Durante el próximo lustro se cumplirán 20 años de grandes reformas estructurales ejecutadas en el quinquenio 2005-2010. Además, se cumplirán 40 años del retorno a la democracia. Creo que, aun siendo una ilusión psicológica, la saliencia de los números redondos es buena excusa para reflexionar sobre la vigencia del statu quo y la potencial necesidad de reformas que sienten las bases del Uruguay de los próximos años.
Hay un tema subyacente que me despierta una profunda preocupación y es el posible incremento del descontento democrático. Si bien los uruguayos mantenemos un fuerte apego a la democracia –es el mayor apoyo a dicho sistema en América Latina–, esa adhesión ha ido cayendo. En países de la región las caídas han sido pronunciadas. Por tanto, la preocupación es válida; tenemos tendencia a nivel local y tendencia agravada en la región. El descontento democrático puede explicarse por la distancia existente entre las élites gobernantes y la ciudadanía. La distancia entre expectativas, propuestas y medidas de gobierno, y el impacto que estas generan.
El éxito de la recolección de firmas para promover una reforma constitucional para fijar determinados parámetros del sistema de seguridad social en la carta magna y las estimaciones primarias de intención de apoyo popular pueden ser un buen ejemplo de síntomas de descontento.
El diseño y la implementación de políticas públicas, si no toma en cuenta las poblaciones objetivo, sus expectativas, su contexto, sus motivaciones y su proceso de toma de decisiones, tendrán menores probabilidades de adhesión ciudadana. Una especie de empatía social gubernamental necesaria, apoyada en estrategias comunicacionales que prioricen el mensaje objetivo, que alimenten las bases del contrato social.
No se trata aquí de facilismos, sensibles de populismo, para el aplauso fácil. La empatía no es eso. Es tener un gobierno activo, que corte inercias estructurales que en general generan hartazgo popular. Medidas, asignaciones de recursos, programas que pueden haber tenido su vigencia en otra época, pero no en la actual. Y en esa implementación de reformas debe existir la percepción de una clara búsqueda de justicia social que construya una nueva cosmovisión de largo plazo bajo la convicción de que el dinamismo actual requiere estar en la frontera de los cambios, y no correrla de atrás.
En el Estado uruguayo aún hay lógicas de organización y selectividad presupuestal que tienen origen en el retorno a la democracia, o incluso antes. En las últimas cuatro décadas, el mundo ha experimentado cambios sustanciales. Los avances tecnológicos son elocuentes y modifican inequívocamente toda gestión. Las tensiones sociales han migrado de una base de diferencia ideológica a tensiones multifactoriales, atravesadas por la violencia y los estragos que provoca el narcotráfico.
Pasaron años, y cuando se empezaron a encontrar respuestas, cambiaron las preguntas. Preguntas que disparan intercambio, legítimo y necesario, con el objetivo de que las respuestas sean reformas y ejecución de nuevas políticas públicas de alto impacto.
Hay un tema subyacente que me despierta una profunda preocupación y es el posible incremento del descontento democrático. Si bien los uruguayos mantenemos un fuerte apego a la democracia y mantenemos el mayor apoyo al sistema dentro de América Latina, esa adhesión ha ido cayendo.
Sólo algunas de las preguntas actuales
El sistema tributario, a pesar de la reforma de 2007, presenta aún un notorio sesgo regresivo: la recaudación está basada en impuestos indirectos sobre el consumo. Persisten además tributos distorsivos que encarecen eslabones en la formación de los precios en bienes de consumo masivos. Por su parte, el diseño del impuesto a la renta de las personas físicas, que aporta progresividad al sistema, trata prácticamente igual a los desiguales. ¿La capacidad que aportan la gestión de datos y los medios electrónicos de pago y los desafíos demográficos no habilitan un rediseño con mayor personalización y progresividad de los impuestos personales?
Otra de las funciones clave del sistema tributario es generar incentivos de comportamiento. Creo que los incentivos deben estar orientados al desarrollo. ¿Tenemos un sistema que incentiva la innovación y los emprendimientos sostenibles? ¿Contempla los desafíos múltiples que implican la automatización, la robotización de la economía y los cambios en el mundo del trabajo?
El Sistema Nacional Integrado de Salud ha generado una positiva universalización de la cobertura. Aun así, hechos relevantes generan preocupación sobre su viabilidad. Uno de los prestadores más grandes ha desaparecido en este período, y otro de ellos se encuentra con asistencia financiera adicional, respiración mecánica para evitar su parálisis. ¿Siguen vigentes sus lógicas de financiamiento? ¿El sistema ha logrado su objetivo de estar integrado?
El deterioro fiscal requiere atención, luz roja en el tablero. Es posible que el anacrónico modo de asignación de parte del gasto sea fuente de ineficiencias y de no abordaje de prioridades actuales. La inercia es un error sistemático de cualquier proceso presupuestal. El problema es que así transcurren 40 años sin cuestionarnos algunas asignaciones que puedan haber perdido vigencia. ¿Son todos los ministerios actuales necesarios? ¿Tiene lógica asignar el 2% del PIB a Defensa con los niveles de gasto per cápita más elevados de la región? ¿Hasta cuándo seguiremos discutiendo la pertinencia de la cuantía en la asistencia financiera a la llamada caja militar?
El desplome de los nacimientos verificados desde 2016 tiene varios desafíos. Sin embargo, un beneficio potencial es el incremento de presupuesto educativo por alumno. Las matrículas comienzan a caer, ¿seremos capaces de sostener el presupuesto educativo en términos absolutos con mejoras en la asignación por alumno? Con ello, ¿tenemos como país un plan que modifique la efectividad del sistema educativo con perspectiva de cobertura, retención, acompañamiento y abordajes educativos activos?
Las empresas públicas cubren áreas estratégicas y cumplen un rol clave en la economía uruguaya, que por dimensiones y concentración generan monopolios naturales. Por ello se precisa entenderlas como un conglomerado de empresas que deben dialogar, interactuar y generar iniciativas de abordaje conjunto que procuren mayores eficiencias. Un plan estratégico común con objetivos segmentados por área de actividad. La crisis del agua que atravesó nuestro país es un profundo llamado de atención, que no debe ser olvidado por las lluvias persistentes de este último año. Las energías y sus fuentes puede que deban cambiar más rápido de lo que pensamos. ¿Cómo vamos a asegurar gobernanzas profesionales y con capacidad técnica de nuestras empresas públicas de modo que incrementen su viabilidad y lideren la transformación necesaria en esas áreas estratégicas?
Se cumplirán 20 años de la frase “más y mejor Mercosur” y diez años de la frase “el Mercosur no puede ser una jaula de oro”, ambas pronunciadas por Tabaré Vázquez. Luego de dos décadas no tenemos ni mejor ni más Mercosur, y la jaula está lejos de ser de oro. La relevancia del bloque regional para nuestra economía es significativa, sobre todo para producción, en general de valor agregado, que exportamos y que difícilmente logremos colocar en otras latitudes. El Mercosur no puede ser concebido como la estación terminal de nuestra inserción comercial internacional. ¿Cómo vamos a profundizar la necesaria apertura al mundo? ¿Cómo vamos a seguir desarrollando incentivos para que se generen nuevos modos productivos en clave de futuro?
“Guardo escondida una esperanza humilde”, y es que nuestra democracia se fortalezca cada vez más, porque será una síntesis de bienestar colectivo y vigencia de nuestro contrato social. Para ello debemos asegurar el respeto irrestricto a las libertades, en particular a las más básicas de expresión y opinión, y cultura de gobierno que dialogue, respete y entienda empáticamente las bases sociales, disolviendo brechas entre élites gobernantes y ciudadanía.