La Dirección de Hacienda y Administración de la Intendencia de Colonia estableció que el megaproyecto inmobiliario +Colonia adeuda pagos a la comuna por “contraprestaciones por concepto de retorno de valorizaciones”, de acuerdo con el artículo 9 del contrato plan que fue firmado por esa empresa y la intendencia y aprobado por la Junta Departamental de Colonia en mayo de 2022. Según ese informe, de los montos establecidos por la recategorización, que asciende a una cifra cercana a 1.900.000 dólares, quedan “pendientes de efectivización las cuotas mensuales y consecutivas de 158.574 dólares, habiéndose verificado un único pago hasta la fecha por parte de la empresa.
Las directrices de ordenamiento territorial del departamento de Colonia establecen que la ejecución de nuevos proyectos o emprendimientos en suelo categorizado en forma primaria como suburbano deben abonar una contraprestación a la administración municipal. Ese monto se calcula mediante una ecuación en la que intervienen la cantidad de hectáreas, los valores iniciales del suelo (en este caso, antes del cambio de categoría que requirió +Colonia), el valor final del suelo fraccionable y los costos de urbanización. Ese cálculo arrojó que el proyecto debe abonar, en diversas partidas, algo más de dos millones de dólares a la Intendencia de Colonia.
Al ser consultado por medios locales, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, aseguró que la deuda de +Colonia con la comuna “existe” y que “automáticamente lo manejamos con la Dirección de Jurídica y citamos a una reunión a los propietarios del emprendimiento para las próximas semanas”.
Tras ello, la empresa que está a cargo de +Colonia emitió un comunicado en el que desmiente la versión aportada por el jefe comunal coloniense, y planteó que “originalmente el Contrato Plan preveía que las 200 hectáreas se fraccionaran en una sola etapa”, pero “la intendencia resolvió que el fraccionamiento se realice por etapas, a medida que avancen las obras y los desarrollos”. “Por ese motivo, la plusvalía se paga de forma proporcional al avance de cada etapa”, añadió. Para los responsables de +Colonia, “la confusión surge porque el documento original incluía un cronograma de pagos pensado para el caso de que todo el fraccionamiento se otorgara de una sola vez”.
Lo legal y lo político
La semana pasada, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) se reunió para analizar esta situación y elaboró un comunicado de prensa en el que anunció el llamado a sala al intendente Rodríguez para analizar la situación. Según los ediles del FA, y a la luz de lo expresado por las propias autoridades departamentales, la empresa que lidera Eduardo Bastitta, propietario de las tierras donde se lleva adelante el megaproyecto inmobiliario, no ha cumplido con los compromisos económicos acordados en el contrato plan que firmó con la comuna.
“Independientemente de las distintas interpretaciones jurídicas que puedan hacerse del Contrato Plan y de sus posteriores modificaciones, la cláusula novena es clara, no fue alcanzada ni modificada por las posteriores modificaciones, y se ha incumplido con ella, dado que, según trascendidos de prensa, se habría pagado sólo la primera de las 12 cuotas establecidas”, sostuvieron los ediles frenteamplistas.
Asimismo, la bancada del FA remarcó “la evidente responsabilidad institucional de la Intendencia y de la Junta Departamental por parte de quienes sí integran la Comisión de Seguimiento de Ejecución del Proyecto”. “Es inadmisible que, conociendo esta situación de presuntos incumplimientos acreditados, no hayan informado ni tomado acciones inmediatas y urgentes para exigir el cumplimiento por parte de los desarrolladores en falta”, sostuvo la bancada del FA.
En diálogo con la diaria, el edil Martín Collazo (Asamblea Uruguay, FA) expresó que el contrato plan establecía de un modo “clarísimo” la forma en la cual los desarrolladores de +Colonia debían abonar esas contraprestaciones a la comuna coloniense, algo que “la empresa compartió desde un principio, por lo cual hizo el pago de la primera cuota”. Por tanto, “el hecho generador que daba lugar a que hicieran el primer pago y después empezaran a pagar las cuotas, evidentemente, para la propia interpretación de +Colonia, al menos en ese momento, se generó, porque la primera cuota la pagaron”, pero “el problema fue que después discontinuaron o incumplieron con el pago de las siguientes cuotas”.
Para el edil frenteamplista, el incumplimiento en los pagos de las restantes cuotas previstas en ese contrato representaría un motivo para que la comuna ejecute la garantía que dispuso +Colonia, aunque “quizás no resulte lo más conveniente”. “Desde el punto de vista jurídico legal, lo que surge del texto del contrato es que esa cláusula novena es bastante particular, porque el único planteo que se dejó a texto expreso respecto a posibles incumplimientos es directamente la intimación judicial en un plazo de 15 días para que la parte incumplidora cumpla con lo que estaba pactado”, y “cuando tú intimás judicialmente en un plazo concreto y la otra parte incumple también con esa intimación, lo único que te queda es ejecutar la garantía, que en este caso es una garantía real de hipoteca sobre uno de los padrones sobre los que se iba a desarrollar el proyecto”.
Para Collazo, la posibilidad de ejecutar esa garantía deriva de “la parte técnica”, pero “también hay que hacer una valoración política y de la importancia y la trascendencia que tiene este proyecto para el desarrollo económico del departamento, y entendemos que la intendencia no quiere ejecutar esa garantía y tampoco es lo que quiere la bancada del Frente Amplio”.
En este punto, Collazo cree que la empresa desarrolladora y la comuna apuntarían a realizar “una tercera modificación al contrato”, que contemplaría una refinanciación de los adeudos contraídos por la empresa. Esa nueva modificación no requeriría mayorías especiales en la Junta Departamental, por lo cual se descarta que sería aprobada con los votos del Partido Nacional. Esa modificación, no obstante, no podría reducir el monto del dinero que debería pagar la empresa a la comuna ni su destino. “Esta obligación económica no es una cuestión daditativa del desarrollador, ni es una cuestión de una liberalidad del empresario que hace una donación, ni mucho menos. Esto surge de la propia Ley de Ordenamiento Territorial, que prevé que cuando se da la recategorización, y eso genera la adecuación del precio de los padrones, de los terrenos en este caso, debe recibir la intendencia una suma como contraprestación por eso, que va al Fondo de Gestión Territorial y a la cartera de tierra de la intendencia”, recordó Collazo.
Asimismo, el edil agregó que en ese caso los recursos serían destinados al programa de realojo del asentamiento irregular Las Malvinas, ubicado a corta distancia de los terrenos donde se enclavaría +Colonia. “La propia empresa ha pedido la erradicación de ese asentamiento a las autoridades nacionales y departamentales, por lo cual hay una falta de racionalidad, de acción-consecuencia por parte de la empresa, al no abonar lo establecido en ese contrato”.
Collazo comentó que en los próximos días se reunirán autoridades de la comuna coloniense y responsables del proyecto +Colonia para “renegociar algún aspecto” del contrato. “Yo no creo que el gobierno departamental pueda permitirse que +Colonia termine acá, porque la intendencia no tiene proyectos de desarrollo propios, sino que está abrazado a una serie de iniciativas promovidas por particulares, y esta era una de ellas”.