“Al inicio de este período de Gobierno, fui convocado para estar al frente de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura (Dicyt-MEC)”, comienza diciendo el investigador de la Facultad de Ciencias, astrónomo y primer presidente de Investiga uy, la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay, formada en 2020 tras los recortes anunciados a la ciencia por el gobierno anterior, en un texto que acompaña a un posteo de la red X en el que sostiene que siente “el deber ético y político de hacer conocer” su opinión “sobre el proceso de reordenamiento de la CTI” (ciencia, tecnología e innovación).
Ayer se disolvió la DICYT-MEC y finalizó mi cargo de Director. Parte de las funciones que desarrollaba la DICYT pasarán a la órbita de Presidencia.
— Gonzalo Tancredi (@GonzaloTancredi) January 1, 2026
Siento el deber ético y político de hacer conocer mi opinión sobre el proceso de reordenamiento de la CTI. https://t.co/Xk8kRqShcU pic.twitter.com/B75lcOAxZn
Como señala en la misiva, su cargo de director de la Dicyt finalizó el pasado 31 de diciembre, ya que en la “Ley Presupuestal se resolvió la supresión” de dicha dirección “y la creación de la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento en la órbita de Presidencia”, pasando “gran parte de los cometidos a la nueva institucionalidad”.
“Los que me conocen saben que no callo mis opiniones. Digo y milito por lo que pienso”, sostiene Tancredi, que agrega como ejemplo de esa postura que “si no, seguiríamos teniendo nueve planetas en el Sistema Solar, y no ocho como a partir de 2006”, en clara alusión a haber sido, junto con el también astrónomo uruguayo Julio Fernández, quienes propusieron y dieron batalla por excluir a Plutón del grupo de cuerpo celestes a los que llamamos planetas. En aquella ocasión desataron la ira (científica, pero ira al fin) de parte de la comunidad astronómica norteamericana, porque Plutón era el único planeta descrito desde un observatorio ubicado en suelo de Estados Unidos. Trayendo al presente aquella disputa, dice que el motivo de la carta abierta es hacer pública su opinión.
Tras defender lo realizado en los nueve meses en lo que estuvo al frente de la Dicyt, en los que logró “dar gran visibilidad al organismo”, realizar “contribuciones relevantes al proceso de reorganización de la ciencia, tecnología e innovación”, e incluso incluir un link a un informe sobre lo realizado en ese período, Tancredi pasa entonces a referirse “a la situación que se genera a partir de la aprobación de la Ley Presupuestal”, es decir, “la nueva gobernanza que se está creando”.
Pasos dados sin los acuerdos necesarios
“La Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) tomó importante relevancia en el período presente, colocando a las políticas de investigación e innovación en un ámbito central del Gobierno”, lo que, según reconoce Tancredi, se trata de “un paso muy favorable”. A la hora de los peros, señala que, pese a esta relevancia, “el tratamiento de los artículos de CTI no ha logrado los amplios acuerdos que hubiéramos esperado en este tema; tanto por parte de la oposición, como de sectores del partido de Gobierno y de amplios sectores académicos”.
Para reflejar esta falta de acuerdos, señala que en la Cámara de Diputados “los artículos de CTI fueron aprobados con tan solo 55 votos en 99 (y con comentarios muy críticos aun de los diputados de la oposición que dieron su voto)”, que “ha habido fuertes declaraciones contrarias de varios referentes académicos como Udelar e Investiga uy, así como manifestaciones de muchos investigadores”; de algunas de ellas dimos cuenta en una nota previa que salió en la anuaria.
De este modo, Tancredi dice que “se perdió la oportunidad de hacer de la política de CTI una política de amplio acuerdo nacional, una política de Estado de largo aliento”.
Una criatura con dos cabezas
Al describir la institucionalidad creada, resume que el presupuesto “formaliza el Programa Uruguay Innova y crea una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento”, lo que genera “una estructura bicéfala, que separa la innovación de la investigación y que en la práctica deja subsumida la investigación a visiones productivistas, acotando su contribución a la mejora de la competitividad”.
También señala que “al ser un programa, Uruguay Innova no tendrá continuidad y es muy posible que se borre de un plumazo próximamente”, mientras que “la Secretaría de Ciencia se crea debilitada, sin demasiada institucionalidad, repitiendo el error de la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del anterior gobierno del FA”. Tancredi se exime de “ahondar en las razones que llevaron a esta formulación, pensada en función de las personas y no de las instituciones”, pero sí remarca que “el producto es una institucionalidad débil, con muy poco acuerdo político y social”. Acto seguido, analiza los “problemas del nuevo diseño”.
Una mirada cortoplacista
“No estamos creando una institucionalidad que perdure más allá de un período de gobierno”, señala con toda lógica. De hecho, al asumir el gobierno de Luis Lacalle Pou ya había una Secretaría de Ciencia que fue borrada de un plumazo. “Gran parte de la comunidad académica era partidaria de la creación de un Ministerio de Investigación e Innovación, tal como lo propusimos desde la asociación Investiga uy”, confiesa Tancredi, aunque reconoce que sabían “que era una propuesta que no había logrado los consensos del sistema político” y que no estaba “en el programa de Gobierno”.
“En lo personal, me pareció que, como una solución transitoria, se podría crear una Secretaría de Investigación e Innovación, que le diera articulación y conducción a todo el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”, dice entonces Tancredi, llamando la atención en el nombre que proponía. “En cambio, se crean dos estructuras con una jerarquía indefinida, en consonancia con modelos de gobernanza que planteaban sectores del anterior gobierno”, sostiene.
Los desafíos futuros
“El nivel de desacuerdo generado con esta institucionalidad quedó de manifiesto en el artículo 73 de la Ley Presupuestal, incorporado a último momento en la Cámara de Senadores”, sostiene Tancredi, y menciona que en ese artículo “se encomienda” al Poder Ejecutivo y al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) “la elaboración en conjunto de un proyecto de ley integral sobre el diseño institucional del Sistema de CTI, en un plazo de 120 días, prorrogable por 60 días más”.
“Este cambio abre la puerta para repensar un diseño institucional que logre articular y conducir a todo el sistema de investigación e innovación, y que perdure más allá de un período de gobierno”, enfatiza Tancredi. “Se debe lograr un equilibrio entre la promoción de la innovación y de la investigación. Debemos integrar estos ámbitos, creando una institucionalidad única con iniciativa propia y capacidad de conducción, con agenda, con reconocimiento y respaldo de quienes hacen la investigación y la innovación en el país: las y los investigadores, sus instituciones y las empresas”.
También afirma que se debe “lograr que los temas de investigación e innovación sean una política de amplio acuerdo nacional”, para “lograr un amplio respaldo político y académico, que trascienda a los partidos de gobierno y oposición, y a la diversidad de actores académicos y empresariales”.
Al finalizar su carta, Tancredi señala que “no podemos seguir armando diseños institucionales que no logren vastos consensos”. Dado que “las políticas de promoción de la investigación e innovación son centrales para el desarrollo del país”, en “su diseño y ejecución debe promoverse y respetarse la participación de todos los actores relevantes del sistema”. Por lo tanto, sostiene, “hay una importante tarea por delante”, en la que se compromete a seguir trabajando.