El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, pidió el martes que el Estado “vaya a buscar” al casi 2% de la población que es analfabeta, y aseguró que “muchos están en el sistema penitenciario o son sus familiares”. Su oficina comenzó a trabajar en el tema, convocando reuniones con delegados de los presos y autoridades de los centros, porque el tema le ha “sorprendido e impactado mucho; no porque no supiera”, sino porque “vemos cientos, si no miles”. En diálogo con la diaria, Petit aseguró que es necesario “mejorar y aumentar la dotación docente para trabajar con estas personas que son analfabetas, semianalfabetas o que tienen muchas dificultades para leer, escribir o hacer cuentas, y que son muchos”. La preocupación fue planteada durante la celebración de los 15 años del programa Educación en Contextos de Encierro (ECE), del Consejo de Educación Secundaria (CES).
“Sin pensar en cosas que deberían existir, que son un poco más sofisticadas, como un programa de adicciones, un programa de preparación para el egreso, un programa de atención a la familia... vayamos a lo más elemental: saber leer y escribir. ¿Qué posibilidades tiene una persona que no sabe leer y escribir cuando sale después de haber estado presa? ¿Qué trabajo puede conseguir? ¿Qué trabajo puede crear?”, se preguntó Petit, que consideró que “no podemos seguir regodeándonos en el 98% de alfabetismo en Uruguay y no ir a buscar a ese 2%”. Si bien el Consejo de Educación Inicial y Primaria realiza un trabajo de alfabetización, Petit aseguró que hay una “demanda invisible”, en referencia a internos a los que hay que ir a buscar.
Petit saludó que estos 15 años del programa ECE hayan permitido crear institucionalidad frente a las “chacras” que funcionan en distintos ámbitos estatales, y cuestionó que todavía no exista una política pública a nivel del sistema penitenciario, sino “impulsos” que en la mayoría de los casos actúan aisladamente. Alertó, no obstante, sobre la falta de funcionarios en ambas instituciones: por un lado, operadores o funcionarios policiales que aseguren el acceso de los reclusos a las aulas; por otro, docentes que den las clases. “Muchas veces, los internos no van porque no hay quien los lleve, porque no hay funcionarios o por motivos diversos, pero no puede ser que haya una negación al derecho de la educación dentro del propio Estado. El Estado debería estar como loco, recorriendo todo el sistema penitenciario para asegurar el derecho a la educación”, manifestó.
También consideró que otro desafío para la unidad del CES es “repensar los programas, que sean adecuados a una población adulta y con la particularidad de la privación de libertad”. Recordó una experiencia en la cárcel de Maldonado, un proyecto piloto financiado por la Unión Europea, que permitió “unir la formación clásica y la técnica”.
Convergencia
Durante la jornada del martes, en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores del Consejo de Formación en Educación, distintos actores rememoraron las etapas del programa ECE, que surgió en 2002 a raíz de un convenio entre el Ministerio del Interior y el CES. El título de la mesa del cierre fue “bifurcación y convergencia”, en alusión a la organización interinstitucional que implica el programa. Si bien cuando comenzó a funcionar el convenio las instituciones tenían caminos bifurcados, “vamos hacia la convergencia en esto de la interinstitucionalidad en el territorio, en la articulación”, opinó Sandra Gardella, coordinadora del programa. No obstante, consideró que la educación en la privación de libertad “es una cultura que todavía no está instalada”. Puntualizó que la introducción de la figura de los operadores penitenciarios “ha significado un avance tremendo”, porque permite “otro trato”, pero añadió que su introducción en las distintas cárceles todavía está en desarrollo; “hay más a nivel metropolitano, y hay mucha diferencia con el interior del país”.
Actualmente, unas 2.500 personas privadas de libertad van a clases en el marco del programa ECE. La meta es llegar, para el final del quinquenio, en 2019, a 50% de la población penitenciaria, aunque para eso, dijo Gardella y coincidió en este sentido con Petit, “faltan muchos recursos humanos”. Faltan docentes que estén interesados en dar clases en cárceles y formación para que los docentes puedan dedicarse a esta área. La tarea es complicada y tiene dificultades agregadas como, en muchos lugares, la falta de locomoción. En 12 unidades en el interior del país, y en dos en Montevideo, no llega el transporte local y los docentes “se deben proveer el traslado”. “En Montevideo pasa en Punta de Rieles y en el Comcar: los ómnibus sólo entran los días de visita, y nosotros damos clase cuando no es día de visita”, explicó.
También coincidió en que en muchos centros penitenciarios el problema no es la inscripción de los estudiantes, sino que efectivamente puedan concurrir a clase, y comentó que este año se inscribieron 300 personas en un turno en el Comcar, pero acudieron 120. Para que los presos salgan hasta los salones deben ser acompañados por funcionarios que los lleven y se hagan cargo de su seguimiento. Sobre el egreso de los estudiantes, Gardella opinó que no son tantos los egresados “como quisiéramos”, entre otras cosas porque 80% de los estudiantes todavía no tienen pena, entonces “no sabés cuánto tiempo los vas a tener”. También es difícil el seguimiento cuando un preso es trasladado a otra cárcel, porque los docentes no reciben esa información si no consultan, y muchas veces entre el traslado y que lo vuelven a ubicar “pueden pasar siete u ocho semanas durante las cuales no fue a clase”. La coordinadora informó que en 2016 egresaron 42 estudiantes del programa y que este año hubo 50 inscriptos en la Universidad de la República.
La directora general del CES, Celsa Puente, también participó en la mesa de cierre de la jornada. Opinó que el programa creció “desde lo organizacional y administrativo”, lo que hizo que “empiece a tomar forma”, pero que también creció desde lo pedagógico, porque “no se puede hacer más de lo mismo, porque estas personas están en una situación de vida en la que necesitan otras cosas de nosotros, y necesitan que no les retaceemos saber, al contrario, pero que lo pongamos disponible de otra manera”.
Un consejo específico
Petit hizo una propuesta concreta, que tomará forma de recomendación, y es que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) cree una “rama de educación para la privación de libertad”, como subsistema en sí mismo o como una agencia, de forma que exista un organismo de educación especializado en quienes están privados de libertad. “Debe haber programas específicos, una pedagogía, especializaciones, favorecer a las personas que se van a dedicar a eso”, y enfatizó que debe haber “estímulos” para quienes toman esta orientación.
Además, y en relación con el nombre del programa, planteó que hay que “desterrar la idea de cárcel como encierro”, ya que las cárceles “son un lugar de educación, de rehabilitación”. Si bien reconoció que las palabras no cambian la realidad, hablar de educación en contextos de privación de libertad “puede ayudar” a trabajar en la “negación cultural que existe, muy fuerte, frente a eliminar el encierro”.