Ubicada a dos kilómetros de Juan Lacaze y a una distancia similar del centro histórico de Colonia Cosmopolita, la playa Los Piamonteses es un espacio de esparcimiento y de pesca elegido por los habitantes de esas localidades y de zonas rurales aledañas. A ese lugar se puede acceder por un sendero que nace en el camino Cosmopolita en dirección hacia el Río de la Plata.
Hasta hace diez años ese balneario estaba rodeado por campos que pertenecían a la empresa Indaré, que en 2013 hizo un fraccionamiento y lo vendió los lotes bajo el formato de chacras marítimas. De ese modo quedó conformada una franja de terrenos con vistas privilegiadas hacia el estuario platense, que se ha transformado en sede de algunos emprendimientos turísticos.
En efecto, hace cinco años, a un costado del camino de ingreso a Los Piamonteses, un inversor argentino construyó un complejo de cabañas y un restorán. Más cerca en el tiempo, un empresario uruguayo decidió probar suerte en esa zona cercana al río y construyó una amplia vivienda sobre uno de esos lotes, y, al igual que su vecino, también proyecta avanzar con cabañas para alquilar. Además, pretende desarrollar deportes y entretenimientos acuáticos en esa playa.
Los vecinos de esas zonas han recibido con buenos ojos esos emprendimientos. No obstante, cuestionan que el responsable del segundo emprendimiento pretenda colocar un alambrado a una distancia de la costa que parecería estar más cerca de lo permitido por la normativa vigente. En caso de consolidar ese cercado, un lugar que históricamente fue utilizado como estacionamiento y paseo costero, donde incluso el municipio de Juan Lacaze colocó balasto y luces led, quedará en el predio privado.
Por esa razón, en los últimos días vecinos de Colonia Cosmopolita han denunciado esa situación ante el alcalde de Juan Lacaze, Arturo Bentancor, a la Intendencia de Colonia, al Ministerio de Ambiente y a los ediles y diputados por ese departamento.
Portera en playa Los Piamonteses (Colonia). Foto: Gentileza de José Manuel Arenas
El diálogo y lo legal
El alcalde sabalero se ha reunido en los últimos días tanto con vecinos molestos con esa situación como con el propietario del establecimiento. Bentancor también ha hecho consultas con la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y con la Intendencia de Colonia. El alcalde sabalero dijo a la diaria que apunta a saber cuál es el criterio legal que debe establecerse para dirimir ese conflicto: “Debemos saber si tiene razón el propietario del terreno, que dice que los planos llegan hasta ese lugar, o la normativa que dice que hay que respetar los 150 metros después de la ribera”. “Nosotros conocemos ambas versiones, y esperamos que el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Colonia resuelvan cuál es el criterio legal que se debe utilizar en este caso”, expresó.
Bentancor valoró “la intención” del propietario del establecimiento “de dialogar con los vecinos”. “Él sabe que debe llegar a un consenso, además, porque no podrá desarrollar un negocio en esa zona si está en conflicto con los propios vecinos”.
El edil socialista José Manuel Arenas considera que en este asunto hay dos discusiones que deberán ser zanjadas. “La más fácil de ellas es la de saber si ese espacio que fue acondicionado por el municipio de Juan Lacaze alguna vez formó parte de un padrón de propiedad privada, y para eso alcanzará con ver los planos y títulos de propiedad”, explicó. En tanto, el tema más difícil de resolver “es saber si se puede colocar un alambrado tan cerca de la arena y de la orilla del río”.
Arenas, que también es abogado, explicó que a nivel legal “la gran mayoría de los especialistas” entiende que las costas y las playas son bienes nacionales de uso público. “Esa es una discusión que se arrastra desde hace muchos años y que se estableció en las sucesivas constituciones desde 1830 y también en el Código Civil”, señaló. Aparte de esas normas, posteriormente fueron aprobadas leyes que han ido en la misma línea, como la Ley de Centros Poblados, el Código de Aguas, la Ley Orgánica Municipal de 1935, y en los últimos años, la Ley de Ordenamiento Territorial y la última Ley de Presupuesto nacional de los gobiernos del Frente Amplio [19.355], que terminaron de asegurar el libre acceso de todos los ciudadanos a la costas uruguayas”.
Las normas “son cada vez más beneficiosas para el uso público, por eso hay que ver cuándo se determinó el fraccionamiento de esa costa”, dijo el edil, y agregó que “el derecho de propiedad no es absoluto en este tema y no es del todo aceptable que el propietario diga que los planos dicen que llegan hasta la costa”.
Según el edil socialista, la Intendencia de Colonia tiene competencia en esa materia, ya que “la ley orgánica municipal les otorga competencia a los gobiernos departamentales para velar por la conservación de las playas”. Recordó que las directrices departamentales aprobadas en 2013 que prevén “la accesibilidad pública a las riberas y que los trazados viales se transformen en paseos peatonales o vehiculares costeros de baja velocidad”, así como “la aplicación de medidas para los posibles daños ambientales en las playas”. El edil socialista consultó al director de Planificación y Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Colonia, Martín Avellino, acerca de cuál sería la postura de la comuna sobre este tema. “Él nos dijo que están trabajando al respecto, en base a lo que dicen las directrices de ordenamiento territorial”, comentó.
Por su parte, el diputado Nicolás Viera, también del Frente Amplio, dijo que consultó sobre este tema al ministro de Ambiente, Adrián Peña. “Él [por Peña] está trabajando en este tema con los técnicos de su ministerio; en los próximos días habrá un informe sobre esta caso puntual sobre lo que puede hacer el propietario del terreno”, adelantó el diputado a la diaria.
Según Viera, la normativa “que rige para este fraccionamiento que se hizo en 2013 establece los 150 metros de distancia de la ribera”. “Nadie está a favor o en contra del propietario del inmueble, es una diferencia de interpretación de las normas”, advirtió. En este caso, “existe un vínculo previo entre la comunidad y el espacio público y el derecho al acceso a las costas”, que son comprendidas por una normativa “que entienden esos derechos como un bien general”, concluyó el legislador coloniense.