En la propuesta de Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento se introducen importantes modificaciones con la intención declarada de fortalecer el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en el país. Aunque se han logrado avances relevantes en los últimos 20 años, como la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) o el Sistema Nacional de Becas, Uruguay no ha logrado asumir plenamente la importancia de desarrollar una agenda ambiciosa en esta materia. El muy escaso nivel de inversión nacional con ese fin es una prueba de ello. Por eso, es una buena noticia que se declare la centralidad de la CTI en cualquier estrategia nacional de desarrollo. Comparto la importancia que el Preámbulo de la ley otorga a este asunto.

Si se quiere impulsar en serio la CTI en el país, el incremento de la inversión con ese fin es central. Seguimos destinando un monto muy escaso y esta Ley de Presupuesto no deja ver un cambio en este aspecto (por ejemplo, se destina un incremento nulo para investigación en la Universidad de la República, Udelar, que es por sí sola más del 75% del esfuerzo nacional en el tema). Pero es también muy importante la organización y gobernanza del sistema, y en ese aspecto hay novedades. No me voy a referir acá a todas las propuestas que contiene, sólo a aquellas cuya formulación entraña notorios peligros para el futuro desarrollo de la CTI en el país.

Se crea, como dependencia de la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento (en adelante, la Secretaría), cuyos cometidos generales serán los de “proponer las políticas científicas nacionales, promover la formación de capital humano de alta especialización y contribuir a la valorización y transferencia de conocimiento, en todo el territorio nacional”. La creación de esta Secretaría en la órbita de la Presidencia la exime del contralor parlamentario. La política nacional en CTI debería ser una política de Estado y como tal requiere una participación comprometida también del Parlamento, que representa la posibilidad de darle a este asunto una estabilidad de largo plazo.

Se crean el Programa Uruguay Innova para “coordinar y articular el ecosistema de innovación en todo el territorio nacional, incluyendo el monitoreo y evaluación de sus resultados”, y el Fondo Uruguay Innova, destinado “a cofinanciar, prioritariamente, la creación y consolidación de capacidades de investigación e innovación orientadas a la valorización del conocimiento generado”. Ambos serán dirigidos por un Consejo Estratégico Ministerial conformado por el secretario de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

En cuanto al Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (Conicyt), se proponen modificaciones muy importantes. Cambia su composición: hoy está conformado por 21 personas que representan institucionalmente al Poder Ejecutivo, los entes del Estado, el Congreso de Intendentes, la Administración Nacional de Educación Pública, las universidades públicas y privadas, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y una representación de los investigadores. En su lugar, se propone integrarlo con 12 consejeros designados a título individual por el Poder Ejecutivo. Sus funciones lo reducen a ser un órgano asesor de la Secretaría, aportando al Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación. Por último, cambian su dependencia y alcance. En la ley vigente el Conicyt es un órgano autónomo, asesor de los poderes Legislativo y Ejecutivo. En la nueva propuesta se convierte en una dependencia de la Secretaría y, por tanto, de la Presidencia. Estas propuestas tienen consecuencias muy preocupantes para la calidad y la estabilidad de las políticas de CTI.

Desaparece el rol que el Poder Legislativo tiene en la gobernanza de las políticas de CTI. La Secretaría, que asumiría importantes cometidos –incluso todos aquellos que hoy tiene el Ministerio de Educación y Cultura en materia de innovación, ciencia y tecnología y los que el Poder Ejecutivo le asignará en el futuro–, queda exenta del control parlamentario. Desaparece también el rol de asesoramiento del Conicyt a dicho poder del Estado.

Fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en el país implica en primer lugar fortalecer las instituciones que la cultivan, y darles el rol que merecen. No es lo que expresa esta ley.

Desaparece el único espacio deliberativo y plural para la discusión de las políticas de CTI que existe en el país. Ello deriva del cambio de composición del Consejo. Al sustituir la representación institucional por un conjunto reducido de personas designadas a título individual por el Ejecutivo, se elimina no sólo el único espacio donde las universidades públicas y privadas del país podían hacer oír su voz de manera orgánica en estos asuntos, sino que se cancela un espacio necesario de discusión donde actores tan diversos como la academia, el sector empresarial, los sindicatos y el gobierno podían intercambiar en relación con las políticas de CTI. La existencia de ese espacio deliberativo (no ejecutivo) es muy importante para construir los consensos que requieren las políticas de Estado.

La gobernanza de la política de CTI se concentra en manos de Presidencia y los ministerios económicos o productivos. Es significativo que en la conducción aparezcan sólo el MEF, el MIEM, el MGAP y la OPP. Ningún otro ministerio, y en particular los de Educación y Cultura, Ambiente, Salud Pública y Desarrollo Social, tiene un lugar. Es un grave error pensar en una conducción de la política de CTI totalmente divorciada de la enseñanza y de la cual están ausentes otras miradas. Desaparece también todo grado de autonomía del Conicyt respecto del Poder Ejecutivo, incluyendo la dependencia del Consejo y que sus miembros son nombrados por el propio Poder Ejecutivo, sin propuesta de otros. Ello tiene grandes riesgos para la calidad de las políticas.

Desaparece cualquier nivel de contralor sustantivo del trabajo de la ANII, al suprimirse los cometidos que, en estos aspectos, realiza hoy el Conicyt, mediante el seguimiento de las bases y los comités técnicos de selección de sus programas o de su Plan Operativo Anual.

La Secretaría debe coordinar la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de junio de 2027. Es difícil imaginar cómo se puede elaborar dicho plan seriamente sin un acuerdo nacional previo sobre un Plan Nacional de Desarrollo. No se desprende de la propuesta que vaya a existir tal plan.

Durante años discutimos los problemas de gobernanza del sistema de CTI. La ausencia de un órgano responsable de definir las políticas hizo que se concentrara indebidamente en la ANII la ejecución y en la práctica la definición de las políticas en la materia. El Conicyt, muy debilitado, cumplía la función de control externo. La propuesta que se hace no resuelve esos problemas, más bien los agrava. La existencia de la Secretaría crea un órgano de definición de políticas, algo positivo, pero queda supeditado al sector económico productivo del Poder Ejecutivo que controla también a la ANII, y el Conicyt pierde su autonomía. De ese modo los roles de definición, ejecución y control quedan concentrados en un sector del Poder Ejecutivo, con escasa conexión con el mundo de la educación o la esfera social, que debería ser un espacio fundamental de aplicación de la ciencia y la tecnología si se quiere que contribuya a resolver los grandes problemas que tenemos como sociedad.

La construcción de una política de Estado en esta materia, cuya necesidad es hoy consensual, requiere una política decidida con capacidad de conducción, pero también precisa confianza en la participación y el pluralismo de miradas. La democracia puede ser un poco más lenta, pero es más sólida y estable en el largo plazo. La idea de que el diseño de políticas de esta importancia la puede hacer un grupo reducido de tecnócratas, consultando a algunos conocedores, es un error. Fortalecer la CTI en el país implica, en primer lugar, fortalecer las instituciones que la cultivan y darles el rol que merecen. No es lo que expresa esta ley. Uruguay tiene una larga acumulación de experiencias y saberes en esta materia y es incomprensible que no se aproveche. Estamos a tiempo de revisar los aspectos más inconvenientes de esta propuesta.

Gregory Randall es docente de la Facultad de Ingeniería y fue prorrector de Investigación de la Universidad de la República.