Hoy es 25 de abril. Faltan 66 días para las elecciones internas y 185 para las nacionales.
El acuerdo formal para el apoyo de Mario Bergara a la precandidatura de Yamandú Orsi plantea ocho “fundamentos” de un eventual gobierno frenteamplista, con algunas prioridades que resultan significativas.
En el punto 1 se propone retomar “la senda de mayor bienestar, crecimiento, mayor igualdad y más derechos” (punto 1). Es una descripción de lo que pasó en los 15 años de gobierno frenteamplista como un avance hacia objetivos de interés general, no asociados con ganadores y perdedores, ni con la perspectiva de cambios futuros más radicales o conflictivos.
A esto se le suma que el punto 4 refiere a la necesidad de un “orden macroeconómico sin confusiones”, y que el 8 jerarquiza la existencia de “reglas claras y transparentes” en las relaciones del gobierno “con todos los grupos sociales”, sin prever especiales afinidades o conflictos con alguno. Todo esto conforma una perspectiva que cabe llamar astorista, no en el sentido sectorial sino en el ideológico.
La idea de que se procurarán políticas de Estado (punto 3) se suele asociar con el seregnismo, pero estuvo presente en la presidencia de José Mujica, con la búsqueda de acuerdos educativos, de seguridad, energéticos y ambientales. Aquí se asume el compromiso de abarcar “las áreas que más afectan y angustian a la sociedad uruguaya”, y se mencionan expresamente, otra vez, cuatro: de nuevo la seguridad y la educación, y junto con ellas “el combate a la fragmentación social y la pobreza”.
No hay, por ejemplo, menciones a lo ambiental (incluido sin alta prioridad en el punto 4), ni a cuestiones de género, ni al desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados, ni a los avances recientes del crimen organizado. Esto refuerza la percepción de que el conjunto de los “fundamentos” tiene más de retomar una senda que de avanzar en direcciones nuevas.
Sí hay énfasis relativamente distintos de lo tradicional en dos terrenos vinculados con las relaciones internacionales. En el punto 5 “se reconoce la necesidad de un Uruguay competitivo y abierto al mundo” y se anuncia una política exterior enmarcada en “el eje central del respeto a los derechos humanos”, sin “varas diferentes según el caso”.
Los dos puntos están formulados de modo sintético y general, pero queda la impresión de que aluden, respectivamente, a la voluntad de lograr una inserción internacional menos constreñida por la pertenencia al Mercosur, y a la de cuestionar con más contundencia que la habitual en el FA a gobiernos que violan principios básicos de la democracia. Habrá que ver en qué medida esto abarca a regímenes que se declaran izquierdistas como los de Venezuela y Nicaragua, a otros cuyo poderío económico suele asordinar las críticas, como los de China o los países árabes, o a cualquiera por igual.
Por último, hay referencias a los valores de “transparencia y acceso democrático a la provisión de bienes y servicios públicos” (punto 6) y al “combate a la corrupción en todos los niveles” (punto 7), que se vinculan obviamente con escándalos del actual gobierno, pero que no condicen con la decisión frenteamplista acerca de la propuesta de reforma constitucional lanzada por el sector colorado Ciudadanos.