El 23 de marzo, en medio del debate sobre si era necesario declarar una cuarentena obligatoria a causa del coronavirus, los diputados del Partido Nacional (PN) Javier Radiccioni y Mario Colman presentaron un proyecto de ley modificatorio del artículo 224 del Código Penal (Daño por violación de las disposiciones sanitarias), que fue modificado por el artículo 64 de la ley 17.292. Los representantes proponen volver al texto original, de 1933 (Violación de las disposiciones sanitarias), que decía: “El que violare las disposiciones publicadas por la autoridad competente para impedir la invasión de una enfermedad epidémica o contagiosa será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. De esta manera, la idea es que la ley sancione a quien viole las normas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo.
La redacción actual del artículo, en cambio, establece que el delito no es violar las disposiciones sanitarias, sino causar un “daño a la salud humana o animal” con dicha violación. Además, se considera como un “agravante especial” si el hecho “resultare un grave perjuicio a la economía nacional”.
Este miércoles la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados tenía la discusión en el orden del día, pero el texto no se votó porque hay dudas sobre la redacción del proyecto. El debate se retomará el miércoles 3 de junio.
En la sesión anterior, el director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, había dicho que “es un error desde el punto de vista conceptual establecer que el delito es la violación de disposiciones” y en este caso es “claramente autoritario”. “Es una concepción autoritaria del derecho”.
“Me parece totalmente preocupante legislar este tipo de disposiciones en momentos de urgencia”, dijo Aller. “Es mejor legislarlas cuando no hay urgencia, porque estamos actuando -eso sí y lo comprende cualquiera- bajo una presión de cosas que han pasado; ha pasado esto o aquello, una persona contagió en tal lugar o parece que podría haberlo hecho”.
También aseguró que ningún ciudadano podría tener claro cuál es la norma sanitaria que se viola, ni el dolo. “El objetivo sería la violación de una norma sanitaria que no sé cuál es y que no tengo manera de conocerla. Para ello, habría que tener una gran publicidad de las disposiciones sanitarias. Entonces, una persona violó una disposición sanitaria y, en función de eso, presumo que tiene el dolo y le imputo una responsabilidad penal objetiva. Eso es muy preocupante”, aseguró, según consta en la versión taquigráfica.
En tanto, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust preguntó en la comisión sobre la constitucionalidad del artículo, porque sostuvo que se trataría de un delito sin tentativa; además explicó que si el delito en los hechos no se puede sancionar, se trata “más bien de normas morales, cuyo incumplimiento no se sanciona”. En su respuesta, Aller dijo que “los delitos que no admiten tentativa claramente son los de peligro abstracto, y sería bueno que todos los delitos en la práctica admitiesen tentativa, porque eso implicaría un mejor sistema de imputación y, por supuesto, una menor pena”. Luego interpretó que “cumplir también el mandato constitucional está implícito a lo largo de todo el capítulo [del Código Penal], que es la protección de las personas y el mínimo de los castigos posibles”.
Nuevas propuestas
La diputada frenteamplista Cecilia Bottino dijo a la diaria que a partir de la opinión de Aller los diputados nacionalistas aseguraron que volverían a redactar el proyecto, pero este miércoles no fue presentado. En su lugar el representante del Partido Colorado, Gustavo Zubía, dijo que presentaría un nuevo articulado. Bottino aseguró que el FA no acompañará la redacción actual de la iniciativa.
Lust, en tanto, comentó a la diaria que aún no tiene una opinión formada sobre cómo podría quedar redactado el proyecto y que esperará a la nueva propuesta, ya que hay opiniones en muchos sentidos y el tema es “más complejo de lo que parece”. El integrante de CA recordó que este artículo fue modificado durante el gobierno de Jorge Batlle por la fiebre aftosa.