Este lunes, la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), que integran el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) y el Sindicato Policial Nacional (SIPOLNA), remitió una “carta abierta” al presidente de la República, Yamandú Orsi, debido a que, en el marco del presupuesto quinquenal, se reasignó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) una partida anual de $20.000.000 destinada como compensación por insalubridad que abarca a personal penitenciario, profesional universitario, técnico y administrativo”, pero no al personal ejecutivo.
Por lo anterior, solicitaron a Orsi una reunión de carácter urgente para analizar la situación; que disponga “la elaboración y publicación de un informe técnico que explicite los criterios utilizados” para excluir ese personal y optaron por “impulsar la revisión inmediata de la medida, extendiendo la compensación a todos los funcionarios que efectivamente desempeñen tareas insalubres en los centros de reclusión”. Según la misiva, la exclusión es “inexplicable”, puesto que “cumplen las mismas tareas, bajo las mismas condiciones y en los mismos centros de reclusión”, lo que configura una situación que “afecta la equidad, la coherencia técnica y la dignidad laboral de funcionarios”.
Como argumentos para justificar su posición, los sindicatos policiales señalan una “ausencia de fundamento técnico y jurídico” —ya que, según plantean, la insalubridad no depende del escalafón, sino de la “naturaleza de la tarea, la exposición al riesgo y las condiciones de trabajo” —. La USIP también se refirió a una vulneración del “principio de igualdad” laboral y al mismo tiempo identificó un “impacto institucional y laboral” representado por un “trato discriminatorio sin fundamento válido” que implica una “fractura en la cohesión entre funcionarios que comparten responsabilidades, riesgos y condiciones operativas”.
En representación del SUPU, Ricardo González dijo a la diaria que la medida abarcaría a unos 1000 o 1500 funcionarios entre operadores y los escalafones mencionados, pero al mismo tiempo excluye a 2500 funcionarios policiales.
Señaló que ese personal “es el que está sosteniendo las cárceles día a día” porque “trabajan en los módulos, en condiciones que no son del todo las más adecuadas”. “Para nosotros el trabajador de cárcel es el trabajador más sacrificado que hay dentro del MI. Por los regímenes horarios que hacen, muchas veces por el tema de los recargos, por las condiciones de insalubridad donde tienen que presentar su función en cárceles que, sobre todo en el área metropolitana, están superpobladas. Hay un combo de cosas que hacen que esa tarea sea bastante complicada”, definió.
“En un régimen de semana por semana, ese funcionario queda una semana en la unidad, haciendo guardias de 12 horas, pero si hay que hacer recargos por faltante de personal —en lo que es cárcel faltan 2000 funcionarios— lo realizan los funcionarios policiales”, explicó.
En sus palabras, “el principio de igualdad es el primero que vulneramos”, así como también avizoró el “impacto institucional y laboral que puede generar esta brecha”, porque “los funcionarios trabajan en el mismo lugar, muchos de ellos hacen la misma tarea; la única diferencia más grande es que el personal ejecutivo hace una carga de horario mayor”. “No le quitamos el mérito a que los compañeros operadores la reciban, pero entendemos que no tiene que haber excluidos en esta partida. Así como la tienen que recibir ellos, el personal ejecutivo debe percibirlo”, remató.
“Cabe señalar que el Ministerio del Interior no constituye un interlocutor válido en este punto concreto, dado que en la última reunión mantenida con sus autoridades se nos informó que la decisión de limitar la partida fue exclusiva del Poder Legislativo, sin consulta ni participación del Poder Ejecutivo”, consignó el sindicato en la misiva. “Nuestro objetivo no es disputar beneficios, sino velar por que la asignación de recursos públicos respete principios de justicia técnica, equidad e integridad administrativa”, remató.
Sobre lo anterior, el integrante de SUPU dijo que están abocados a “golpear todas las puertas que se tengan que golpear”. Según explicó, el tema primero se planteó en su mesa del Consejo de Salarios, un nuevo espacio histórico para los funcionarios policiales, ya que “la Policía no tenía negociación propia” y “es la primera vez que se instaura”, y “entorpeció toda la negociación que se venía dando”: “Al aparecer una partida que no estaba en los planes, quedó abierta la mesa. Seguramente en los próximos días nos van a dar un borrador de lo que venimos conversando, a ver si hay un preacuerdo, pero el problema acá es que esta partida tira todo lo demás para atrás”, definió.
Listó que otras preocupaciones en ese ámbito son “el tema sueldos, viviendas, la salud mental y formar una comisión para trabajar en este tema, al igual que formar una comisión para los policías eventuales, que es el gran debe que tiene el MI, sobre todo en Montevideo”. Además de entregar la nota a Orsi, este lunes se realizó una conferencia de prensa sobre el tema en el local del PIT-CNT y acordaron “una reunión con los compañeros de la Unión de Sindicatos Policiales para ver los pasos a seguir”.