Mientras Marcelo Pereira disfruta de unas merecidas vacaciones, desde la redacción nos encargamos de sus Apuntes del Día.
Se llama Poder Legislativo y es lógico que se lo evalúe primordialmente por su capacidad de legislar, aunque sus funciones, según marca nuestra Constitución, incluyen ser contralor del Poder Ejecutivo, la aprobación de las cuentas públicas, la investidura de ciertos cargos y la autorización de medidas excepcionales provenientes de la Presidencia, entre otras. Cuando se habla de la productividad de los parlamentos se suele hacer énfasis en la cantidad de leyes aprobadas en determinado período –y es común que cada nuevo o nueva presidente de una de las cámaras exprese su deseo de aumentar ese cociente–, pero no son tan frecuentes las referencias a la calidad de esas leyes.
La ley de urgente consideración (LUC) promulgada el 9 de julio de 2020 es un buen ejemplo de la no correspondencia entre cantidad y calidad. Si fuera por la extensión de su articulado, por la diversidad de temas afectados y por la brevedad con que se la tramitó, sería un ejemplo de altísima productividad. Sin embargo, a un año y medio de su aprobación, la agenda política sigue concentrada en ella, y lo seguirá hasta el 27 de marzo, cuando finalmente la ciudadanía decida si impugnarla parcialmente o no. Las discusiones que no se dieron en su momento en el Parlamento ahora se están produciendo en el resto de la sociedad; hubo “productividad” sin debate, y en parte es esa carencia la que se está procesando colectivamente.
El artículo “Ley de medios, tenencia compartida y eutanasia: algunas de las prioridades legislativas en 2022” refiere a la productividad del Parlamento y a algunas de las dificultades que presenta. Mientras legisladores de la oposición aluden a la voluntad del Ejecutivo herrerista de minimizar el rol del Parlamento, de las palabras de los parlamentarios gubernistas se desprende que es la falta de acuerdo entre las distintas agrupaciones coaligadas en el oficialismo la que obstaculiza la aprobación de leyes. Alcanza observar sus prioridades para el próximo año (medios, eutanasia, tenencia compartida) para comprobar que no se trata de proyectos nuevos, sino de temas que ya fueron discutidos y que no lograron consensuar internamente.
Además, los propios legisladores oficialistas depositan en el “pos 27 de marzo” la esperanza de avanzar en esas áreas, como si el resultado del referéndum pudiera desbloquear automáticamente sus desacuerdos. Lo que sí es indiscutible es que tanto oficialistas como opositores concentran sus esfuerzos en esa campaña electoral. De algún modo, la baja calidad democrática de la LUC se ha cobrado su precio.
Hasta mañana.