La delegación de la Universidad de la República (Udelar) que, encabezada por el rector, Héctor Cancela, compareció la semana pasada ante la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes expuso minuciosamente el Plan Estratégico de Desarrollo 2025-2029 y el presupuesto que se requiere para ello, que lejos está del otorgado por el Poder Ejecutivo (PE) en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029

Más allá de los montos presupuestales que definió el PE en primera instancia, Cancela se detuvo en un conjunto de cambios que también introdujo el proyecto de ley, puntualmente, en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, Cancela se hizo eco de una resolución del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar en la que manifiesta preocupación por las modificaciones propuestas al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt).

Antes de abordar los puntos concretos de cambio, Cancela explicó que en la actualidad el Conicyt responde al PE y al Poder Legislativo, con “una conformación en la que están representadas distintas instituciones de una manera muy amplia”. Sin embargo, es fundamentalmente sobre este último punto que el PE establece modificaciones: “Desaparece rol del Poder Legislativo en la discusión y toma de decisiones en las políticas de ciencia, tecnología e innovación”, señaló.

En ese sentido, Cancela manifestó que desde la Udelar se entiende que la participación del Poder Legislativo es el medio para “dar estabilidad de largo plazo a las políticas en la materia y lograr propender a políticas de Estado y no a políticas que sean sólo de un gobierno o un partido”. Al cambiar la integración del Conicyt, “pasa de ser integración por instituciones a ser integración de personas” y “elimina el único espacio orgánico plural que permite la discusión de las políticas en forma institucional”. Para el rector, es importante que pueda mantenerse la representación institucional y que eso incluya a sectores de la academia, empresarial, sindicales y el gobierno.

Otra de las preocupaciones sobre las modificaciones impuestas al Conicyt es que la institucionalidad que se propone no tiene en cuenta “la vinculación de los temas de educación y cultura con el desarrollo de la ciencia y la tecnología”. “La Universidad entiende que es importante que se mantenga lo que ahora se tiene en cuanto al nivel de autonomía del Conicyt respecto del Poder Ejecutivo, para que pueda cumplir ese rol de contralor y asesoramiento de todos los poderes del Estado, que tenga una independencia de criterio”, aseveró.

Por otra parte, especificó que el proyecto de ley elimina la función del Conicyt de ser “contralor sustantivo del trabajo” de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). “Creemos que es importante mantener separados los roles de definición de las políticas, por un lado, y de control de las políticas y ejecución en la institucionalidad”, por otro, dijo. En relación con esto, mencionó como ejemplo que, al día de hoy, “la ejecución estaba en la ANII, el control en gran medida en el Conicyt y la definición es política”, pero con los cambios propuestos los tres roles pasan a converger en el Poder Ejecutivo y se pierde “la diversidad de visiones”.

En el gobierno anterior, la Udelar ya había expresado su preocupación por el debilitamiento del Conicyt y había alertado de algunos cambios que buscaba implementar el PE encabezado por Luis Lacalle Pou. Gregory Randall, representante de la Udelar en el Conicyt, planteó en el último CDC, cuando se discutió el tema, que el actual gobierno envió al Parlamento la propuesta que el anterior quiso aplicar.

La necesidad de una ley para “regular” la temática

Mariana Gulla, directora general de Jurídica de la Udelar, ahondó en el significado de las modificaciones: “El Conicyt queda subsumido a la órbita de la nueva secretaría, que está radicada en la Presidencia. Esa secretaría, al radicarse en la Presidencia, obviamente, queda fuera del control parlamentario. Pero, a su vez, tiene que quedar claro que las competencias de Presidencia de la República, de la jefatura de Estado, son competencias que taxativamente establece el texto constitucional y que no pueden ser ampliadas por ley”.

Al respecto, aseguró que “existen amplios antecedentes de que esta norma no se cumple y que no existe una posibilidad de control constitucional legitimados para hacerlo, muchas veces, pero en realidad eso es así: no se puede ampliar la competencia porque son muy pocas las atribuciones de la jefatura de Estado y están a texto expreso en la Constitución”.

Gulla especificó que a partir del artículo 41 del proyecto de ley, el PE podrá “ampliar los cometidos de la propia secretaría, es decir que no se trata solamente de esa secretaría bajo Presidencia con los cometidos que la propia ley le asigna, sino que el propio Ejecutivo puede ampliarle los cometidos específicos”.

Además de pasar el control de la ANII al Ministerio de Economía y Finanzas, la directora general de Jurídica señaló que el proyecto propone la creación del programa Uruguay Innova, dirigido por un Consejo Estratégico Ministerial que “también se coloca en la órbita de Presidencia”, por lo que señaló las mismas objeciones que para el caso del Conicyt.

Debido a todos estos cambios, Gulla recordó que desde hace tiempo se piensa que la mejor opción para regular esta área es crear una ley especial de ciencia y tecnología, en vez de hacerlo en una norma presupuestal, “que excede justamente la temática”. De no incluirse estos ajustes en una ley, aunque sea “lo mejor”, pidió que “por lo menos se tomen en cuenta” los puntos esbozados en referencia a la “relevancia del Conicyt”.

Por otra parte, Juan Martín Rodríguez, diputado por el Partido Nacional, también cuestionó los cambios propuestos a la integración del Conicyt. En particular, marcó que el gobierno propone que pase a estar integrado por 12 consejeros con carácter honorario designados por el Poder Ejecutivo que tengan trayectoria en ciencia, tecnología e innovación. El legislador comparó esa integración con la actual: cinco representantes del PE, un representante de entes del Estado y siete representantes del sector académico-científico: cuatro designados por la Udelar, un investigador activo designado por sus pares y dos por las universidades privadas. Además, marcó que la redacción incluida en la Ley de Presupuesto “deja afuera a los cinco representantes del sector productivo designados por organizaciones empresariales y representativas”, al representante del Congreso de Intendentes, al del PIT-CNT y al representante de la Administración Nacional de Educación Pública.

En ese marco, Rodríguez adhirió a la “preocupación” de la Udelar sobre “las modificaciones de la institucionalidad de la ciencia y la tecnología”, más allá de que, sin ánimos de “incorporar un elemento a la discusión”, consideró que Uruguay debería “caminar hacia un ministerio de ciencia y tecnología uniformizando, unificando y centralizando todas estas políticas, y no hacia una nueva atomización”.

Síntesis de la exposición

En su exposición, Cancela delineó una síntesis de las principales preocupaciones presupuestales de la Udelar, con base en su Plan Estratégico de Desarrollo para el quinquenio y en comparación con lo propuesto por el PE.

En primer lugar, la preocupación es que el proyecto de ley no propone “una hoja de ruta” que permita visualizar cómo alcanzar el 6% del producto interno bruto para la educación pública y el 1% para investigación más desarrollo.

En cuanto a incrementos presupuestales, Cancela reiteró que “son sólo para 2026 y esas asignaciones permanecen constantes”, lo que “imposibilita una planificación de largo plazo”. En relación con el incremento del 52% que la Udelar solicitaba, dijo que para el año que viene el presupuesto es menos del 9% de lo solicitado y, para el final del quinquenio, menos del 3,5%.

Algunos puntos fueron remarcados especialmente para que la comisión “tenga en cuenta, para ver qué posibilidades hay de un incremento, una reasignación, una atención presupuestal”.

En primer lugar, las becas estudiantiles, ya que lo asignado por el PE permitirá a la Udelar cumplir con otorgar solamente el 20% de la demanda. En segundo lugar, presupuesto para las políticas de cuidado, de género y de atención de la salud mental, que no está contemplado en el proyecto de ley actual.

Por otro lado, las remuneraciones universitarias, que presentan una “gran asimetría respecto de otras instituciones públicas”. Acerca de esto, Cancela manifestó la preocupación de incremento cero para cargos de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. En este marco, hay varios puntos que se entrecruzan: “Nos preocupa que sigan estancadas las carreras de funcionarios, tanto docentes como TAS [funcionarios técnicos, administrativos y de servicios]; también, por supuesto, la dificultad de desarrollar investigación, extensión, enseñanza y, dentro de eso, en lo que refiere a investigación, la imposibilidad de los docentes de acceder al régimen de dedicación total”.

El otro eje del pedido presupuestal contempla el desarrollo en el interior del país y la culminación de las reformas y el desarrollo de programas en el Hospital de Clínicas. “Estos recursos no son por la Universidad per se, sino porque la Universidad es una herramienta para un mejor Uruguay. Es lo que le da la perspectiva, la posibilidad al país de atender a las y los jóvenes”, finalizó el rector.