Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Cuando comenzó el escándalo por la detención de Alejandro Astesiano, encargado de la seguridad personal del presidente Luis Lacalle Pou, las primeras líneas de reducción de daños ensayadas por el oficialismo buscaron instalar la idea de que tenía una especie de doble vida, en la que por un lado cumplía prolijamente sus funciones oficiales y por el otro traicionaba en secreto la confianza del primer mandatario, sin que este tuviera cómo sospecharlo.
Informes periodísticos e investigaciones de Fiscalía muestran semana a semana una realidad muy distinta, y vuelven cada vez más insostenible aquel relato inicial.
Realmente no se puede decir que Astesiano disimulara su tendencia a cometer todo tipo de fechorías. Tiene una larga lista de anotaciones policiales desde 2003, sobre la que se alertó hace tiempo desde varios medios de comunicación, estuvo preso, y apenas se averigua un poco aparecen numerosos testimonios de personas que conocían sus andanzas, desde vecinos de su barrio hasta dirigentes políticos oficialistas.
A fines de setiembre, cuando recién comenzaban a conocerse los pormenores del caso, se afirmó en esta columna que Lacalle Pou había actuado por lo menos con “una grave y peligrosa imprudencia” al decidir que lo importante no era el cúmulo de datos disponibles, ni los riesgos que implicaba instalar a una persona con esas características en la Torre Ejecutiva, sino la confianza personal del ciudadano que ocupa la presidencia de la República en que Astesiano podía pasar a comportarse bien, después de hacer todo lo contrario durante un par de décadas con muchos menos recursos a su alcance.
Lamentablemente, no es la primera vez que en el actual gobierno, al igual que en el presidido de 1990 a 1995 por el padre de Lacalle Pou, se menosprecian diferencias básicas entre la actividad privada y la estatal.
Las investigaciones en curso van revelando que Astesiano no sólo trabajaba con una organización criminal internacional dedicada a proporcionarles documentos uruguayos a ciudadanos rusos, sino que además ofrecía, invocando su acceso privilegiado a informaciones, recursos y personas, un amplio surtido de otros servicios ilegales.
Hay fuertes indicios de que Astesiano ni siquiera era digno de confianza como delincuente, y cabe dudar de que realmente estuviera en condiciones de cumplir con todo lo que prometía (o, por lo menos, de que siempre lo pudiera cumplir por los medios que se atribuía). De todos modos, entre la evidencia encontrada en su despacho de la Torre Ejecutiva había, por ejemplo, registros de cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior y copias de legajos policiales, y de la caja de Pandora de su celular se han recuperado intercambios reales con muchos jerarcas del Estado. No hay motivos para pensar que fuera sólo un simulador.
Además, el hecho de que sus servicios delictivos fueran requeridos por un poderoso actor empresarial argentino, dedicado a la producción de trigo y soja en tres países, sugiere con fuerza que Astesiano tenía algún antecedente de aportar lo que ofrecía. Pero parece que Lacalle Pou tampoco sabía esto.
Hasta el lunes.