El experimento supone tomar como objeto de estudio a un trabajador tipo, según los registros laborales del Banco de Previsión Social (BPS): empezó a trabajar a los 20 años con un sueldo de 19.000 pesos y promedió una retribución de 45.000 pesos al pasar raya durante su vida activa, con aportes durante 75% del tiempo. A través de una serie de simulaciones y cruce de variables, se pueden proyectar escenarios que permiten visualizar cómo operan los subsidios del régimen, en función de la variación entre lo aportado y lo percibido, además de los efectos redistributivos de establecer una jubilación mínima.
Se trata de un estudio realizado por el contador Alex Fernández, de la Asesoría Económica y Actuarial del BPS, como insumo para la comisión de expertos en seguridad social (CESS) que trabaja en la reforma del sistema. El contenido fue publicado como una “nota técnica” del proceso de discusión por parte de la CEES.
¿Cuál fue el objetivo? Según el autor, “analizar cómo se producen los equilibrios dentro del sistema, cómo funcionan los mecanismos redistributivos y cómo afectan los cambios en los parámetros al equilibrio general”. Aclara que “el equilibrio individual es un complemento” para el debate sobre la reforma, en el entendido de que ni en Uruguay ni en el mundo los sistemas de pensiones persiguen únicamente el objetivo de una equidad actuarial –de plano todos los modelos contemplan algún tipo de subsidio para quienes no alcanzan los requisitos para acceder a una jubilación–.
El nivel de esos subsidios y a quiénes van dirigidos surgen del pacto social que se firma entre generaciones al definir las reglas del modelo previsional –en el caso de Uruguay, el economista Guillermo Alves habló del “Robin Hood al revés”–, es decir que son parte del debate que se está procesando rumbo a una reforma. Incluso puede verse este punto como un trasfondo del choque de visiones que hay en la comisión de expertos, reflejadas en las entrevistas a Rodolfo Saldain, presidente de la CEES designado por el gobierno, y la delegada del Frente Amplio, Jimena Pardo.
Los distintos niveles de subsidio
La metodología aplicada trabaja en función del equilibrio del sistema, que visto en lo individual supone igualar a valor presente lo que una persona aportó y lo que recibe como jubilación o, llevado a lo general, que el conjunto de contribuciones equipare al total del gasto en jubilaciones.
Tomando cálculos actuariales previos –la técnica actuarial consiste en aplicar modelos estadísticos y matemáticos para evaluar riesgos y escenarios posibles–, combinados con las reglas del sistema jubilatorio en materia de aportes y tasa de reemplazo –porcentaje del sueldo base del trabajador que cubre la jubilación–, el autor proyecta los resultados que surgen de combinar distintas variables. Esto “implica calcular el cociente entre el valor actual de las prestaciones sobre el valor actual de los aportes de modo tal que, si el resultado del cociente es mayor a uno, el trabajador recibe prestaciones por encima de lo aportado y si es menor, recibe prestaciones inferiores a sus aportes”, detalló.
¿Qué resultado dieron las simulaciones? En primer lugar se proyectó lo que percibirá un trabajador promedio –tomando los datos laborales ya mencionados– a distintas edades y según el sexo, y se verificó que la relación prestación-aporte es mayor en las mujeres y decrece con la postergación del retiro. En otras palabras, el sistema subsidia más las jubilaciones femeninas, lo que resulta lógico en virtud de que tienen mayor esperanza de vida y cobrarán la pasividad por más años, y brinda un mayor subsidio a quienes se jubilan al cumplir las condiciones que a quienes lo postergan, dado que lo que crece la retribución no compensa el mayor tiempo de cotización y la menor cantidad de años que se cobrará.
Tomando como referencia cada peso aportado por la persona, recibirá de jubilación entre 1,69 pesos a los 60 años y 1,31 pesos a los 70 años de edad, en el caso de los hombres; en las mujeres oscila entre 1,74 y 2,13 lo percibido en función de la contribución. “Si bien existen diferencias según la edad de retiro y el sexo, en todos los casos el afiliado recibiría un nivel de prestaciones que se encuentra por encima de lo que aportó”, señaló el estudio.
Esto muestra que al proyectar lo que ocurrirá con un trabajador promedio no hay equilibrio actuarial, es decir que su jubilación en mayor o menor medida tendrá bajo las reglas actuales un componente de subsidio. Ese dinero que la sociedad decidió destinar a los pasivos surge de los impuestos afectados al BPS –como los siete puntos de IVA o el IASS que pagan las jubilaciones mayores a 38.960 pesos– y de la asistencia financiera que brinda Rentas Generales –que proviene de un mandato constitucional–.
“Se puede concluir que, con las tasas de aporte actuales afectadas al régimen de reparto, el sistema no logra financiar las jubilaciones con las tasas de reemplazo vigentes”, indicó el autor como lectura de los resultados. Añadió que se “demuestra que para financiar el régimen vigente es necesario aportes adicionales a los realizados por los propios cotizantes”.
Otro apunte que plantea es que los datos “cuestionan la definición del sistema como contributivo”, porque “para financiar las prestaciones vigentes se requiere un aporte importante de la sociedad en su conjunto”. Igualmente, esto proviene de “un proceso histórico” en que “el sistema fue sustituyendo ingresos por aportes por impuestos afectados”, complementó.
Equidad actuarial y efectos redistributivos
El régimen del BPS es de prestación definida, porque tiene tasas de reemplazo ya fijadas, pero en caso de pretenderse una equidad actuarial se podría proyectar qué ocurriría con un sistema que brinde una jubilación igual a lo aportado por el trabajador promedio, con las mismas reglas que la simulación anterior.
En ese escenario y de retirarse a los 60 años, una persona promedio recibiría “una tasa de reemplazo de 23%, mientras que en el régimen vigente recibe 45%”, en tanto que de hacerlo a los 70 años alcanzaría “una tasa levemente superior a 45%” contra 73% del régimen actual. El porcentaje de diferencia entre una y otra simulación refleja el subsidio otorgado a la persona, y el autor aclara que esa relación sería inferior si se incorporaran los impuestos afectados al BPS, que pueden verse como recursos “legítimos” del sistema.
Avanzando aún más en la simulación, se procuró ver qué efectos tiene en la relación aporte-jubilación la vigencia de un mínimo jubilatorio, utilizando para la trayectoria laboral un salario inferior y manteniendo igual el resto de las variables. Con esos supuestos, al alcanzar la edad de retiro lo aportado resulta menor que el mínimo jubilatorio vigente, por lo que la hipotética persona percibirá más que lo que indican las tasas de reemplazo vigentes.
En ese ejercicio la persona cobra 2,35 por cada peso aportado, cuando percibiría 1,71 si no hubiera un mínimo jubilatorio. En función de esto, el autor concluyó por un lado que “la aplicación de mínimos que carecen de financiación específica cambia los parámetros de equilibrio”, y por otro que la existencia de pasividades mínimas es “un componente redistributivo del sistema que tiende a subvencionar proporcionalmente más a los salarios más bajos”.