Las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) de este año se celebran en un momento de gran incertidumbre económica y de intenso escrutinio de las capacidades y la estrategia de la institución. Los críticos de la izquierda sostienen que el FMI impone medidas de austeridad regresivas a los prestatarios, lo que agrava la pobreza, obstaculiza el crecimiento económico y socava su capacidad para lograr la sostenibilidad de la deuda. Por su parte, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al FMI de “desviarse de su mandato”, alegando que se ha alejado de su cometido fundamental de mantener la estabilidad macroeconómica.
Aunque no todas estas críticas son válidas, el propio FMI reconoce que la reforma es esencial. Sus investigadores ya han identificado cambios cruciales, y sus directivos los han reconocido. Pero el Fondo ha tardado en ponerlos en práctica.
Las conclusiones sobre austeridad del Fondo de 2016 son un buen ejemplo de ello. Hace diez años, los economistas del FMI demostraron que recortar el gasto público durante una crisis agrava la desigualdad, perjudicando tanto el “nivel como la sostenibilidad del crecimiento”. Una razón clave tiene que ver con los “multiplicadores fiscales”: el impacto de los cambios en el gasto público sobre el PIB.
Como ha demostrado el Banco Mundial, el gasto en programas de protección social, como la ayuda en efectivo a los pobres, puede generar enormes beneficios, ya que cada dólar gastado aporta 2,50 dólares a la economía local. La dinámica es clara: los hogares de bajos ingresos gastan el dinero que reciben en bienes y servicios, lo que impulsa a las empresas a expandirse y contratar más empleados, quienes a su vez aumentan su propio gasto. Pero lo contrario también es cierto, ya que cada dólar recortado del gasto social retira 2,50 dólares de la economía.
Sin embargo, la austeridad sigue siendo un elemento central de los programas del FMI. Como resultado de ello, el crecimiento queda sistemáticamente por debajo de las previsiones del Fondo –en otras palabras, cuanto más estricta es la austeridad, mayor es la brecha–. Las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda en las que se basan los programas del FMI, por lo tanto, suelen resultar inexactas, lo que deja a los países que cumplen con las exigencias del Fondo necesitados de financiación de emergencia adicional.
Del mismo modo, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha pedido que se aumenten los impuestos a los ricos, con el argumento de que la fiscalidad progresiva es la herramienta más eficaz de los gobiernos para financiar los presupuestos estatales y reducir la desigualdad sin perjudicar el crecimiento. Por el contrario, los impuestos regresivos, como el impuesto al valor agregado (IVA), socavan el crecimiento al profundizar la desigualdad, debilitar el consumo y desalentar la inversión y la creación de empleo. A pesar de estas conclusiones, gran parte del asesoramiento oficial del FMI en materia de políticas sigue promoviendo medidas fiscales regresivas para los países de bajos y medianos ingresos.
Esta brecha entre el principio y la práctica también es evidente en la comprensión limitada que tiene el FMI de la política y la economía política. Un abrumador 85% de los jefes de misión del Fondo señalan que las cuestiones políticas son la “principal barrera” para la aplicación de los consejos de política del FMI y la institución; sin embargo, sigue contratando únicamente a economistas. Su falta de experiencia política y de conocimiento específico de cada país es, por ende, una cuestión de política, no un descuido.
Para ver los fracasos del FMI en acción, basta con detener la atención en Egipto. Tras participar en cuatro programas sucesivos del FMI durante los últimos diez años, el país hoy es el tercer mayor deudor del Fondo en términos absolutos, con una deuda pendiente de 9.400 millones de dólares. A cambio de estos préstamos, el gobierno recortó los sistemas de protección social universal, redujo el gasto social y aumentó impuestos regresivos como el IVA y los aranceles aduaneros.
Lo que Egipto no hizo –al menos en un principio– fue abordar la enorme red de empresas de propiedad del ejército que disuade la inversión privada y agota los recursos públicos. El FMI no conocía lo suficiente la economía política de Egipto como para incorporar esta cuestión en sus primeros programas de préstamos. Recién en 2022, tras haberle prestado a Egipto 20.000 millones de dólares a lo largo de seis años, el Fondo finalmente comenzó a imponer condiciones a las empresas de propiedad del ejército.
En su mayor parte, el FMI se ciñó a su estrategia tradicional, con resultados previsibles. Las medidas de austeridad y fiscales agudizaron la pobreza, deprimieron la demanda interna y provocaron la contracción del sector privado en 106 de los últimos 120 meses. El PIB de Egipto se redujo de 351.000 millones de dólares en 2016 a 349.000 millones de dólares en 2025, a pesar de que la población creció un 30%. Mientras tanto, la deuda externa se triplicó. El año pasado, los egipcios constituyeron el segundo grupo más numeroso de migrantes indocumentados en llegar a Europa, lo que refleja el aumento de la pobreza y la falta de oportunidades laborales en el país.
La estabilidad macroeconómica depende de la sostenibilidad de la deuda, lo que a su vez requiere un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible. Para cumplir su mandato, el FMI debe, por lo tanto, diseñar programas específicos para cada país que sean políticamente sensibles y que incorporen sus propias conclusiones sobre lo que impulsa –y socava– el crecimiento. En lugar de imponer austeridad, esos programas deberían tratar de aprovechar las inversiones públicas en protección social y servicios esenciales. También deberían incluir impuestos progresivos, junto con medidas para fortalecer la capacidad de recaudación fiscal de los gobiernos.
La revisión del diseño y la condicionalidad de los programas del FMI, que se repite cada decenio y que actualmente se encuentra en curso, le ofrece al Fondo la oportunidad de abandonar las recetas de políticas obsoletas y contraproducentes y de invertir su dinero en base a sus investigaciones, adoptando el enfoque basado en la evidencia que su propio personal y sus directivos reconocen como necesario. En medio de una creciente volatilidad económica, el timing no podría ser más crítico. El FMI y sus accionistas no deben dejar pasar esta oportunidad.
Timothy Kaldas es subdirector del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio. Copyright: Project Syndicate, 2026.