Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La aceleración del aumento de los precios, que afecta en especial los alimentos, se ha instalado como cuestión central y es motivo de crecientes debates. El problema se acentúa porque, debido a la emergencia sanitaria y a la política económica del Poder Ejecutivo, Uruguay ya venía de dos años sucesivos con pérdida del poder de compra de salarios y jubilaciones. Crecen el descontento y las demandas, a las que los actores políticos intentan dar respuesta, pero las soluciones no son sencillas.
Ante la crisis económica y social internacional asociada con la pandemia de covid-19, en la mayor parte del mundo se buscó la recuperación con políticas que causaron inflación, y a ello se agregan consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Por la pequeña escala relativa de la economía uruguaya, todo esto nos afecta mucho, y además es menor la eficacia de medidas que en otros países pueden ayudar bastante a contrarrestar el fenómeno.
Un ejemplo de ese tipo de medidas es el aumento de las tasas de interés. En términos clásicos, cuando los bancos centrales la adoptan, hacen más atractivo depositar el dinero, y así disminuyen la cantidad que circula. Esto, a su vez, frena la pérdida de su valor, como sucede con otros bienes cuya abundancia los abarata y cuya escasez los encarece.
Sin embargo, tal efecto requiere que la opción entre gastar el dinero y depositarlo exista en términos significativos: si el ahorro es normalmente escaso, y es mucha la gente cuyos gastos básicos consumen todos o casi todos sus ingresos, como sucede en Uruguay, el aumento de las tasas de interés tiene menor impacto en el combate a la inflación y puede causar, por sí mismo, más daños que beneficios.
Por razones que aquí no hay espacio para explicar, las dificultades son mayores por otras dos características de la economía uruguaya: su importante grado de dolarización y el fuerte vínculo entre el índice de precios al consumo y los ajustes salariales. Sobre esto último, digamos apenas que si se intenta perseguir a una suba de precios acelerada con aumentos generales de salarios, esto puede conducir a dos consecuencias indeseables.
Una es que muchas empresas, ante la necesidad de gastar más dinero en pagarles a sus empleados, aumenten los precios de lo que venden, y así contribuyan a que la inflación se siga acelerando. Otra es que, si se impiden los aumentos de precios, o si continuar con ellos determina que los productos se vendan menos, las consecuencias sean escasez y una caída de la actividad económica (entre otras cosas porque, con un aumento de las tasas de interés, para unos cuantos empresarios puede ser más lucrativo depositar su dinero en un banco).
Todo esto no es fácil de explicar desde el gobierno nacional, cuando muchas personas siguen perdiendo calidad de vida y ven que una minoría se ha enriquecido en los últimos años. Es lo que tiene de político la política económica.
Hasta mañana.