Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Es muy importante lo que dice la guatemalteca María Josefa Macz en la entrevista que publicamos hoy, realizada por Luciana Peker, pero también lo que afirma esta, al comienzo, sobre las “democracias fake” y “de baja intensidad” en América Latina, donde hay elecciones pero se atropellan derechos básicos, e incluso el poder de decisión del voto popular. Uruguay no está en la lista de ejemplos que menciona Peker, pero que otros países la pasen peor no debería consolarnos.
El domingo pasado terminó, junto con 2023, la conmemoración de acontecimientos ocurridos 40 años antes, durante las luchas de 1983 contra la dictadura. Ayer comenzaron los aniversarios redondos de lo que pasó en 1984, cuando se logró la realización de elecciones con participación de todos los partidos, pero también se impuso una concepción simplificada y reducida de las expectativas democráticas.
En 1984 no pudieron participar los principales líderes del Frente Amplio y el Partido Nacional, Liber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, y tampoco una gran cantidad de dirigentes frenteamplistas. Se votó con muchísimas personas en la cárcel o el exilio por sus ideas políticas; y el acuerdo para habilitar la salida incluía disposiciones claramente orientadas a mantener una tutela militar.
Todo esto se apoyaba en una tesis defendida en primera fila por Julio María Sanguinetti y avalada, en los hechos, por toda la plana mayor del sistema partidario: eran las mejores condiciones posibles, y aseguraban lo central para que hubiera de nuevo democracia. Otros objetivos se irían logrando luego, nos decían, al tiempo que se desactivaban las concesiones a los militares, y los acuerdos interpartidarios en la Concertación Nacional Programática (Conapro) garantizaban un rumbo de gobierno aplaudible, con independencia de quién ganara las elecciones.
Muchos de los pactos más chocantes con los militares no se cumplieron, pero lo mismo pasó con muchas de las medidas más progresistas acordadas en la Conapro. Las proscripciones quedaron sin efecto y una amnistía puso fin a los encarcelamientos políticos, pero sólo después de que Sanguinetti ganara la presidencia con ventajas antidemocráticas, y Ferreira Aldunate terminó apoyando la Ley de Caducidad, cuyas consecuencias sufrimos hasta hoy.
Desde aquella salida, y con gobiernos de distintos partidos, se ha sostenido que la democracia uruguaya, pese a diversas rebajas, no deja nada que desear en lo sustancial. Naturalizar esas rebajas es riesgoso, tanto si afectan derechos constitucionales (por ejemplo, a la igualdad ante la ley, a una vivienda decorosa y un retiro adecuado, a la educación para una “plena capacidad corporal, intelectual y social”, o a cárceles que prevengan la reincidencia) como si trampean la cantidad de asuntos que admite un proyecto de ley de urgente consideración, imponen un protagonismo presidencial excluyente o sustituyen la participación política por el poder de dirigentes profesionales, dándoles espacio a quienes socavan la legitimidad de todo el elenco partidario alegando que es una “casta”.
La democracia es siempre un horizonte inalcanzado. Resignarse con menos nos enfila por un camino que puede terminar muy mal.
Hasta mañana.