Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hay antecedentes de directores de entes autónomos y servicios descentralizados que renunciaron entre las elecciones nacionales y la asunción del siguiente gobierno. Lo inusual en este período es que un jerarca renuncie por motivos relacionados con la política del organismo que conducía, y en especial por discrepancias con la orientación deseada por el Poder Ejecutivo, como lo hizo ayer el presidente del directorio de Ancap, Alejandro Stipanicic.
No sólo es inusual, sino que no debería suceder, e incluso se puede plantear que viola el espíritu de las normas sobre el gobierno del “dominio industrial y comercial del Estado” establecidas en la Constitución.
Ancap tiene avanzadas las negociaciones con la empresa internacional HIF Global para el desarrollo de un proyecto de producción de “hidrógeno verde” en Paysandú, sobre el que hay varias controversias. La más reciente se relacionó con la negativa del Poder Ejecutivo a cumplir una sentencia judicial que lo obliga a brindar información ambiental sobre el memorando de entendimiento con esa empresa. Otras polémicas, que motivaron la demanda de esa información, tienen que ver con el impacto potencial del proyecto, y también hay dudas en el mundo sobre la viabilidad futura del negocio.
La idea es producir, mediante la desintegración de agua, hidrógeno como sustituto de combustibles fósiles, en el marco de los planes de grandes potencias para frenar y revertir el cambio climático (el adjetivo “verde” alude a que se usa electricidad generada con fuentes renovables o tecnologías bajas en emisión de gases con efecto invernadero). El mercado está en formación y aún no está claro cómo se resolverán eficazmente cuestiones de almacenamiento y traslado, de modo que la inversión tiene riesgos.
El asunto es que el Ejecutivo se opone en forma tajante a que Ancap participe en el proyecto de HIF Global, y consideró que el acuerdo de entendimiento que Stipanicic se disponía a firmar comprometía al organismo público en este sentido. El ahora expresidente del directorio no lo veía así, y consideraba conveniente para el futuro de Ancap dejar abierta la posibilidad de asociación.
Stipanicic no es un estatista ortodoxo, pero sí un ancapeano desde que ingresó al ente en 1991 como ayudante de ingeniero, influido por una fuerte cultura interna y con una visión del papel estratégico del organismo distinta de la que predomina en el gobierno nacional saliente. Su posición sobre este tema es, en el acierto o en el error, legítima, y no tiene la obligación de acatar lineamientos del Ministerio de Industria o del presidente de la República.
La designación de los directorios de la administración descentralizada se realiza a propuesta del Ejecutivo, pero requiere la autorización de tres quintos de la Cámara de Senadores. Las propuestas se deben fundar en “condiciones personales, funcionales y técnicas”, no en la filiación política, y quienes ocupan los cargos no están subordinados al Ejecutivo, que les puede plantear observaciones, suspender la ejecución de sus decisiones e incluso proponer su destitución, pero la última palabra la tiene siempre el Senado. De eso se trata la autonomía.
Hasta el lunes.