En las últimas semanas renunciaron varios miembros de la Alianza Financiera de Glasgow para las Emisiones Netas Nulas (Glasgow Financial Alliance on Net Zero, GFANZ) –un grupo de 450 instituciones financieras– porque les preocupaba el costo de cumplir sus compromisos climáticos. Con su salida, desmintieron la noción de que las instituciones financieras privadas pueden liderar la transición hacia una economía neutra en sus emisiones de carbono. Lo que realmente hace falta para la transición son Estados más ambiciosos, que den forma a los mercados en vez de limitarse a solucionar sus errores.
El enfoque basado en los mercados se centra en la idea de que las instituciones financieras privadas asignan el capital de manera más eficiente. Esto implica que los Estados deben abstenerse de “elegir ganadores” o “distorsionar” la competencia en el mercado, y limitarse a “reducir los riesgos” de las oportunidades de inversión verde para que resulten más atractivas a los inversores privados dominantes.
Pero la historia económica moderna nos cuenta una historia diferente. En muchos lugares y ocasiones fueron los actores públicos quienes tomaron la delantera para crear y moldear mercados. Eso luego generó beneficios tanto para el sector privado como para la sociedad en términos más amplios. Muchos de los grandes avances tecnológicos que hoy damos por sentados sólo fueron posibles gracias a que los organismos públicos llevaron adelante inversiones que para el sector privado eran excesivamente riesgosas.
La historia verdadera es entonces muy distinta del mito que se ha extendido: muchos éxitos económicos no se debieron a que los actores públicos se abstuvieran de interferir, sino a que el “Estado emprendedor” tomó la delantera. Por otra parte, el enfoque basado en los mercados se enfrenta con la meta de lograr una transición verde mundial justa, en la que se compartan de manera equitativa los costos y riesgos entre los distintos países y dentro de ellos. “Reducir los riesgos” supone implementar una estrategia que socialice los costos y privatice los beneficios.
Las finanzas privadas siguen teniendo un papel fundamental en esto, por supuesto, pero sólo el sector público puede movilizar y coordinar inversiones a la escala necesaria para descarbonizar la economía mundial. La cuestión, entonces, es definir qué debe incluir este enfoque.
En primer lugar, los Estados deben abrazar su papel de “inversores de primera instancia” en vez de esperar y actuar sólo como “prestamistas de última instancia”. Las instituciones financieras públicas destinan muchos miles de millones de dólares por año en todo el mundo y, debido a su particular diseño y estructura de gobierno, pueden ofrecer el financiamiento de largo plazo, paciente y orientado a misiones que el sector privado no suele estar dispuesto a proporcionar. La evidencia muestra que los préstamos directos de bancos públicos bien gobernados pueden tener un poderoso impacto sobre la estructura de los mercados, ya que informan la percepción de oportunidades de inversión futuras.
En segundo lugar, debemos repensar la relación entre los sectores público y privado, especialmente en lo que se refiere a compartir riesgos y recompensas. Cuando las entidades públicas asumen riesgos para cumplir metas sociales, el sector privado no debiera apropiarse de las recompensas financieras.
Por ejemplo, si un gobierno financia grandes proyectos de energías renovables y otras inversiones verdes, podría ser dueño de parte del capital accionario correspondiente. También se puede socializar los rendimientos si se asigna una parte de los derechos de propiedad intelectual (PI) al Estado, lo que le permitiría reinvertir los beneficios en nuevos proyectos verdes. Algo importante es que las empresas que reciben financiamiento público deben cumplir condiciones que alineen sus actividades comerciales con los objetivos de la política industrial verde, las prácticas laborales justas y otras prioridades.
En tercer lugar, para dirigir la inversión privada hacia las actividades verdes y reducir la inversión en otras perjudiciales, los Estados deben fortalecer y actualizar las normas por las que se rigen los mercados financieros. Ese tipo de régimen podría contemplar que los bancos centrales introduzcan políticas de asignación crediticia verde y que los reguladores endurezcan las reglas y normas para evitar la ecoimpostura y el arbitraje regulatorio.
En cuarto lugar, los responsables de las políticas debieran reconocer que el financiamiento de la deuda –provisto por el sector público o el privado– no necesariamente es capaz de sustituir al gasto fiscal directo. La lógica de los instrumentos financieros reembolsables no armoniza fácilmente con las características de bienes públicos que presentan algunas inversiones relacionadas con el clima. La inversión en la justicia climática y la reforestación traerá consigo rendimientos de largo alcance, pero no necesariamente aquellos que se pueden utilizar para cancelar créditos. Para superar estos problemas e implementar la inversión a la escala necesaria hará falta coordinar estratégicamente el diseño de las políticas de las áreas social, ambiental, fiscal, monetaria e industrial.
Finalmente, hay que esforzarse más para brindar suficiente margen fiscal a los países del Sur Global para que puedan implementar sus propias agendas de descarbonización y adaptación locales. Muchos países, incluso los más expuestos a las crisis climáticas aceleradas, enfrentan un significativo exceso de endeudamiento. Es fundamental que los países acreedores del Norte Global –responsables de la mayor parte de las emisiones a la atmósfera– ayuden a reducir esa carga mediante quitas, reestructuraciones de la deuda, compensaciones por daños y perjuicios, y el reemplazo de los créditos climáticos por subsidios climáticos.
Para limitar el calentamiento global catastrófico se debe aumentar dramáticamente la escala del financiamiento para la mitigación y adaptación climáticas, pero también la calidad del financiamiento es importante. En vez de hacernos ilusiones de que las instituciones financieras privadas conviertan en acciones creíbles y exigibles sus tan publicitadas promesas de billones de dólares para reducir a cero las emisiones, debemos reclamar a los Estados que asuman el rol que les corresponde. Eso implica captar y dirigir el financiamiento hacia metas climáticas claras y ambiciosas, y moldear los mercados financieros para alinearlos con esas metas. Para eliminar la brecha de financiamiento hacen falta el rediseño radical de la arquitectura financiera y el desplazamiento sustancial de los flujos financieros. Nada de eso ocurrirá a menos que se apliquen políticas para intervenir.
Para especificar los cambios necesarios, moderaré un panel de mujeres en la COP27, donde estarán la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, la primera ministra egipcia de Planificación y Desarrollo Económico, Hala El Said, y la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Los desafíos son urgentes. La transición verde será imposible si los Estados no toman la delantera en el financiamiento climático.
Mariana Mazzucato, directora fundadora del Instituto para la Innovación y los Fines Públicos (Institute for Innovation and Public Purpose, IIPP) del UCL, es presidenta del Consejo de Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud. Copyright: Project Syndicate, 2022. Traducción al español por Ant-Translation.