“Dime a qué le pones impuestos y te diré quién eres” sería una linda máxima para aplicar a personas que ejercen la titularidad de los ministerios de Economía, agencias tributarias, gobernantes en general y, por qué no, a países. Más allá de matices y diferencias, en todas partes algunos productos considerados de primera necesidad o que forman parte de una canasta básica están o bien exonerados del pago de algunos impuestos o presentan una tasa más baja que el impuesto general. En varios lugares de este planeta eso sucede con los productos de higiene menstrual, que incluyen toallitas, tampones, copas menstruales y demás. Tristemente Uruguay, por ahora, no es uno de ellos.
Y no sólo eso: estamos en el peor lugar al respecto en todo del continente americano. Eso se desprende del trabajo titulado algo así como Gravando los cuerpos de las mujeres: estado de los impuestos a los productos menstruales en las Américas, publicado recientemente por la investigadora mexicana Alhelí Calderón-Villarreal, del Departamento de Medicina Familiar y Preventiva de la Universidad Estatal de San Diego, Estados Unidos. En el trabajo, publicado en la sección “puntos de vista” de la revista The Lancet Regional Health - Americas, la investigadora revisó “exhaustivamente el estado de los impuestos a los productos menstruales para todos los países y territorios poblados de las Américas en 2022”, reportando datos de “57 países y territorios” y de “78 estados” de Estados Unidos y Brasil.
Como bien dice Alhelí en la publicación, “el gravado de los productos menstruales ha sido identificado como injusto, ya que impone una carga económica a las personas que menstrúan”, siendo estos impuestos descritos “como los principales contribuyentes a la pobreza menstrual”, el asunto es que más allá del activismo político y las discusiones dadas por algunos gobiernos, “la literatura académica ha descuidado en gran medida el tema”. Su trabajo viene a hacer un aporte claro para saber dónde estamos parados en ese sentido. Así que vayamos a su interesante y esclarecedor artículo.
Planteando el problema
Contextualizando el tema, la autora señala que cerca de la mitad de la población mundial necesita productos menstruales “durante las tres o cuatro décadas más económicamente más importantes de sus vidas”. Por otra parte, citando fuentes y trabajos previos, Alhelí señala que “se ha demostrado que el acceso limitado a productos y servicios de salud menstrual afecta la dignidad, el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la participación en actividades públicas de niñas, mujeres y otras personas que menstrúan”. Los impuestos, entonces, además de ser señalados como “sexistas”, contribuyen “en gran medida a las privaciones en el acceso a los productos menstruales por razones económicas, un elemento clave de la pobreza menstrual”, reflejando “ la subordinación sistemática de género y la segregación de las necesidades de las mujeres”.
El trabajo entonces señala que “grupos de la sociedad civil han presentado cada vez más estos impuestos como un ejemplo de discriminación estructural contra las mujeres, las niñas y otras personas que menstrúan” y afirma que “la eliminación de los impuestos sobre los productos menstruales es una estrategia importante para promover la equidad de género, el empoderamiento femenino, los derechos humanos y la justicia menstrual”.
Con todo eso apuntado, Alhelí hace un pequeño desvío antes de pasar al trabajo que realizó viendo qué sucede con estos impuestos en todo el continente y, a su vez, en los distintos estados de Brasil y EEUU, países que juntos reúnen “a más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva” del continente, ya que en Brasil rondan los 75 millones y en el país del norte unos 60 millones. Antes de comunicar sus resultados, reseña cómo diversos movimientos en distintos países, han ido logrando avances en la última década. Veamos un poco eso.
#MenstruacionLibreDeImpuestos
“Impulsada por esfuerzos coordinados de activistas, colectivos feministas y formuladores de políticas, desde 2012, en todo el continente americano, se puede observar una clara tendencia regional, con una creciente defensa de la eliminación de los impuestos a los productos menstruales”, sostiene la autora. De esta manera, nueve países “y un territorio” en la última década eliminaron tal carga a las personas mensturantes: Jamaica, Canadá, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Guyana, Colombia, Puerto Rico, México, Ecuador y Barbados.
El pionero fue Jamaica, eliminando los impuestos a los productos menstruales, tanto a las toallas higiénicas como a los tampones, en 2012. Le siguió Canadá en 2015 tras la exitosa campaña #NoTaxOnTampon, algo así como #TamponesSinImpuestos. Este tipo de movimientos se dieron en buena parte de los nueve países donde se logró que estos productos no estuvieran cargados de IVA y otros gravámenes. En Puerto Rico estuvo Menstruación sin IVU (el IVA de allí), algo que se alcanzó en 2018, en Colombia #MenstruacionLibreDeImpuestos estuvo detrás de la exoneración total alcanzada también en 2018 para varios productos y en 2020 también para las copas menstruales, las toallas diarias y ropa interior para la menstruación. En México el movimiento #MenstruaciónDignaMéxico luchó hasta obtener, en 2020, la exoneración total para estos productos.
Y entonces Alhelí nos lleva a su trabajo diciendo que, “a pesar de este progreso, en la región de las Américas los impuestos a los productos menstruales siguieron siendo muy prevalentes en 2022”, estando presentes “en más de la mitad de los países y territorios de la región”.
Uruguay en el triste primer lugar de gravamen a los productos menstruales
“Considerando únicamente localidades con tasas impositivas distintas de cero, la tasa promedio fue del 11,2%, y los valores oscilaron entre el 1,0% en Costa Rica y el 22,0% en Uruguay”, sostiene el artículo. Lo primero que se destaca con esa breve sentencia es que estamos en el extremo menos favorable del continuo impositivo. Más adelante, el caso de Uruguay quedará más claro aún. Ahora volvamos a los promedios: “Tomando en cuenta la población de cada país y territorio, la mujer promedio en edad reproductiva en las Américas experimentó una tasa impositiva sobre los productos menstruales de 5,8% en 2022”, sostiene el artículo. Claro que las cosas no son parejas en las tres Américas.
En América Central los impuestos van desde el ya mencionado 1% de Costa Rica al 15% que tributan en Honduras y Nicaragua, siendo entonces la tasa impositiva para la mujer promedio en edad reproductiva de 10,8%. En América del Sur las cosas van peor: “Nueve de 12 países y territorios (64,3%) tenían impuestos sobre los productos menstruales”, señala el trabajo, siendo esos países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. “Las tasas impositivas en esta subregión oscilaron entre 10,0% en Paraguay y Surinam y 22,0% en Uruguay”, siendo la tasa promedio 15,1%. Y entonces sí, llega el pasaje donde se habla específicamente de nosotros.
“Uruguay y Argentina son los países con las tasas impositivas más altas sobre los productos menstruales en las Américas (22% y 21%, respectivamente)”, sostiene con claridad el trabajo, que para el caso argentino tiene un atenuante. “En los últimos años, grupos de la sociedad civil en Argentina han estado abogando activamente por la modificación de las políticas relacionadas con los impuestos actuales sobre los productos menstruales y la dignidad menstrual en general”, reporta el artículo. “En 2019, la campaña para visibilizar las desigualdades de género y la menstruación #MenstruAcción fue declarada de interés nacional por el Senado y en 2022 estaban en trámite en Argentina 16 proyectos de ley a nivel nacional, provincial y local, aunque ninguno había sido aprobado aún en el momento de esta revisión”, sostiene Alhelí. Esto no implica que aquí en Uruguay no haya habido iniciativas al respecto. Pero, claro, sus resultados se vieron después de que el artículo se cerrara.
En octubre de 2023 informábamos que la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto que solicitaba al Poder Ejecutivo la exoneración de impuestos a los artículos de higiene menstrual. El proyecto en cuestión fue presentado en agosto de ese año por la diputada colorada María Eugenia Roselló, quien afirmó que en nuestro país tales productos “no están considerados como productos de primera necesidad, sino en el rubro perfumería”, y que Uruguay tenía que abordar este tema “como una necesidad urgente”. La iniciativa de Roselló no fue la única: en junio de 2023 el Frente Amplio había presentado otro proyecto para crear una “canasta de higiene menstrual” dirigida a mujeres con pocos recursos económicos. Aún así, el 22% de IVA sigue pesando en Uruguay sobre todos los artículos de higiene menstrual, dejándonos una vez más en esos primeros puestos en los que nadie quiere estar, como el de país con mayor tasa de suicidios, mayor consumo de alcohol en jóvenes y demás.
Si sirve de consuelo, no somos el único país que tiene cosas para hacer al respecto. De eso habla luego Alhelí.
Esfuerzos a futuro
“A pesar de los avances, la mayor parte de las regiones de las Américas continúan aplicando impuestos discriminatorios contra las personas que menstrúan”, señala enfáticamente el trabajo, afirmando que en ellas hay “una población de aproximadamente 260 millones de mujeres en edad reproductiva en 2022”. “La mayoría de los países continúan gravando los productos menstruales, a pesar del creciente reconocimiento de este problema social”, prosigue, con países en los que se los grava con las tasas máximas nacionales y en donde se los considera “productos de lujo”, como bien apuntaba la diputada Roselló.
Alhelí considera oportuno recordar que “las Américas tienen uno de los niveles más altos de desigualdad social a nivel mundial, incluidas grandes brechas económicas entre hombres y mujeres”. Entonces reseña que “en América Latina y el Caribe las mujeres ganan menos de 90 centavos por cada dólar que ganan los hombres, mientas que en Estados Unidos perciben 82 centavos y en Canadá 77.
“El manejo de la menstruación impacta la salud y el bienestar de las mujeres y las personas que menstrúan; sin embargo, la legislación sobre productos menstruales ha sido moldeada histórica y políticamente por los hombres”, continúa Alhelí, apuntando que América “está lejos de lograr la paridad de género en sus parlamentos”. Al respecto, reporta que sólo cinco países están cerca de ella: Cuba, con 53% de los parlamentarios mujeres, México con 48%, y Bolivia y Costa Rica con 46%. “Los restantes países tienen un rango de mujeres en la política que va desde 2,5% en Haití a 45% en Argentina” agrega. Y entonces dice que “la participación de las mujeres en la toma de decisiones es clave en el proceso de proponer, adoptar y fomentar políticas de justicia de género, particularmente en los puestos legislativos”.
“A lo largo de las Américas, innumerables sociedades civiles y gobiernos han estado promoviendo diferentes estrategias para lograr la equidad de género y el empoderamiento femenino. La eliminación de impuestos a los productos menstruales es una de estas estrategias enfocadas a la ‘dignidad menstrual’”, dice entonces Alhelí.
Desde aquí uno desea que cuando Alhelí realice una actualización del estado de los impuestos a los productos menstruales, Uruguay haya prestado atención al proyecto elevado por la Cámara de Diputados este 2023 y ya no esté en el peor lugar del continente. Si así fuera, Alhelí tiene un último consejo: no siempre estas reducciones impositivas se trasladan a los precios, por lo que sostiene que “la eliminación de estos impuestos debe ir acompañada de vigilancia de precios, acceso a educación menstrual, atención médica, agua, saneamiento e higiene, y campañas para reducir el estigma, asegurando la inclusión de personas no binarias y transgénero”.
Artículo: “Taxing women’s bodies: the state of menstrual product taxes in the Americas”
Publicación: The Lancet Regional Health - Americas (enero de 2024)
Autora: Alhelí Calderón-Villarreal.