Pese a las lluvias de las últimas horas sobre la cuenca del río Santa Lucía, la crisis hídrico-sanitaria todavía está lejos de haber quedado atrás. La reserva de Paso Severino actualmente cuenta con 2.225.331 metros cúbicos, cuando la capacidad normal de la represa que brinda agua a Montevideo y la zona metropolitana es de 67 millones de metros cúbicos y el consumo promedio gira en torno a los 500.000 metros cúbicos diarios. En este contexto, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron un comunicado instando a Uruguay a “priorizar el uso de agua dulce para el consumo humano”. La misiva está firmada por seis especialistas, entre ellos, el relator especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Damilola Olawuyi.
En primera instancia, recuerdan que el 60% de la población se está viendo afectada. “La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas”, describen. Especialmente transmitieron su preocupación por las personas que no pueden permitirse comprar agua y “aquellas con discapacidad o movilidad reducida que no pueden transportar agua”. También advirtieron que, “aunque los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica, agravada por los períodos anormalmente largos de estrés hídrico, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país”.
En el texto los expertos consideran que las recomendaciones de las autoridades gubernamentales de comprar agua embotellada para beber “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”. “Reconocemos los esfuerzos del gobierno para reducir los impuestos al agua [embotellada]. Sin embargo, es necesario profundizar las medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida”, suman. También expresan que el Poder Ejecutivo “ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares” cuando “estas restricciones no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción”. Afirman que “no priorizar” el uso de agua para consumo humano es “inaceptable”.
Los firmantes de la misiva apuntaron que el derecho humano al agua implica que el agua debe ser “físicamente accesible, libre de contaminantes y gestionada de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación”. “Las empresas, incluidas las empresas estatales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento y los estados tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al garantizar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias”, añaden. La carta finaliza contando que entablaron contacto con el gobierno.