Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La jueza Ada Siré publicó en la red social Tik Tok, a mediados de febrero, un video de 42 segundos en el que mencionaba algunos “estereotipos machistas” y expresaba su esperanza en que dejaran de perpetuarse. Esta publicación circuló ampliamente, acompañada de duras críticas, y fue objeto de una breve nota en el diario El País. En ella se consultó a Siré, quien alegó que había actuado “como ciudadana y no como jueza”, para señalar la presencia de violencia de género en ciertas charlas entre varones.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) le pidió explicaciones a Siré y ayer decidió iniciarle un sumario. El episodio es una oportunidad para reflexionar sobre algunos asuntos muy importantes.
En Uruguay no hay normas específicas acerca de la intervención de los magistrados en redes sociales, pero en 2019 se le agregó al artículo 94 de la Ley órgánica de la Judicatura un numeral 4º, donde dice que los jueces “se abstendrán [...] de todo comportamiento, acción o expresión que afecte la confianza en su imparcialidad” (dicho sea de paso, la modificación de esta ley fue polémica y todo indica que será revisada, pero no por ese numeral sino por lo referido al régimen de concursos para ascensos).
La disposición antedicha recoge un principio razonable: quienes tienen la delicada responsabilidad de juzgar no sólo deben esforzarse por hacerlo en forma ecuánime, sino también por ofrecer garantías en ese sentido. Sería insensato pretender que carezcan de opiniones e inclinaciones personales que puedan incidir en sus fallos; se trata de que sepan tomar distancia de ellas, y sin duda es conveniente -para el sistema judicial y para el resto de la sociedad- que se abstengan de divulgarlas.
Este principio razonable debe aplicarse en un mundo que cambia con rapidez. Las redes sociales ocupan un lugar de creciente importancia para la interacción entre la gente, y contribuyen a desplazar las fronteras entre lo privado y lo público. De hecho, la SCJ no monitorea la actividad de todos los jueces en todas las redes, seguramente ignora la existencia de muchos casos similares al de Siré, e intervino en este porque el videíto “se viralizó”.
Las personas utilizan estas nuevas herramientas de comunicación con criterios muy distintos, y todas tienden a convencerse de que lo hacen del modo que obviamente corresponde. Esto es parte de su atractivo, de sus ambigüedades y también de sus riesgos, que suelen ser directamente proporcionales a la edad.
La juventud es por lo general más prudente (sí, leyeron bien). No tuvo que aprender a usar estas herramientas en vez de otras ni las confunde con otras, y tiene muy presentes algunas reglas de juego, que no son las mismas para todas las redes.
Además, quizá las personas mayores están acostumbradas a establecer diferencias mucho mayores entre “lo que se puede decir” en distintos contextos, y a menudo se les va la moto cuando se sienten entre amigos o “en confianza”, aunque en realidad sus palabras puedan llegarle a una multitud de desconocidos.
Todo esto podría, y quizá debería, tenerlo en cuenta la SCJ. Más que sumarios, hacen falta información y formación, reflexiones y aprendizajes colectivos. La prudencia no se decreta.
Hasta mañana.