“Discrecionalidad política”: analistas criticaron al gobierno por cambio de criterio para fijar precio de combustibles

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Desde que en junio comenzó a regir el nuevo esquema para la fijación de las tarifas de combustible, que sigue como referencia el precio de paridad de importación (PPI) que calcula la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), las autoridades destacaron la transparencia del sistema, ya que se hacen ajustes mensuales en función de la evolución internacional del precio de los refinados de petróleo. Sin embargo, este martes el gobierno comunicó que en octubre no habría variación de precios al público, pese a que el PPI marcaba una leve suba, decisión que fue criticada por algunos analistas económicos.

“Efectivamente el escenario internacional viene complicado, y cuando uno ve las proyecciones, de acuerdo a la metodología correspondía un aumento”, dijo este martes a Telemundo el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, pero agregó que no se había tomado en cuenta dentro del mecanismo “que podía haber ganancias extraordinarias de Ancap”.

Esto en referencia a que la petrolera estatal ganó 39 millones de dólares al cierre de los primeros seis meses del año, principalmente por la exportación de energía de UTE a Brasil, para lo que deben prenderse las centrales térmicas que funcionan con petróleo.

“Entonces dijimos: los sobrecostos, las ineficiencias, los problemas que tenemos, absorbámoslos, cuando hay una buena noticia y podemos usarla para mitigar el aumento de los combustibles, usémosla. Y eso es lo que estamos haciendo”, explicó Paganini.

En el comunicado emitido por el MIEM para anunciar la medida, se explicitó que “los resultados en el balance de Ancap permiten al ente asumir esa variación” de los precios internacionales y que “resulta lógico que un resultado extraordinario favorable llegue también a los precios que paga el público”.

Según el reporte de la Ursea, que considera el período desde el 26 de agosto al 25 de setiembre, el PPI a la salida de la planta de Ancap mostró una variación de 3,65% en el gasoil y una baja mínima de 0,15% en la nafta. Desde el MIEM se aclaró que esta cuenta no incluye el ajuste trimestral del margen de los estacioneros y el mensual de las distribuidoras, por lo que también para la nafta se marcaba una leve suba.

Discrecionalidad, riesgos y referéndum

Por medio de Twitter distintos economistas se pronunciaron respecto de la decisión del gobierno, y apuntaron a que se rompió la regla de la transparencia anunciada, al incorporar discrecionalidad política en la fijación de las tarifas de los combustibles. También asociaron esto al futuro referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), de la que surge el mecanismo de PPI.

El economista Javier de Haedo, que asesoró en materia económica en la última campaña al Partido de la Gente y previamente estuvo en el Partido Nacional, cuestionó el procedimiento: “El razonamiento [del MIEM] no resiste el menor análisis. Las reglas se hacen para cumplirse. Cuando sirve y cuando no. Cabe suponer que esta decisión es consecuencia de que habrá un referéndum”, opinó. Luego, y a raíz de una publicación del programa No toquen nada, de Del Sol, habló del “nuevo factor D [en referencia a la discrecionalidad] en la determinación de los precios de los combustibles”.

Por su parte, el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante, señaló que “el gobierno da marcha atrás en su intento de pasar a un manejo menos discrecional de los precios de los combustibles”. Analizó que si bien la “decisión del gobierno parece positiva porque evita una suba; si el petróleo no baja, en algún momento será necesaria una suba para mitigar el impacto fiscal”, y “en cualquier caso, el tema central es si queremos un manejo discrecional de las tarifas públicas o si queremos reglas claras y predecibles”. Sostuvo que “el manejo discrecional de las tarifas públicas diluye todos los incentivos a la eficiencia económica y nos asegura eternas discusiones sin sentido”.

Respecto del tema, Rosselli añadió: “Es cierto que los combustibles son caros en Uruguay; pero eso no obedece exclusivamente ni principalmente a las ineficiencias de ANCAP. Tenemos ineficiencias a lo largo de toda la cadena de valor y tenemos varios impuestos sobre los combustibles, algunos de pésimo diseño (fideicomiso del gasoil) y otros razonables como el Imesi sobre las naftas (que permite una recaudación relevante y progresiva de impuestos)”.

A su vez, el economista Aldo Lema habló de “reglas versus discrecionalidad”, y compartió en Twitter una presentación que realizó sobre el tema días atrás en un panel de la Expo Prado. Allí repasó que “históricamente los precios de los combustibles en Uruguay han sido fijados con alta discrecionalidad” y esto llevó a “períodos de discrepancias prolongadas entre precios locales y referenciales”. Sobre el nuevo mecanismo que implementó el gobierno, destacó que trae “menor discrecionalidad en la fijación de los precios, aproximación a las tarifas de referencia a nivel internacional, y mayor transparencia”. Pero en línea con lo ocurrido este martes, advirtió de algunos riesgos que podía tener su continuidad en el tiempo: “Incomprensión ciudadana de la volatilidad internacional de los precios; pérdida de respaldo hacia el nuevo ciclo electoral; resistencia para traspasar eventual ciclo alcista; y politización del mecanismo de fijación de precios”.

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