El 2025 y la política de ciencia: gracias al Senado, en 2026 habrá más diálogo y discusión sobre su ordenamiento institucional

La práctica está extendida: los nuevos gobiernos suelen incluir en sus proyectos de Ley de Presupuesto algunas cuestiones que exceden a lo presupuestal y que podrían tratarse tanto con otros tiempos como con mayor discusión entre los distintos actores. Algo de eso sucedió con el ordenamiento del sistema científico. El Poder Ejecutivo incluyó en la propuesta de presupuesto que envió al Legislativo cómo debían organizarse diferentes aspectos del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI), creando programas, secretarías y eliminando otras dependencias, así como reasignando funciones, potestades y competencias a los actores existentes y a los recientemente creados.

Es claro que, por ejemplo, la creación del programa Uruguay Innova o de la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento requiere que se explicite qué recursos se les destinarán (algo que está perfecto que conste en el presupuesto, más aún con la penosa experiencia de la pasada Secretaría de Ciencia y Tecnología creada en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y que recién comenzó a funcionar en 2018 y prácticamente sin recursos). También es claro que proponer que deje de existir la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, así como la virtual eliminación de ese Ministerio de cualquier cuestión relacionada con la política de ciencia que constaba en el proyecto de Ley de Presupuesto, o apreciaciones de para qué sirve la ciencia, cuál es la que se piensa impulsar y con qué fines, son temas que podrían tratarse fuera de la discusión de los recursos que se asignan y que, evidentemente, se enriquecerían mediante el diálogo con los distintos actores del sistema científico, tecnológico y de innovación.

Gran parte del rediseño del sistema científico que aparecía en el la Ley de Presupuesto implicaba que la conducción, dirección y lineamientos de ciencia y tecnología pasarían por el Poder Ejecutivo, más en concreto por Presidencia. Por ejemplo, allí se dispone que “el programa Uruguay Innova estará dirigido por un Consejo Estratégico Ministerial”, que a su vez estará integrado “de forma permanente por el secretario de Presidencia de la República, que lo presidirá; los ministros de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”. El Ministerio de Educación y Cultura quedaba por fuera de este organismo, también el de Salud Pública y el de Desarrollo Social. Asimismo se creaba en Presidencia la mencionada Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, a la que se destinan los fondos de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, que se suprime, especificando que “todos los cometidos y atribuciones que las leyes y decretos asignan en materia de ciencia, tecnología e innovación al Ministerio de Educación y Cultura serán, en adelante, competencia de la Secretaría” de Presidencia. El 29 de diciembre trascendió que quien estará a cargo de la secretaría será el investigador David González.

La forma en que se procesó el rediseño del sistema científico y tecnológico generó cierto malestar y rispidez en la comunidad científica y académica. En páginas de la diaria, Gregory Randall, docente e investigador de larga trayectoria en la Facultad de Ingeniería y exprorrector de Investigación de la Universidad de la República, puso en blanco sobre negro algunas objeciones y preocupaciones que circulaban en la comunidad. Por ejemplo, sostenía que la creación de la Secretaría de Ciencia en la órbita de Presidencia “la exime del contralor parlamentario”, cuando “la política nacional en CTI debería ser una política de Estado y como tal requiere una participación comprometida también del Parlamento, que representa la posibilidad de darle a este asunto una estabilidad de largo plazo”).

Randall también denunciaba que las modificaciones al Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (Conicyt), que pasaba de tener 21 integrantes que representaban a distintas instituciones –“al Poder Ejecutivo, los entes del Estado, el Congreso de Intendentes, la Administración Nacional de Educación Pública, las universidades públicas y privadas, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y una representación de los investigadores”– a estar integrado por “12 consejeros designados a título individual por el Poder Ejecutivo”, harán que deje de ser un órgano autónomo, “asesor de los poderes Legislativo y Ejecutivo”, para convertirse en un órgano asesor de la futura Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, por lo tanto, dependiente de Presidencia, todo lo cual “tiene consecuencias muy preocupantes para la calidad y la estabilidad de las políticas de CTI”, advirtió. Como nos había dicho en una nota de 2018 Carlos Bianchi, entonces vicepresidente del Conicyt, ese organismo era “el peor espacio para analizar las políticas de ciencia, tecnología e innovación, exceptuando a todos los demás”.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, al visitar el Parlamento durante la discusión del presupuesto, también manifestó discrepancias con los cambios introducidos al Conicyt. En un documento entregado al Senado en octubre de 2025, la Udelar sostenía además que esa institución “ha señalado reiteradas veces la inconveniencia de resolver en el marco de una ley presupuestal aspectos que no hacen al presupuesto del período de gobierno”, entendiendo que “muchos de los cambios propuestos tendrían un lugar más natural en una ley de ciencia, tecnología e innovación que en la Ley de Presupuesto”.

En un documento de la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay (Investiga uy) de julio de 2025 se planteaba “preocupación sobre una visión restringida y funcionalista de la ciencia que la subordina exclusivamente al crecimiento económico”, y que “reducir la ciencia a un insumo para mejorar la competitividad o la productividad implica invisibilizar su carácter de bien público, su potencial democrático, de desarrollo nacional con integralidad y transversalidad y su capacidad para construir sentidos colectivos sobre dicho desarrollo”.

Las diferencias sobre estos y otros aspectos de lo propuesto por el Poder Ejecutivo, que encomendó a Bruno Gili el rediseño del sistema científico, también atravesaron a la propia fuerza de gobierno. Consecuencia de estas discrepancias fueron dos artículos agregados al presupuesto en el Senado, que tienen un profundo impacto en todas estas cuestiones que venimos tratando.

El Senado y el control del artículo 72 agregado al presupuesto

El Senado de la República, con una destacada tarea de un grupo de legisladoras y legisladores del propio partido de gobierno, trabajó intensamente para modificar varias de las cuestiones relacionas con el ordenamiento del sistema científico que incluía la Ley de Presupuesto.

Por ejemplo, se logró que en el artículo 40 se incorporara al Consejo Estratégico Ministerial que dirige al programa Uruguay Innova al Ministerio de Educación y Cultura. También en el artículo 50 se logró que el Conicyt mantuviera su rol de “proponer planes, lineamientos de políticas generales y prioridades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, según corresponda”, cuando originalmente en el proyecto remitido por el Ejecutivo sólo decía que debía “proponer a la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento políticas, objetivos, estrategias y prioridades relacionadas con las materias de su competencia”.

También se eliminó el texto que establecía que el Conicyt tendría “12 consejeros con carácter honorario designados por el Poder Ejecutivo, debiendo ser personas de destacada trayectoria en actividades vinculadas a la ciencia, la tecnología y/o la innovación”, para detallar en su lugar que “estará integrado por 14 Consejeros, que serán representantes de las instituciones”; “cinco a propuesta del sector académico-científico” (dos “por la Universidad de la República, uno por la Universidad Tecnológica del Uruguay, uno por las universidades privadas y uno por los investigadores activos” del Sistema Nacional de Investigadores”); “uno a propuesta del PIT-CNT”; “tres a propuesta de organizaciones representativas de los servicios, la industria y el agro”; “uno a propuesta de la Administración Nacional de Educación Pública”; “dos a título personal, a efectos de que la integración contemple trayectorias académicas y profesionales que reflejen la diversidad de ámbitos académicos, gubernamentales, empresariales, laborales y sociales interesados en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”; “uno a propuesta de las empresas públicas”, y “uno designado por el Poder Ejecutivo”.

Sin embargo, los artículos 72 y 73, agregados en la cámara de Senadores casi a último momento, no modificaban levemente algunas de las cosas que decía el proyecto de ley remitido, sino que fueron aditivos creados desde cero en el Senado.

El artículo 72, aprobado en la Ley de Presupuesto, dice que se crea “en la Asamblea General una comisión parlamentaria bicameral con el cometido de controlar y supervisar tanto la implementación del Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencti) como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de Presidencia de la República, en la que participarán legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria”. ¿A santo de qué viene esto?

“Lo del control parlamentario es para poder darles un seguimiento a estos temas, para que los puedas llamar y preguntarles qué pasó con distintos aspectos”, comenta la senadora Constanza Moreira, una de las protagonistas de los cambios realizados en el Senado en lo referente al sistema científico. “Tratarlos en una comisión ya le da una dimensión pública, saca el tema del ámbito de las cuatro paredes o de los cuatro actores que deciden al respecto, ya que va la prensa y los legisladores hacen declaraciones. Es una buena manera de instalar algo en el debate público, aunque legislativamente las comisiones bicamerales no tengan grandes potestades”, agrega.

Por su parte, la también senadora por el Frente Amplio Patricia Kramer comentó que “el hecho de que determinadas cosas estén en el ámbito de Presidencia no deja de ser una manera de jerarquizar ciertas políticas y de darles cierta capacidad de acelerar procesos que, de lo contrario, se pueden volver muy burocráticos, pero es cierto que Presidencia queda por fuera del control parlamentario de manera directa, en el sentido de que no puede interpelar o no tenés una prioridad legislativa para hacer pedidos de informes y si los pedís lo hacés como cualquier ciudadano. Por eso es que se crea este artículo”.

El Senado y una ley integral de diseño institucional del artículo 73

El Parlamento desea entonces controlar y seguir el tema, algo que se hace aún más explícito en el artículo 73: “Encomiéndase al Consejo Estratégico Ministerial del programa Uruguay Innova, la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento y el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología la elaboración en conjunto de un proyecto de ley integral sobre el diseño institucional del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”. El artículo agrega que, “una vez elaborado el proyecto correspondiente, lo elevarán al Poder Ejecutivo en un plazo de ciento veinte días corridos, para que lo remita al Poder Legislativo”, y aclara que “el plazo se contará desde la fecha de promulgación de la presente ley y podrá ampliarse por 60 días”.

“Lo que hicimos fue decir que hay que poner a los tres actores, la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, el programa Uruguay Innova y el Conicyt, a discutir un proyecto de ley que ordene la arquitectura del sistema de investigación”, comenta Moreira.

Así las cosas, si bien en el presupuesto se hace un ordenamiento del sistema científico, se crean programas y secretarías, se cambian roles de consejos, se cierran direcciones y demás, ahora todo eso deberá ser articulado en un “proyecto de ley integral sobre el diseño institucional del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”, que pasará a ser discutido en el Parlamento. ¿Qué tanto margen de maniobra hay para cambiar cosas? ¿Podría pasar que, por ejemplo, en el Parlamento se cambien potestades, funciones, dependencias y demás?

“Esa es la pregunta del millón”, reflexiona Moreira. “Por cierto, la oposición vio las divisiones que teníamos y estaría dispuesta a aprobar una ley que alterara la estructura del sistema, no tanto porque crean en eso, sino nada más que para sacar rédito. Pero nosotros no haríamos eso nunca”, agrega. Aun así, la idea es mejorar lo que hay en el presupuesto, por lo que seguramente en 2026 veremos algunos cambios.

“Lo que queremos es mejorar muchos aspectos, en primer lugar, porque me parece que al final quedó como un Frankenstein. La única manera de que mejoremos lo que hay es que nos llegue una propuesta, nosotros nos hagamos cargo y nos pongamos a trabajar. El Parlamento tiene mucho tiempo y muchas voces para discutir un diseño. Lo que queremos es eso: tener tiempo y voces. Y además queremos que otros actores entren a jugar también –los periodistas, los científicos–, porque cuando estas cosas se discuten, la gente se entera, empieza a mandar cosas. Buscamos darle un ámbito más público a la discusión de ese diseño institucional, que creo que no lo tuvo tanto”, agrega Moreira.

El tema de los plazos también es importante. El texto dice que “una vez elaborado el proyecto correspondiente, lo elevarán al Poder Ejecutivo en un plazo de 120 días corridos para que lo remita al Poder Legislativo. El plazo se contará desde la fecha de promulgación de la presente ley y podría ampliarse por 60 días”. Si uno no interpreta mal, los 120 días corren a partir de la promulgación de la ley del presupuesto. “Los plazos están corriendo y estas instituciones tienen que juntarse para aprobar el proyecto”, comenta Moreira.

“Cuando hablabas con distintos actores del sistema, había muchos más acuerdos que diferencias respecto de la situación y de cómo llevar adelante un montón de cosas para que el sistema mejore y crezca, pero es cierto que respecto de la redacción final de ciertas propuestas del sistema de ciencia y tecnología, que en el fondo son muy innovadoras, seguía habiendo actores importantes que no se sentían del todo conformes”, sostiene Kramer. “El artículo 73 tiene que ver con, de alguna manera, asegurar por ley que haya una obligación de que se dé el diálogo”, agrega.

“Obvio que no estaba planificado que el Parlamento pusiera el artículo 73, pero salió así y no está mal, porque al fin y al cabo no es nada más que más democracia. La ley da 120 días, más 60 de prórroga, para elaborar un proyecto de ley. Ese proyecto irá al Parlamento y sufrirá cambios y todo lo que sucede allí. Lo importante es que en el tiempo en que esa discusión se va dando, ya tenemos algo así como una institucionalidad creada. Después eso se modificará o cambiará, pero no partimos de lo que había actualmente, que era algo muy desordenado”, sostuvo el futuro secretario de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González.

Así las cosas, cabría esperar que en el primer semestre de 2026 el Parlamento esté discutiendo el rediseño institucional remitido por el Ejecutivo, que reciba delegaciones y se escuchen voces que tal vez no fueron tenidas en cuenta al remitir la Ley de Presupuesto, o que oficialismo y oposición busquen caminos que definitivamente nos lleven a políticas de Estado sobre ciencia y tecnología y dejemos atrás los meros golpes de timón del gobierno de turno. El 2025 termina entonces con la promesa de un 2026 en el que haya un diálogo más fecundo y una ciencia que puede salir más fortalecida.