Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La cuestión de los deudores por vivienda en unidades reajustables (UR) se lleva y se trae desde hace ya muchos años, con reclamos, promesas, rechazos y postergaciones. Gran parte de la discusión se refiere a que, como el valor de la UR se adecua a la evolución del Índice Medio de Salarios, estos deudores alegan que, durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), el sostenido aumento en promedio del salario real los perjudicó, porque arrastró hacia arriba el monto de lo que debían pagar y, en combinación con otros procedimientos aplicados por las autoridades, determinó que muchas personas siguieran abonando cuotas después de haber cubierto con creces lo que valen sus viviendas.
También señalan que les fue mucho mejor a los deudores en unidades indexadas (UI), que reajustaron de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo, y enfatizan que esta diferencia es una injusticia.
El problema existe, sin duda, pero es un poco más complejo. Por un lado, si la política económica del FA hubiera tenido peores resultados para la población en general, se habrían invertido los papeles, con deudores en UR “protegidos” por la caída del salario real y deudores en UI “castigados” por la inflación. Esto es exactamente lo que ha ocurrido durante lo que va del actual gobierno, y es muy discutible que resulte más justo.
Por otro lado, en ningún lugar está escrito que los pagos por vivienda deban limitarse a cubrir costos, y a medida que la política estatal en la materia se fue volviendo cada vez más bancaria, ganó terreno la idea de que es lógico y normal que un pago en cuotas durante muchos años sume un total bastante mayor que el de una compra al contado. Tampoco está establecido por dónde pasan exactamente las líneas que separan la política social del financiamiento con ciertas facilidades, y a este del negocio lucrativo para reinvertir en más viviendas.
El asunto es que, cuando gobernaba el FA, los actuales oficialistas dijeron que eran muy razonables y justificadas las demandas de los deudores en UR, y prometieron atenderlas si ganaban las elecciones nacionales, pero han pasado los años sin que esto sucediera. Del otro lado del mostrador, y bajo una fuerte presión del equipo económico, no hubo “espacio fiscal”.
Ahora que se acercan las elecciones, desde el FA se reciben con mucha mayor simpatía que antes estos reclamos, y varios legisladores de la coalición de gobierno presionan por una ley que los satisfaga. En esto último incide la elogiable voluntad de cumplir con la palabra empeñada, y probablemente también el temor a un “voto castigo” por no cumplir con ella, que conduce a pedirle “un esfuerzo” al Ministerio de Economía y Finanzas.
No debería pasar inadvertido que la contrapartida planteada para aliviar la situación de estos deudores es un cambio sustancial en la institucionalidad del Banco Hipotecario del Uruguay, que pasaría a ser una parte del Banco República. Esto significaría un gran paso más en la bancarización de las políticas de vivienda, una causa importante de los problemas que aquejan a quienes tienen créditos en UR.
Hasta mañana.