La ciencia puede definirse, verse, vivirse y entenderse de distintas maneras. Sin embargo, casi todas las visiones que puedan tenerse apuntan a la generación de conocimiento como su objetivo principal. Ese conocimiento, a su vez, debe generarse siguiendo determinados criterios –que exceden a la simple aplicación del método científico– y debe ser puesto al escrutinio del resto de la comunidad científica. La forma más importante en la que los científicos dan a conocer el conocimiento que han generado es mediante la publicación de lo que se llama un paper, un artículo científico que ha sido revisado por otros investigadores que entienden del tema. Debido a esta revisión es que las revistas académicas que publican los papers se llaman revistas arbitradas, que hasta hace unas décadas eran publicaciones impresas y que hoy pueden ser también digitales.
Las publicaciones científicas
Las revistas académicas arbitradas cuentan con editores, diagramadores y otro personal que se encarga de cada una de sus ediciones impresas y digitales. Entre otras cosas, esa labor incluye la de coordinar con los árbitros de cada artículo, que en su mayoría trabajan de forma honoraria, y seguir el proceso de revisión con el autor para asegurarse de que el artículo que salga publicado cumpla con los estándares y, al mismo tiempo, contenga conocimiento nuevo y relevante. Las revistas académicas, al menos desde su creación y hasta años recientes, costeaban la tareas antes mencionadas cobrando a quienes quisieran leer sus artículos, ya sea mediante la suscripción a la revistas impresa o digital, o mediante el cobro por leer o bajar un artículo en concreto. Sin embargo, este cobro por la tarea realizada fue, en muchos casos, también una fuente de ingresos que superaba ampliamente los costos generados. Muchas revistas académicas arbitradas, además de ser prestigiosas publicaciones que contenían artículos sobre la frontera del conocimiento, se convirtieron también en un negocio suculento. Por ejemplo, la editorial Elsevier publica alrededor de 2.500 revistas académicas, tiene unos 16 millones de artículos en sus repositorios y, según datos de 2018, tiene una ganancia de 37% de su facturación.
Por otro lado, los investigadores están casi que obligados a publicar en revistas científicas arbitradas si quieren mantener su posición dentro de la academia: en las evaluaciones anuales a las que son sometidos para sus cargos, científicas y científicos suman gran parte de su puntaje al publicar en ellas. Es más: cuanto más importante sea la revista, más puntaje generan (a este efecto hay índices de impacto de las publicaciones). La presión de tener que publicar para sobrevivir, además de interferir con el trabajo de quienes investigan, ha llevado también a que los artículos no siempre sean tan buenos como podrían ser, al tiempo que es funcional al negocio de algunas editoriales. Al mismo tiempo, cada vez que inician un proyecto de investigación, nuestros científicos necesitan tener a su alcance todo lo que la ciencia ha ido aportando sobre el tema en cuestión, de manera que para investigar –y publicar luego– es necesario leer gran cantidad de artículos ya publicados. La ciencia es una construcción colectiva en la que los aportes de cada uno se hacen a partir de lo que otros ya han investigado, razón por la que, parafraseando a Newton, se dice que la ciencia es una actividad en la que los científicos de hoy se paran en los hombros de los gigantes que los precedieron.
Dado que para producir conocimiento científico, que se traducirá en artículos en revistas arbitradas, necesariamente hay que consumir conocimiento científico, que como se encuentra en artículos de revistas arbitradas que cobran por su acceso, para hacer ciencia hay que pagar (además de los costos de la investigación en sí). En varias partes del mundo eso se ha resuelto con convenios entre las universidades en las que se investiga y las editoriales: en general las universidades pagan grandes cifras para que sus investigadores accedan a la última literatura científica (y por razones que exceden el alcance de esta nota, superan con creces cada centavo que gastan en ello). En nuestro país la solución encontrada fue otra: desde 2009 el Portal Timbó, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), permite el acceso a cualquier persona que se encuentre en nuestro país a gran cantidad de revistas arbitradas. Para ello la ANII negoció con las editoriales un trato favorable y firmó un convenio similar al que tienen las universidades de otras partes del mundo, pero con la gran diferencia de que no se beneficia a un grupo cerrado de personas, sino a cualquiera que navegue en Uruguay.
Cambios en el horizonte
El sistema de publicaciones científicas arbitradas comenzó a ser cuestionado en las últimas décadas. Recientemente, la aparición del modelo de artículos open access, es decir de acceso abierto, significaron cambios en el esquema: por un lado se sostiene que la información debe circular libremente entre todos, especialmente cuando gran parte de esa información es generada por fondos públicos –aquí y en casi todas partes, la mayor parte de la investigación científica se hace con dinero de los estados y de instituciones académicas–. Pero dado que la tarea de edición, arbitraje, corrección, impresión, diseño, subida y mantenimiento de servidores tiene un costo, el modelo de acceso abierto propuso un cambio: todos pueden leer gratuitamente, pero el que paga es quien publica al artículo, es decir, los científicos y científicas o, con suerte, la institución donde investigan. Este cambio no soluciona el tema del negocio de las editoriales científicas –a las que, como a algunos estudios contables de nuestro país, no les interesa de dónde viene el dinero– y crea nuevos problemas, por ejemplo lo peligroso de que una revista acepte un artículo a pesar de que contenga errores, ya que ahora el cliente es el que escribe y no el que lee y exige calidad. Por más sobre estos temas, recomendamos las columnas publicadas en este diario de Daniel Prieto, Juan Pablo Tosar y Rodolfo Ungerfeld.
“El Portal Timbó le cuesta al país alrededor de 2.200.000 de dólares al año. No es para nada barato; dentro del presupuesto de la agencia es el segundo rubro más oneroso”, dice Omar Barreneche, secretario ejecutivo de la ANII. “Hasta donde sé no existe otro país que tenga algo como Timbó, aunque no lo descarto. Tal vez se dio porque somos un país pequeño y porque de alguna manera las editoriales están preocupadas por el tema del open acces y probablemente lo consideraron una alternativa a evaluar. Dado nuestro tamaño, no era un riesgo demasiado grande”, aventura Barreneche, que dice además que cada artículo leído le está costando a nuestro país unos cuatro dólares. También comenta que dado “el peso relativo que tiene la producción uruguaya y la consulta de los artículos de los investigadores uruguayos, indudablemente nosotros no vamos a poder fijar políticas a nivel global; vamos a tener que adherirnos a una política global que nos parezca interesante”. En ese sentido, de aprobarse el Plan S, propuesto para Europa para que en 2020 todas las investigaciones financiadas por fondos públicos se publiquen en revistas de acceso abierto, adelanta que la agencia aún no tiene una posición tomada sobre cómo afrentar la situación, y agrega: “Ya está ocurriendo que hay investigadores que publican en open access pero que quieren hacerlo en determinadas publicaciones que son prestigiosas o requeridas porque garantizan la calidad de lo que se publica. Eso significa que el autor tiene que pagar para publicar. Entonces puede ocurrir que a medida que el Plan S empiece a ganar tracción, tengamos que empezar a trasponer fondos, y en lugar de comprar revistas para leer tengamos que comprar acceso para que los autores puedan publicar. Todavía es muy temprano para sacar conclusiones de hacia dónde va esto. Lo importante es encontrar un modelo de negocio que permita la circulación de la información científica, que tiene sus costos, y que también permita que todos los que tengan la necesidad, por interés o vocación, puedan acceder a ella”.
Nada es simple
“El tema es más complejo que decir que las editoriales son malas, los científicos somos buenos y el planeta debe tener toda la información circulando de forma libre. Esto último es muy loable y es hacia donde hay que tender, pero hay un proceso que se debe mantener para que las publicaciones que salgan sean buenas y combatir el negocio paralelo de las revistas depredadoras”, reflexiona Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu) y reconocido investigador de nuestro país que ha sido árbitro de artículos, es hoy editor de dos revistas internacionales, editor invitado de la revista PNAS –de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos–, e incluso fue presidente de una sociedad científica que editaba una revista oficial. Para Radi es importante que a pesar del cambio de modelo siga habiendo “recursos humanos y tecnología de calidad para que el proceso siga siendo solvente”, porque “al final del día siempre hay una ecuación numérica de dinero al que hay que llegar” para costear el trabajo serio que implica una publicación científica.
Radi también señala que hay múltiples actores: “Los investigadores por un lado, las editoriales por otro y las sociedades científicas. Después tenés las propias instituciones de investigación y los organismos financiadores, que hay que ver cuánto están dispuestos a pagar por los open access. Luego está la sociedad en general, que obviamente merece tener un acceso a la información”. Esto genera varias complejidades, y como académico plantea una que no es menor: “Las sociedades científicas muchas veces reciben regalías de los ingresos que las editoriales tienen por revistas que son las de esas sociedades”. Radi cuenta que en 2007 y 2008 presidió una sociedad científica panamericana y que la mayor parte de los ingresos provenía de un acuerdo con Elsevier por un porcentaje de la suscripciones. Para quienes no están en el tema, las sociedades científicas promueven encuentros, instancias de formación, intercambios entre investigadores y generan redes de colaboración cada vez más necesarias para aportar al conocimiento.
“Lo que propone la iniciativa europea es un cambio de modelo que se basa en una buena idea, que es que la información generada a nivel científico sea de acceso universal una vez publicada. Como concepto está bueno, el asunto es cómo se instrumenta eso en el marco de una serie de actores que a veces tienen intereses contrapuestos y con una ecuación económica que en algún lugar tiene que cerrar”, plantea. “Es un asunto complejo, tampoco es que la Universidad de la República pueda salir hoy a obligar a todos los investigadores a publicar en open access”, señala, y agrega que en su disciplina –la medicina–, para publicar un artículo en acceso abierto hay que pagar unos 2.000 dólares. “Los investigadores no tienen la plata. ¿Quién la va a poner? ¿La universidad? ¿La ANII?”, inquiere. “Capaz que los costos se reparten: las editoriales pueden disminuir sus ganancias, las universidades y las agencias poner un poco más de dinero para pagar publicaciones y las sociedades científicas recibir menos dinero”.
Un encuentro imperdible
Con este telón de fondo, la Udelar, “cumpliendo su mandato de propender a la comprensión pública de problemas de interés general”, organizó el encuentro “Miradas sobre el acceso a la literatura científica”, con el objetivo de “poner a disposición de la comunidad enfoques plurales sobre el tema”. Los cuatro disertantes presentaron tres ponencias:
Justin Mytton trabaja desde Río de Janeiro para el grupo editorial Elsevier. Mytton se encarga “del 95% de las cuentas académicas de Brasil” y de la totalidad de las cuentas de Bolivia y Paraguay, abarcando además de las académicas, las corporativas y gubernamentales. Dará su visión desde dentro de una de las editoriales académicas más grandes del planeta, responsable de publicaciones como The Lacnet, Cell, Science Direct y la base Scopus.
Guillermo Banzato y Cecilia Rozenblu, de Conocimiento Abierto en América Latina y el Sur Global (Amelica), una “infraestructura de comunicación para la publicación académica y la ciencia abierta” que se sostiene de forma cooperativa y que busca la publicación de revistas académicas sin fines de lucro.
Vía tecnología de las comunicaciones y desde Rusia, la neurocientífica Alexandra Elbakyan, que creó en 2011 Sci-Hub, una web que permite acceder a cerca de 60 millones de artículos científicos, la mayoría de ellos no abiertos, sin tener que pagar. Para las editoriales científicas Sci-Hub incurre dentro de la piratería y la violación a los derechos de autor –en 2015 Elsevier elevó una demanda en Nueva York contra el sitio–, pero en los hechos miles de científicos recurren a la página para acceder a investigaciones, y en 2016 Nature distinguió a Elbakyan como una de las científicas más destacadas del año por la labor que lleva adelante permitiendo el acceso a trabajos académicos.