Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Es opinable cuánto incidió el escándalo llamado “caso Astesiano” en el resultado de las elecciones nacionales que terminaron el 24 de noviembre. En cambio, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede poner en duda la enorme gravedad de los hechos probados, de todo lo que queda pendiente de investigación y de la vulnerabilidad institucional que quedó al descubierto.
Pasadas las elecciones, debería ser una causa nacional, por encima de las preferencias partidarias, hacer todo lo posible para aclarar lo que ocurrió y prevenir que se repita. En esta línea, lo primero es reconocer los problemas sin excusas ni chicanas.
Fue, por supuesto, insensato ubicar a Alejandro Astesiano en una posición institucional que le daba acceso a informaciones y contactos clave, luego de que el presidente Luis Lacalle Pou había recibido advertencias sobre antecedentes y características de la persona a la que decidió asignarle la jefatura de su equipo de seguridad. Pero esta no es apenas una historia de confianza traicionada.
Es realmente muy difícil creer que en las alturas del Estado nadie tuvo la menor sospecha acerca de las numerosas actividades delictivas de Astesiano durante más de dos años y medio. La evidencia que pudo manejar el sistema judicial a partir de los intercambios registrados en uno de sus celulares muestra, además, que en varias oportunidades afirmó que actuaba por órdenes presidenciales directas, e incluso que Lacalle Pou estaba al tanto de la investigación dispuesta para vincular al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, con una presunta compra de drogas ilegales. Lamentablemente, una de las muchas acciones de la ahora exfiscal Gabriela Fossati para “cuidar al presidente” fue impedir que se fuera a fondo en la investigación de sus comunicaciones con Astesiano.
Por otra parte, en su papel de “facilitador”, el jefe de la custodia presidencial movió contactos e influencias para favorecer a intereses privados en decisiones económicas del Estado. Y cooperó, empleando recursos estatales, para que gente vinculada con grupos económicos intentara chantajear a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera.
Está también la “facilitación” del acceso ilegal a pasaportes, que aún se quiere minimizar con el planteamiento infantil de que comenzó a realizarse cuando gobernaba el Frente Amplio. Se pasa por alto la relevancia de que la organización delictiva responsable de esas maniobras haya contado, en el período que termina, con un cómplice en la Torre Ejecutiva.
Los delitos mencionados y varios más no se debieron solamente a la violación de la ley por parte de numerosas personas, algunas ya imputadas o condenadas y otras que siguen impunes. Fue determinante que los funcionarios de Presidencia actúen dentro de una fortaleza protegida del Parlamento y de los demás organismos con tareas de contralor. Y algo hay que hacer con urgencia para cambiar esta peligrosa situación.
Siempre es deseable que haya personas honestas en las jerarquías estatales, pero lo más importante es que no estén al margen del escrutinio institucional. Como nos enseñó José Artigas hace más de dos siglos, en abril de 1813, “es muy veleidosa la probidad”.
Hasta mañana.