Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Suena mejor “asignación de responsabilidades” que “reparto de cargos”, pero el proceso al que se refieren ambas expresiones es central en la actividad política y también uno de los más deslucidos en ella.
Hay que designar a un alto número de personas, desde los ministerios hasta posiciones menores en organismos poco conocidos. La prioridad obvia siempre es el oficialismo entrante, pero también se nombra a gente sin alineamiento partidario o de la futura oposición, a veces sólo en los organismos donde esto está previsto y a veces en algunos más, por decisiones del gobierno electo que pocas veces han sido rechazadas.
Ya está avanzada la selección de frenteamplistas y comienzan las conversaciones para agregar representantes de otros partidos. Las dos cosas implican siempre forcejeos más o menos discretos, mientras se califica la importancia de los cargos, se calculan las cuotas sectoriales, se plantean aspiraciones, se discute mucho y se trata luego de que el resultado parezca una selección de las personas más indicadas para cada lugar. Todo eso atravesado por debates históricos acerca de los criterios que deberían incidir en las decisiones.
Uno de esos debates se refiere a la tensión entre los méritos específicos para desempeñar tareas y la representatividad política; en términos ideales, las personas elegidas pueden tener ambos atributos, pero es frecuente que predomine uno de los dos y rara vez es el primero, sobre todo cuando se otorgan “premios consuelo” a quienes compitieron sin éxito por cargos electivos. Ejemplos han sobrado.
Otro debate habitual tiene que ver con las tareas de contralor que le corresponden a la oposición. En el sentido más estricto y acotado, se trata de lugares en el Tribunal de Cuentas y, estirando el concepto, también en otros organismos cuyas funciones no son de contralor, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral, pero cuyos integrantes deben ser designados por mayorías especiales parlamentarias, de modo que hay opositores participantes en un acuerdo y este les adjudica representación.
En un sentido mucho más amplio, la oposición puede aspirar a posiciones en cualquier otro organismo a cuyas decisiones le asigne particular importancia, para involucrarse en ellas y controlarlas en cierta medida desde adentro, además de hacerlo mediante su bancada parlamentaria.
Las decisiones al respecto son del oficialismo y varían mucho. En la primera presidencia posterior a la dictadura, Julio María Sanguinetti quiso que el Frente Amplio (FA) tuviera representantes en los bancos República y de Seguros, AFE, Ancap, Antel y Colonización; en la segunda, Luis Alberto Lacalle Herrera no quiso a ningún frenteamplista en la administración descentralizada.
Luis Alberto Lacalle Pou aceptó que el FA ocupara 34 lugares, incluyendo en la cuenta secretarías parlamentarias y organismos binacionales; ahora el oficialismo saliente quiere ocupar 40. Las conversaciones se tendrán que realizar por separado con los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente, porque no existe ningún organismo que los represente colectivamente, cosa que por cierto no es responsabilidad del FA.
Hasta mañana.