Uruguay alcanzó el menor riesgo país de América Latina y hoy puede endeudarse en los mercados internacionales pagando una de las primas de riesgo más bajas del mundo. En algunos momentos, incluso, el país llegó a financiarse a un costo menor que economías europeas como Francia e Italia.
Aunque se trata de un indicador técnico, sus efectos van mucho más allá de los mercados financieros. Un menor riesgo país reduce el costo del financiamiento para el Estado y para las empresas, mejora las condiciones para invertir y refleja la confianza de los inversores en la estabilidad económica e institucional del país, dijeron a la diaria distintos expertos.
Los especialistas Silvia Rodríguez, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Ramón Pampín, gerente de PwC, y Marcos Soto, decano de la UCU Business School, coincidieron en que este resultado es producto de décadas de disciplina macroeconómica, una gestión profesional de la deuda pública y reglas institucionales estables. Sin embargo, advirtieron que el país enfrenta una nueva prueba: el desafío de los próximos años no será únicamente conservar esa posición privilegiada, sino transformar esa fortaleza financiera en mayor crecimiento, productividad e innovación.
Una ventaja frente a la región
Rodríguez, que tiene una maestría en Economía y es docente de la Universidad de la República, explicó que el riesgo país mide la sobretasa que debe pagar un Estado cuando se financia en los mercados internacionales respecto de la tasa que paga el Tesoro de Estados Unidos. “Si el indicador de riesgo país de Uruguay alcanzara los 100 puntos básicos, esto implica que los inversores le prestan al gobierno de nuestro país a una tasa de interés 1% más alta que la correspondiente a Estados Unidos”, explicó, y señaló que cuanto menor es el riesgo país, mejores son las condiciones para acceder al financiamiento en los mercados internacionales.
En la misma línea, Pampín, dijo que el principal beneficio inmediato es la posibilidad de que el país se financie a tasas más bajas. “El mercado está posibilitando que podamos colocar deuda soberana a un precio bajo”, señaló. Sin embargo, sostuvo que el impacto del indicador va mucho más allá de las condiciones de endeudamiento.
Explicó que existe un efecto indirecto asociado a la imagen que proyecta Uruguay en el exterior. “Hay una externalidad positiva que es la percepción que puedan tener los mercados de que Uruguay es un buen lugar para hacer negocios”, afirmó. A su juicio, el riesgo país y el grado inversor son herramientas complementarias que ayudan a sintetizar, ante los inversores internacionales, múltiples aspectos vinculados a la solidez económica y financiera de un país.
Para Soto, magíster en Dirección y Administración de Empresas y contador público, se trata de un logro que trasciende los movimientos coyunturales de la economía y refleja una acumulación de credibilidad construida a lo largo de décadas. “Los mercados ven a Uruguay como un país cuasi libre de riesgo”, afirmó al analizar los últimos datos. Para el experto, se trata de un hecho “histórico” en términos de percepción internacional sobre Uruguay y constituye una de las principales fortalezas que el país ha logrado consolidar en los últimos años.
Transformaciones económicas y sociales
Para Rodríguez, el principal valor de mantener un riesgo país reducido es que permite acceder a recursos en mejores condiciones para financiar transformaciones económicas y sociales. “Tener el menor riesgo país permite obtener financiamiento a menor costo, lo que abre mejores oportunidades para llevar adelante proyectos públicos y privados que contribuyan a transformar las estructuras económicas y sociales del país”, afirmó.
El indicador de referencia internacional es el EMBI, elaborado por el banco de inversión JP Morgan, mientras que en nuestro país República AFAP elabora mediciones específicas para la deuda pública local. Actualmente, Uruguay registra uno de los niveles más bajos de la región, como enfatizó el ministro de Economía y Finanzas días atrás. Al 22 de junio, el indicador se ubicaba en torno a los 59 puntos básicos, lo que implica que el país se financia apenas 0,59% por encima de Estados Unidos, señaló la experta, y remarcó que, en comparación, el promedio regional se encontraba en 247 puntos básicos.
Por detrás de Uruguay aparecen Chile (82 puntos básicos), Paraguay (99) y Perú (108), mientras que Brasil registra 176 puntos básicos y Argentina se ubica en el entorno de los 420.
Un beneficio que alcanza a las empresas y a las familias
Aunque el riesgo país suele percibirse como un indicador lejano para la vida cotidiana, Pampín señaló que sus efectos terminan llegando a la economía en general. El economista explicó que Uruguay mantiene históricamente una situación fiscal deficitaria y que parte de sus necesidades de financiamiento se cubren mediante endeudamiento. En ese contexto, una reducción del costo financiero implica menores pagos de intereses. No obstante, reconoció que estos beneficios suelen ser difíciles de percibir de forma inmediata por los ciudadanos, porque se transmiten de manera indirecta mediante el funcionamiento general de la economía.
Por su parte, la investigadora del Cinve destacó que las ventajas de un bajo riesgo país no se limitan al gobierno. “Hoy en día el gobierno uruguayo puede financiarse a tasas de interés similares a las de Estados Unidos, y esta ventaja se traslada como un beneficio para todos los actores privados locales, ya que establece una referencia importante a la hora de determinar el costo de financiamiento en el mercado local”, afirmó.
Según Rodríguez, la estabilidad financiera que Uruguay ha logrado sostener durante años constituye un dato “especialmente relevante para la planificación de las inversiones de largo plazo del sector privado”. Asimismo, la experta destacó que un bajo riesgo país es un factor clave para proyectos de inversión de largo plazo, ya que brinda previsibilidad a empresas y familias.
En su visión, “tener el menor riesgo país permite obtener financiamiento a menor costo, lo que abre mejores oportunidades para llevar adelante proyectos públicos y privados que contribuyan a transformar las estructuras económicas y sociales del país. El menor costo del financiamiento debe interpretarse como una condición fundamental para estimular la inversión, generando una mejor plataforma para enfrentar los importantes desafíos que enfrenta nuestro país. Los proyectos de futuro de las familias y las empresas se encuentran en buena medida determinados por las condiciones financieras, y el mantenimiento de niveles bajos de riesgo país debe considerarse un vehículo que facilita la concreción de transformaciones”, señaló.
Por su parte, Joaquín Pascal, economista del Centro de Estudios Etcétera, señaló el 21 de mayo en una columna publicada en la diaria que una de las principales consecuencias de mantener una prima de riesgo reducida es que brinda un margen adicional para orientar recursos hacia otras prioridades. En particular, sostuvo que menores costos financieros permiten liberar fondos para políticas sociales, inversiones en infraestructura o iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, ampliando así las posibilidades de transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento de largo plazo.
En la misma línea, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, sostuvo en una entrevista con la diaria hace unas semanas que la mejora en la percepción de riesgo y en la credibilidad de las políticas económicas ya se está reflejando en las condiciones de financiamiento de la economía. “Uruguay hoy es el país que paga menos prima de riesgo de toda América Latina; hay días en los que abona menos que Francia o Italia”, afirmó. A su juicio, el país logró avances que muchas veces pasan desapercibidos para la población, pero que fortalecen la seguridad financiera local.
Tolosa destacó que Uruguay registró “la mayor caída de tasas de interés del mundo en el último año”, un fenómeno que atribuyó al fortalecimiento de la credibilidad de la política monetaria y a la confianza de los inversores en que la inflación permanecerá bajo control. Según explicó, mientras que hace poco más de un año el Estado se financiaba en pesos a tasas cercanas al 9,5% anual, actualmente esa referencia ronda el 6%.
Según el jerarca, esa reducción ya está llegando al sector privado. “Hoy tenemos empresas endeudándose a menos de 7% en moneda nacional, algo que era impensable hace un año”, afirmó. El jerarca sostuvo que el abaratamiento del crédito amplía las posibilidades de inversión y crecimiento. “Esta tasa de interés más baja gracias a la credibilidad del BCU libera energía, abre la posibilidad de nuevos proyectos empresariales que no estaban siendo viables hasta ahora”, señaló, y agregó que el crédito empresarial en pesos se está convirtiendo en “un motor de crecimiento del país muy importante”.
Instituciones sólidas y una política de Estado
Consultada sobre por qué Uruguay es percibido como un mercado menos riesgoso que otras economías latinoamericanas más grandes, Rodríguez señaló varios factores. “Sin duda, el historial de cumplimiento de nuestras obligaciones financieras, aun en circunstancias críticas como las que Uruguay enfrentó a principios de este siglo, constituye un factor explicativo muy importante”, sostuvo. A eso sumó más de dos décadas de “políticas fiscales prudentes” y la consolidación de “condiciones sólidas” en materia monetaria y financiera.
No obstante, enfatizó especialmente el papel de las instituciones y de la gestión de la deuda pública. “Hay que destacar el papel que han desempeñado, por un lado, las fortalezas que han caracterizado al funcionamiento institucional del país y, por otro lado, la gestión profesional del endeudamiento público que ha llevado adelante el Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio de signo político en las responsabilidades de gobierno no ha modificado las pautas referidas al estricto cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió el Estado ni ha afectado a la gestión de la deuda pública, que se ha convertido en una suerte de política de Estado”, indicó.
Por su parte, Soto señaló que el bajo riesgo país debe entenderse como parte de un conjunto de activos institucionales y económicos que Uruguay ha acumulado a lo largo de los años. “Es un stock, es un activo que se va acumulando a lo largo del tiempo y que se ratifica”, explicó. A su juicio, el dato adquiere aún más relevancia en una región caracterizada por episodios recurrentes de inestabilidad económica y política.
“Más allá de las discusiones domésticas y las controversias políticas, el mercado sigue percibiendo a Uruguay como una economía sólida, estable y que cumple con sus compromisos”, señaló. Según Soto, la calidad institucional, la estabilidad democrática y la previsibilidad de las políticas públicas continúan siendo elementos diferenciales del país frente a buena parte de América Latina.
En la misma línea, Pascal sostuvo que esas fortalezas de Uruguay adquieren un valor aún mayor en el contexto internacional actual. Según señaló, la reciente caída del riesgo país “consolida una percepción favorable de los mercados internacionales, en el marco de un escenario internacional particularmente convulso e incierto”.
El economista recordó que el mundo atraviesa un período marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y condiciones de financiamiento más restrictivas tras el shock inflacionario global y la guerra en Medio Oriente. En ese escenario, “los inversores tienden a adoptar posiciones más conservadoras y buscan reducir su exposición a los activos riesgosos o a exigirles mayores compensaciones (tasas de interés más altas)”.
Frente a ese contexto, afirmó que “las virtudes y diferenciales de Uruguay en materia de estabilidad institucional y reputación adquieren una importancia mayor, transmitiendo una señal de confianza ante un mundo crecientemente incierto y complejo”. Además, destacó que la gestión de la deuda pública, consolidada desde la salida de la crisis de 2002, ha contribuido a reducir la vulnerabilidad del país frente a los vaivenes internacionales.
El desafío: la estabilidad no alcanza por sí sola
Los tres expertos coincidieron en que el liderazgo regional en materia de riesgo país representa una fortaleza importante, pero no constituye una garantía automática de desarrollo.
“Es una condición necesaria, pero no suficiente. [...] El crecimiento y el desarrollo también se juegan en otras canchas”, resumió Pampín. Además, sostuvo que Uruguay debe avanzar simultáneamente en múltiples áreas para aprovechar plenamente esta ventaja financiera. Entre ellas mencionó la necesidad de impulsar políticas de mediano y largo plazo vinculadas a la educación, la productividad y el fortalecimiento de las capacidades de la economía.
En la misma línea, Soto dijo que el verdadero reto sigue siendo impulsar una nueva etapa de crecimiento. A su juicio, Uruguay enfrenta demandas persistentes vinculadas a la pobreza infantil, la educación, la seguridad y el empleo, que requieren mayores niveles de dinamismo económico. “No solo alcanza con este resultado. Tenemos que seguir buscando mecanismos para crecer, insertarnos más en el mundo y transformar nuestra matriz productiva”, afirmó.
Por su parte, Rodríguez consideró que la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para avanzar, pero sostuvo que no es suficiente para alcanzar mayores niveles de desarrollo. “Los procesos de transformación que requiere nuestro país para avanzar hacia mayores niveles de desarrollo económico y social requieren esfuerzos coherentes entre las políticas públicas y las acciones de los trabajadores y empresarios”, concluyó.
