La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo y la Coordinadora de Usuarios y Usuarias del Transporte Público se preparan para hacer un relevamiento público por medio de la plataforma de participación digital gestionada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento para consultas ciudadanas sobre el transporte urbano. Verónica Halich, que ocupa de forma interina el cargo de dirección de Daniel Arbulo, explicó a la diaria el contexto en el que se llevará adelante esta consulta a partir de la semana próxima. “La idea es invitar a dejar su opinión a quienes usan los distintos medios de transporte público. Pueden participar todas las personas que usan el transporte de Montevideo entrando a la plataforma www.gub.uy, donde podrán acceder a un formulario”, adelantó.
El cuestionario planteará “algunas preguntas básicas de información general y otras más abiertas para que puedan dejar su opinión y cómo se podría mejorar, en caso de que lo consideren necesario”. El período de la consulta se extenderá entre febrero y abril.
Esta iniciativa se enmarca institucionalmente en el vínculo que vienen afianzando la defensoría y la coordinadora, así como en su participación en el Consejo Consultivo que lidera la Intendencia de Montevideo (IM). Con este nuevo paso se apunta “a ver, en clave de derechos, cómo son atendidos los ciudadanos, si tienen algún reclamo sobre algo que refiera al transporte, el derecho al transporte y el derecho a dar la opinión y a proponer mejoras”, señaló Halich. “Porque si bien cada compañía tiene un reglamento y un estatuto que la regula, no hay una normativa acerca del reclamo del ciudadano”, subrayó.
En ese sentido, dijo que si alguien siente que tiene un derecho vulnerado “puede iniciar una consulta en el Buzón Ciudadano, pero no hay mucho más”. La jerarca mencionó que se implementó una campaña fuerte con el objetivo de lograr un transporte libre de acoso; sin embargo, para denunciar un incumplimiento, por parte de una empresa de transporte, del tiempo previsto para que pase determinada línea, o si el recorrido no se cumplió, si el coche no pasó por la parada indicada, no hay margen para obtener respuestas. “El ejemplo que siempre ponemos es que si uno investiga y va a los reglamentos, hasta donde sabemos, los días de lluvia los conductores no tienen por qué respetar las paradas. Habría que chequearlo, pero eso no lo saben todos los ciudadanos. Entonces, uno no sabe exactamente qué derechos tiene; sí conoce sus obligaciones, como no tomar mate, no salivar, no escuchar música alta. Después, los derechos están menos claros, depende del grado de información que maneje cada ciudadano”.
Una vez que el formulario quede disponible en línea, quienes decidan llenarlo se encontrarán con datos básicos que tienen que ver con la edad, el género, el barrio al que pertenece, de qué medio de transporte y de qué líneas es usuario, para pasar luego a preguntas relacionadas con las unidades de transporte, la ubicación de las paradas, el transporte accesible y la opinión sobre la frecuencia con que pasan los ómnibus (mucho, poco, regular), además de comentarios que quiera dejar sobre el transporte colectivo y qué aspectos considera que deberían mejorar y de qué manera. Si tiene una propuesta, será bienvenida.
“La defensoría es una institución que promueve los derechos de los ciudadanos. El año pasado hicimos una consulta pública sobre población migrante, a raíz de varios reclamos que nos llegaban. Dijimos: ‘Vamos a abrirlo para ver cómo es posible mejorar o sistematizar la opinión y volcarla después en otros ámbitos. En este caso fue igual; si bien recibimos reclamos con respecto a la línea de transporte, más que nada referían a la accesibilidad. Tuvimos el reclamo de un usuario que tenía dificultades cuando salía a la calle, ya que se trasladaba en silla eléctrica, para poder subir a una unidad; no todas las unidades de la línea de transporte que él tomaba eran accesibles ni estaban en condiciones, a lo que se agregaba que a veces, aun cuando estaban en condiciones, no lo llevaban porque no estaban autorizados a trasladar silla eléctrica”, relató la consultada. “No puede pasar que alguien no pueda hacer determinada actividad porque no puede acceder a ese medio de transporte. En el mejor de los casos, cuando accede, tiene un tiempo de espera prolongado, y cuando no pudo hacerlo, se tuvo que trasladar con la silla eléctrica, lo cual también es un tema, porque utiliza una batería que tiene una duración limitada. Era todo un problema para el usuario”.
Halich dijo que buscan que conocer y hacer respetar esos derechos sea una construcción colectiva. Con los datos relevados y sistematizados, la defensoría elaborará un informe que será entregado al Consejo Consultivo del Transporte, encabezado por el Departamento de Movilidad de la IM, “para que pueda elaborar un documento en función de las opiniones de los usuarios y usuarias del transporte”.