quienes integran el oficialismo coinciden en que sus obligaciones sólo se refieren al contenido del documento “Compromiso por el país”, aprobado entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones de 2019. Ese ha sido el argumento para defender posiciones propias sobre temas no acordados, y también el del presidente Luis Lacalle Pou al vetar la ley forestal.
El capítulo 9 de “Compromiso por el país” tiene 21 puntos, y el decimocuarto dice apenas “Fortalecer y coordinar el conjunto de acciones y programas dirigidos al tratamiento de las adicciones y consumo problemático de drogas y alcohol”. Eso es todo.
Por lo tanto, Radío no tiene por qué hacerse cargo de los discursos de campaña de Cabildo Abierto ni de ningún otro partido oficialista salvo el PI. Además, la Secretaría Nacional de Drogas es una unidad dependiente de Presidencia, y las obligaciones de su titular son con Lacalle Pou, responsable de su designación.
El presidente fue, como legislador, un declarado defensor del autocultivo de cannabis, y no hay noticias de que haya cambiado de opinión en la materia, de modo que por ese lado tampoco cabe reclamarle a Radío ningún tipo de alineamiento con otras posiciones. Salvo que, como en la memorable frase de Rebelión en la granja, alguien piense que todos los integrantes de la coalición de gobierno son iguales, pero algunos son más iguales que otros.
Hasta mañana.