La semana pasada el Parlamento aprobó un proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios (CJPPU), luego de un largo debate en el que estuvieron en discusión más de un proyecto alternativo.
Según el proyecto final, los 160 millones de dólares anuales necesarios para la CJPPU se obtendrán de diversas fuentes: un incremento gradual de la tasa de aportes de los activos que definirá el Poder Ejecutivo, que puede llevarla hasta el 22,5% (actualmente es del 18,5%), y un incremento de la edad de jubilación que operará de forma gradual para quienes nacieron a partir de 1969; un impuesto a los pasivos, que será del 2% para quienes cobran jubilaciones entre 39.456 y 65.760 pesos y del 5% para quienes tengan jubilaciones mayores a los 65.760 pesos; un aporte de la sociedad, derivado de fondos provenientes de Rentas Generales y del aumento del precio de los timbres profesionales, que pasarán a ajustarse por la evolución de los salarios.
El proyecto también habilita a la caja a emitir deuda con garantía del Estado por hasta 318 millones de dólares, siempre y cuando cuente con el aval del Poder Ejecutivo.
El contexto
Los ingresos de la CJPPU no son suficientes para hacer frente al pago de jubilaciones y pensiones, que hasta ahora eran cubiertos con reservas (ingresos de inversiones) de esa caja paraestatal.
Frente al agotamiento de las reservas, que se había estimado que se produciría este mes, políticos, técnicos y asociaciones gremiales de profesionales discutieron hasta el último momento sobre la reforma de la CJPPU.
En ese sentido, la CJPPU fue el último de los subsistemas previsionales no públicos en ser reformado después de la Caja Bancaria. Ambos cambios se produjeron tras la aprobación de la reforma de la seguridad social (Ley 20.130) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Esa reforma implicó, entre otras cosas, un aumento de la edad mínima de retiro (de 60 a 65 años), la posibilidad de que los jubilados sigan trabajando en el sector formal y aportando al Banco de Previsión Social y/o a otras cajas, cambios en el cálculo de la jubilación (se toman los mejores 20 años de aportes, en lugar de los mejores diez), la obligatoriedad de aportar a las AFAP para los trabajadores que comienzan una nueva actividad y la creación de un sistema previsional común hacia el que todos los subsistemas convergerán hacia 2042.
Si bien esta reforma implicó cambios para otras cajas, como la militar y policial, estas habían sido reformadas durante el período de gobierno que transcurrió entre 2015 y 2019, junto con la Caja Notarial.
¿Cuáles eran las alternativas?
El proyecto original del Poder Ejecutivo proponía obtener los fondos a partir de un mayor aporte de los activos (incrementando la tasa al 22,5% de forma directa), una serie de cambios paramétricos (como el aumento de la edad de retiro), un impuesto a los pasivos de la caja (también por franjas pero con mayores tasas) y un aporte del resto de la sociedad a partir de Rentas Generales y de incrementos en el costo de los timbres profesionales. Sin embargo, el “costo” de la reforma, en términos de la cantidad de dinero que aportaría cada grupo, se repartía de forma distinta entre los activos (42%), los pasivos (31%) y el resto de la sociedad (27%).
Inicialmente, la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto alternativo por el cual se pretendía obtener el 37% de los fondos mediante el aporte de la sociedad (Rentas Generales y suba de timbres profesionales) y sin incluir el aporte de activos y pasivos. Este proyecto también contemplaba la posibilidad de que la caja emitiera deuda con garantía del Estado para obtener los fondos faltantes.
Por último, el proyecto aprobado en el Parlamento plantea un aporte en partes iguales de la sociedad y los integrantes de la caja, lo que termina incrementando la contribución de la sociedad y alivianando la carga sobre activos y pasivos, un aspecto no exento de controversias, entre otras cosas, por sus efectos regresivos.
¿Esta reforma garantiza la solvencia de la caja?
Los cambios aprobados buscan garantizar la solvencia de la CJPPU en un horizonte de largo plazo. Sin embargo, nada garantiza que en ese período no se produzcan cambios que conduzcan hacia una nueva reforma.
Los cambios demográficos, entre ellos el envejecimiento poblacional y la baja de la tasa de natalidad, están obligando a distintos países a reformar sus sistemas previsionales, con el objetivo de garantizar la solvencia financiera.
¿El proyecto aprobado es “justo”?
La Constitución de nuestro país otorga el derecho a jubilación a todos los trabajadores y obliga al Estado a garantizar su pago.
Sin embargo, consultado acerca de la posibilidad de que algún grupo no hiciera aportes a la solución de la caja (como el proyecto que proponía la Cámara de Diputados), el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, advirtió que “no hay justificación alguna para que [...] los ciudadanos tengan que contribuir por la totalidad o por una porción alta” a la solución de la CJPPU. La solución debe ser equilibrada, “supone que las dos partes contribuyan, los activos y pasivos, y que haya una contribución adicional del resto de los ciudadanos, pero moderada”.
Por este motivo, cuando se le consultó por la solución aprobada, señaló que “hubiese preferido otro acuerdo”. Similar fue la opinión del presidente de la CJPPU, Daniel Alza, quien, tras celebrar que se alcanzó una solución al problema, aclaró que “no es la mejor”.
En otra línea, algunos gremios de profesionales no se mostraron conformes con el proyecto, debido a que no se trató la situación de los profesionales que no hacen aportes a la caja porque trabajan en relación de dependencia. Además, argumentan que la mayor tasa de aportes producirá una fuga entre los profesionales que actualmente aportan.
Finalmente, en lo que respecto al gravamen que se aplicará a los pasivos, la Asociación de Afiliados a la Caja dijo que estudiará la inconstitucionalidad de ese gravamen.
Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.