Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El Ministerio del Interior (MI) investiga la filtración de informaciones que fueron publicadas por el periodista Eduardo Preve, y el hecho abre un debate muy complejo y delicado.
En esta historia hay varias investigaciones sucesivas, y la primera es la del asesinato en 1978 de María Celia Fontana (madre del senador Luis Alberto Heber), quien bebió de una de las tres botellas de vino envenenado enviadas a su esposo, Mario Heber, a Luis Alberto Lacalle y a Carlos Julio Pereyra, altos dirigentes del Partido Nacional que se oponían a la dictadura. Pocas dudas caben de que hubo un móvil político.
En aquel momento, las indagaciones policiales fueron deficientes y el crimen quedó impune. La causa se reabrió en 2006, fue archivada en 2017, volvió a reabrirse en 2020 y la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad pidió el año pasado el procesamiento del expolicía Ricardo Zabala.
En el marco de este último proceso, el MI detectó un acceso indebido a escuchas telefónicas dispuestas por Fiscalía, que involucra a por lo menos dos de sus funcionarios, y se abrieron sobre esto dos investigaciones paralelas, una de Fiscalía y otra –administrativa– del MI. Acerca de esta última informó Preve, con datos proporcionados por sus fuentes, y se inició una nueva investigación administrativa del MI, para determinar quién le pasó esos datos al colega, uno de los periodistas cuya actividad más irrita al oficialismo.
Preve supo y divulgó que en el MI se manejaron datos personales y publicaciones suyas en redes sociales y que un jerarca quería conseguir registros de celulares de un funcionario, en busca de comunicaciones con el periodista (algo que sólo se puede hacer por orden judicial y que sería ilegal en una investigación administrativa). Resumidos los hechos, pasemos a los comentarios.
El sistema judicial acepta que quienes nos dedicamos al periodismo obtengamos y divulguemos información reservada de interés público, pero no acepta que esa información se nos entregue. La publicación no es ilegal, pero la filtración sí lo es.
Hay motivos valederos para la reserva de información estatal, a menudo vinculados con la protección de derechos, pero cuando una persona que trabaja en el Estado tiene conocimiento de que se cometen delitos en su repartición, la ley no sólo lo libera del deber de reserva, sino que además lo obliga a presentar una denuncia. De todos modos, y por distintas circunstancias fácilmente imaginables, a veces se teme denunciar y se prefiere hacer llegar la información a periodistas, en forma anónima o al amparo de que estos no revelarán sus fuentes.
Un ejemplo clásico es el “caso Watergate”, que le costó la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon. En 1972, los periodistas Robert Woodward y Carl Bernstein recibieron datos cruciales para denunciar a Nixon de Mark Felt, director asociado del FBI, cuya identidad se mantuvo en secreto hasta 2005. Felt actuó en forma ilegal, pero sus filtraciones sirvieron contra males mucho mayores.
La investigación del MI sobre eventuales delitos de sus funcionarios es obviamente legal, pero no es tan obvio establecer cuál sería el mal mayor en esta materia.
Hasta mañana.