Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hace un par de semanas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció que había convocado a los partidos con representación parlamentaria a que aportaran ideas con miras a la elaboración de un Programa de Seguridad Integral y Preventivo, que se realizaría mediante la cooperación de distintos organismos del Estado y cuya primera reunión se llevaría a cabo el lunes de la semana pasada.
Heber adelantó que el intercambio se centraría en prevenir las “causas sociales y culturales” de los delitos, y que su intención era que el futuro programa incluyera aspectos vinculados con la educación y la salud, así como la participación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Al Frente Amplio (FA) se le complicó ir a la primera reunión, porque antes debía considerar el tema en su Secretariado Ejecutivo, que se reúne justamente los lunes, pero decidió aceptar la invitación, pese a las dudas sobre sus intenciones, y designó como representante a Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI).
La elección de Leal estaba bastante cantada, porque cuando gobernaba el FA fue el principal impulsor, desde 2013, del llamado “Plan siete zonas”, que mucho tenía que ver con el tipo de acciones planteadas por Heber, e involucraba, además de al MI, al Mides, a los ministerios de Vivienda y de Turismo y Deporte, a la Administración de Servicios de Salud del Estado, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), a la Administración Nacional de Educación Pública y a las Intendencias de Montevideo y Canelones con sus respectivos municipios (porque las zonas elegidas estaban en esos dos departamentos).
Aquel plan no tenía como objetivo único o principal la prevención del delito, sino que apuntaba en general a una “dignificación”, con énfasis en el desarrollo de una buena infraestructura para la convivencia y mejoras en el acceso a servicios y programas sociales. Sin embargo, su aplicación, lamentablemente interrumpida por recortes presupuestales, trajo consigo descensos de los homicidios en esas zonas, del orden de 75%. Es un antecedente que debería interesarle muy especialmente a Heber, ya que si bien en los últimos meses se ha visto jaqueado por las vinculaciones del MI con los casos de Alejandro Astesiano y Sebastián Marset, desde mucho antes intenta, sin éxito, contrarrestar una fuerte tendencia ascendente de los asesinatos.
La segunda reunión multipartidaria, el lunes de esta semana, fue, según Leal, un fiasco, ya que sólo se preguntó si había acuerdo acerca de la necesidad de mejorar la coordinación entre organismos públicos y desde el MI se señaló en forma explícita que no había intención de acordar una política de Estado.
El exjerarca presentó de todos modos una propuesta de plan de trabajo entre los partidos para cinco meses, con la intención de llegar a conclusiones antes de que se presente el próximo proyecto de Rendición de Cuentas. Pero lo único que quiere el MI, según Leal (aparte de la “puesta en escena”), es que dentro de un mes le entreguen por escrito aportes para mejorar la coordinación de políticas. Uno diría que las urgencias son otras.
Hasta mañana.