Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Leonardo Ruidíaz fue sumariado por “insubordinación” en marzo del año pasado y apartado de la dirección del IAVA luego de que intentara resolver mediante el diálogo un conflicto entre el gremio estudiantil de ese centro de estudios y la dirección de Secundaria, empeñada en desalojarlo del pasillo que se le había sido asignado en 2009 como salón gremial.
En aquel momento las autoridades alegaron que el desalojo era necesario para instalar una rampa de acceso, que había sido desaconsejada por un informe técnico y que no se construyó. También dijeron que le iban a proporcionar al gremio otro espacio y luego se desdijeron. Casi un año después, el sumario a Ruidíaz no ha tenido un desenlace, pero tras un período de suspensión con retención de la mitad de sus haberes no volvió a la dirección del IAVA, sino que se le asignaron tareas administrativas.
En el marco de aquel conflicto, Secundaria decidió investigar también a profesores del liceo, acusados de ocuparlo junto con estudiantes y de retener a las dos inspectoras que lo intervinieron en reemplazo de Ruidíaz. En octubre del año pasado, la investigación concluyó que los profesores no cometieron falta alguna, pero recién se enteraron este mes, ya que por algún motivo la comunicación de tal resultado se postergó.
La directora de Secundaria, Jenifer Cherro, parece empeñada en parecerse al personaje de Dolores Umbridge en las historias de Harry Potter, pero el problema llega, lamentablemente, mucho más allá de las características personales y el estilo de una jerarca. La persecución autoritaria a los gremios de estudiantes y docentes es una orientación política de trabajo, asumida por la mayoría oficialista en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y se extiende a todas sus áreas.
En Primaria, por ejemplo, a mediados del año pasado, la directora y una maestra de primer año de la escuela 35 montevideana fueron sumariadas y separadas de sus cargos, con retención de la mitad de sus haberes (únicos ingresos en ambos casos), por haber leído en el patio una carta de su gremio contra la reforma educativa impulsada por las autoridades de la ANEP.
Ante los reclamos sindicales por el perjuicio que esa medida causaba al alumnado, las autoridades recapacitaron y permitieron que ambas educadoras se reintegraran a sus tareas mientras se desarrollaba la investigación administrativa. A fin de año, Jurídica de Primaria evaluó que se había producido un “ataque a la laicidad” y luego las dos fueron sancionadas con 30 días de suspensión, que se extenderán hasta mediados de marzo, y retención de haberes. La decisión gremial de realizar tres paros zonales en la primera semana de clases de este año busca lograr que no se apliquen esas sanciones, rechazadas por las familias organizadas de la escuela 35, que no han logrado en siete meses ser recibidas por las autoridades.
Parece obvio que la intención es castigar y amedrentar, pero es claro que los resultados han afectado en forma muy negativa la educación, aumentando la resistencia de estudiantes y docentes, así como las dificultades para una verdadera reforma, provechosa y duradera.
Hasta mañana.