Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) emitió una declaración que es al mismo tiempo simple y difícil de comprender.
Se trata de una institución creada en 2016 que representa a personas con muy distinto poderío e intereses muy diversos. Es difícil que coincidan sobre lo que les conviene los grandes exportadores agropecuarios, las micro y pequeñas empresas, los bancos privados que operan en Uruguay y los almaceneros minoristas, que son sólo algunos de los grupos fundadores.
La CCE reivindica “los principios de la libre empresa y los derechos del empresario”. También dice que propicia “el desarrollo económico, cultural y tecnológico del país y la elevación del progreso social de todos los uruguayos”.
La costura ideológica invisible es, obviamente, la premisa de que lo bueno para la libre empresa es bueno para toda la población. Esto merecería discusiones profundas que difícilmente lleguen a desarrollarse dentro de la CCE, entre otras cosas porque todos sus integrantes son iguales, pero algunos son más iguales que otros.
En todo caso, la declaración no se refiere directamente al referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aunque podría hacerlo, ya que la CCE sólo está “impedida de hacer pronunciamientos corporativos de carácter religioso y político-partidario”. Lo que sí dice es, ante todo, ilusorio.
La confederación planteó en 2019 propuestas que consideraba necesario aplicar con urgencia en el actual período de gobierno para “aumentar la inversión, la producción y el empleo”. Nada muy novedoso: el Estado debe gastar menos, disminuir su cantidad de empleados y privatizar actividades, cobrar menos impuestos, reducir los aportes patronales y, sin embargo, disponer de recursos para apoyar a la actividad empresarial.
El presidente de la CCE, Juan Martínez, señaló que algunas de esas demandas fueron atendidas, pero que la respuesta a otras se ha “frenado”, y su principal preocupación relacionada con la consulta popular es que el proceso de reformas no se detenga.
Lo que ocurrió en realidad es que varias demandas de la CCE no tuvieron suficiente apoyo dentro del oficialismo. Algunas no llegaron a incluirse en la LUC y otras, como la de libre importación de combustibles, naufragaron en el Parlamento.
El resultado del referéndum no va a aumentar la cantidad de legisladores de ningún partido. Es claro que algunas iniciativas oficialistas se han postergado y que algunos sectores de la coalición de gobierno quieren ir mucho más allá de la LUC, pero parece muy poco probable que, incluso si triunfa el No, el Partido Colorado y Cabildo Abierto se acerquen a las posiciones mayoritarias en el Partido Nacional.
Más bien cabe esperar que esos dos socios traten de fortalecer sus perfiles propios, con miras a 2024. Si gana el Sí, tendrán una motivación adicional, pero por ninguna causa les convendrá debilitar esos perfiles.
Martínez dice que “no debemos distraernos en temas políticos y todo lo que implica el referéndum”, porque “el país debe avanzar”. Pero qué necesita el país para avanzar no es una verdad indiscutida, y definirlo es un asunto central de la política. De eso se trata, muy precisamente, el referéndum.
Hasta mañana.