Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Durante la campaña electoral, hubo una amplia coincidencia desde todos los partidos sobre la prioridad del problema de la pobreza infantil. Los motivos son obvios; la cuestión es cómo se pasará de esa intención declarada a políticas eficaces, en un contexto de recursos escasos que acota las decisiones.
El martes, el presidente Yamandú Orsi conversó sobre este tema con representantes de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS). Fue sin duda un hecho significativo, y en la reunión participaron también la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, impulsora en el período pasado, desde la Cámara de Representantes, de una ley aprobada para coordinar y potenciar políticas de distintos organismos.
La delegación del PIAS propuso, entre otras cosas, declarar una emergencia nacional ante las situaciones de pobreza, desigualdad y violencia que afectan a la niñez y la adolescencia; reglamentar y potenciar las orientaciones de la ley antedicha; e incluir la temática de la infancia en el diálogo social sobre protección y seguridad social (esto último ya había sido resuelto por el Poder Ejecutivo).
Es indudable que estamos ante una situación que requiere medidas de emergencia. Algunas de ellas son las establecidas en la ley que Lustemberg, con admirable tenacidad y gran capacidad de diálogo, logró que se aprobara. Esa norma no destina recursos nuevos al área, sino que apunta a optimizar el uso de los ya existentes. No es poco, pero en organismos como el INAU es evidente que hay graves problemas insolubles sin fortalecer la dotación de personal y de dinero.
El diálogo social busca extender y potenciar la protección social en su sentido amplio, que por supuesto incluye las políticas específicas para la infancia y otras que tienen efectos indirectos beneficiosos para la población infantil. Entre ellas, por ejemplo, las del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es otra de las prioridades marcadas por el Ejecutivo, y también las referidas a la población trabajadora.
La pobreza infantil es pobreza de hogares con niñas y niños. En la emergencia, es necesario auxiliar a las personas adultas de esos hogares. Se trata con mucha frecuencia de mujeres que están al margen de la protección social para el trabajo formal, y en el mediano y largo plazo el objetivo es lograr que accedan a empleos de calidad. Esto requiere, a su vez, políticas de género democratizadoras, en el marco de un crecimiento de la economía con creación de nuevos puestos de trabajo. Para ello hacen falta, entre otras cosas, políticas que orienten y fomenten el aumento de la inversión, pública y privada.
La hoja de ruta no se va a recorrer rápido. Ahora estamos en una emergencia, y si la asignación de recursos está condicionada a que el país prospere, la pobreza infantil, que es resultado de la desigualdad creciente entre personas adultas, no se va a resolver, y quizá ni siquiera sea posible atenuarla en forma significativa. Además de dolerse por la infancia pobre, hay que hablar de cambios en el aporte y la distribución del dinero.
Hasta mañana.