Hoy es 25 de julio. Faltan 94 días para las elecciones nacionales.
Según un viejo dicho, “el que se fue sin que lo echen vuelve sin que lo llamen”. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, se desafilió del Partido Nacional (PN) en octubre de 2019, envuelto en un escándalo por condicionar la renovación de una pasantía a servicios sexuales, pero al año siguiente fue postulado con éxito a la reelección en nombre de ese partido, y en 2021 se reincorporó a él como si nada.
Moreira renunció cuando el Honorable Directorio nacionalista estaba considerando si lo expulsaba, y aquella situación se reiteró durante el actual escándalo en Artigas por el pago de falsas horas extras.
La condena judicial a Pablo Caram determinó que no pudiera seguir siendo intendente de Artigas ni postularse, como tenía pensado, a la Cámara de Representantes. Iba a sustituirlo Valentina dos Santos, quien ya había renunciado a su banca de diputada para asumir el gobierno departamental el viernes pasado, pero no pudo hacerlo porque también fue condenada, y el cargo fue asumido por Elita Volpi.
Dos Santos y Caram renunciaron al PN, que ya no puede expulsarlos, aunque sí puede pronunciarse acerca de lo que hicieron cuando eran dirigentes de ese partido, y ya va siendo hora de que lo haga. Ella de todas maneras va a ser candidata a la Intendencia de Artigas el año que viene, cuando ya habrán terminado su condena y la suspensión de la ciudadanía que conlleva. Lo que está por verse es si se le permite, como a Moreira, postularse por el PN.
Las normas vigentes no exigen que para figurar en la lista de un partido haya que estar afiliado a él, pero es obvio que ningún nombre puede incluirse en una lista si el partido que la tiene registrada no lo acepta.
Este bochornoso episodio no ha terminado, porque falta saber cuál fue el destino del dinero que se le hizo pagar mediante engaños a la Intendencia de Artigas, y hay indicios de una trama delictiva mayor. De todos modos, ya hay elementos para señalar que las autoridades nacionalistas decidieron mirar para otro lado cuando comenzó la investigación judicial a raíz de la difusión, en febrero de 2023, de un recibo de sueldo de Stefani Severo, también condenada la semana pasada.
En el mismo mes de febrero del año pasado, Caram se reunió con la Secretaría de Asuntos Políticos del PN y dijo que iba a presentar pruebas de su inocencia que nunca llegaron, según recordó esta semana el senador nacionalista Carlos Camy. El Honorable Directorio tuvo 17 meses para ocuparse del asunto y no lo hizo.
El ahora exintendente pidió, tras ser condenado, que la Comisión de Ética partidaria considerara su caso, y se suponía que esta lo iba a convocar durante la semana en curso, pero ya no lo hará porque Caram se desafilió. En todo caso, la comisión tenía desde hace tiempo motivos para intervenir, aunque cabe acotar que, como el PN nunca ha definido un código de ética, es poco claro con qué criterios se supone que debe actuar el organismo.
Las denuncias contra Caram habían comenzado mucho antes, pero él y Dos Santos han tenido éxitos electorales en Artigas, como Moreira en Colonia, y parece que esto pesa más que cualquier otra consideración. Quizá ambos vuelvan sin que los llamen.
Hasta mañana.