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Cuestionamiento al uso de la categoría de bullying para atender situaciones de violencia por orientación sexual: uno de los temas planteados en la jornada sobre educación sexual

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El Programa de Educación Sexual (PES) de la Administración Nacional de Educación Pública cumplió diez años desde que se aplica en las aulas, y después de presentar, a principio de año, una evaluación sobre su trayectoria, el PES organizó la jornada internacional Educación sexual en el sistema educativo: vigencia y perspectivas, que se celebró ayer. Según explicó el coordinador del programa, Diego Rossi, el objetivo era analizar con académicos, docentes y técnicos de distintas disciplinas “por dónde podríamos profundizar la educación sexual en el sistema educativo”, y se plantearon cuatro posibles líneas de trabajo sobre las que la educación sexual “puede y debe dar respuestas y herramientas”: masculinidades, embarazo en la adolescencia, redes sociales y violencias.

En la mesa que abordó el tema violencias, Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, planteó la problemática que suponen los embarazos forzosos, aquellos que surgen de “relaciones abusivas entre adolescentes y adultos”, aunque las adolescentes o niñas presenten a sus parejas como “el novio” o “mi marido”. Estas relaciones, describió, están marcadas por una diferencia de edad entre el adulto y el niño o adolescente de al menos diez años, involucran a niñas menores de 14 años y son abusivas porque “independientemente de la voluntad, de la elección, cuando nosotros hablamos de relaciones violentas o donde existe abuso de poder y un abuso sexual por parte del adulto al adolescente, el consentimiento no tiene valor”. Bajo esta perspectiva, los embarazos que resultan de este tipo de relaciones “son situaciones abusivas, es un embarazo forzoso o forzado. Y esa es una consideración muy importante, porque en general, cuando hablamos de embarazo y de maternidad, hay un elenco de medidas y de respuestas que, de alguna manera, tienden a acompañar a esa adolescente en la decisión que pueda tomar respecto a seguir con ese embarazo o no. Pero si nos ubicamos en un contexto en el que pensamos que es producto de una relación de abuso sexual deberíamos tener otros posicionamientos”, apuntó. Tuana explicó que para muchas organizaciones sociales “un embarazo en un contexto abusivo debe ser catalogado como un grave daño para la vida de esa adolescente”. De ahí que consideren que en niñas menores de 14 años, en contextos de relaciones abusivas, “esos embarazos siempre deberían ser interrumpidos”. Tuana reconoció que es un posicionamiento “bastante radical, muy debatible, pero del que estamos cada vez más convencidas”.

Ante la consulta sobre cómo ayudar a una niña con un embarazo forzoso, Tuana añadió luego que “no se debe cargar a los niños con una decisión en ninguna situación de violencia”, y si bien aseguró que “su voz debe ser escuchada”, consideró que hay “determinadas circunstancias que hacen a la protección que tienen que ver con el mundo adulto”. Interrumpir un embarazo de una niña de hasta 13 años “es muy fácil cuando los médicos nos dicen que hay riesgo de vida, pero cuando no hay riesgo de vida y hay otros que muchas veces son peores –porque luego hay muertas en vida–, hay una responsabilidad también desde el mundo adulto de generar una reducción de daños”.

En la mesa sobre violencias también participó Sergio Meresman, psicólogo que se ha dedicado a trabajar en salud sexual y reproductiva con personas con discapacidad. Aseguró que es fuerte “la exposición, la frecuencia y la naturalización del maltrato a niñas con discapacidad”, y consideró que la violencia debe ser tratada “como un síntoma a ser entendido, a ser trabajado”. Entendió que la violencia “ataca la igualdad de las personas”, y desde esta perspectiva, las personas con discapacidad son una población vulnerable “porque son puestas en un lugar inferior”.

Mary Guinn Delaney, asesora regional de la UNESCO, planteó que la violencia académica existe y comienza a manifestarse en la preadolescencia, “cuando las niñas empiezan a perder interés o no sentirse apoyadas para trabajar en matemática y ciencias”, por lo que consideró que un programa de educación sexual integral debe incluir contenido explícito sobre género. En referencia a la violencia de los adultos hacia los niños en el ámbito escolar, Guinn advirtió que “el silencio de los adultos cuando presencian violencia hacia niños muchas veces es peor que la violencia en sí”.

Contra el bullying

Diego Sempol, integrante de Ovejas Negras, puso en cuestión la categoría de “bullying” para entender los fenómenos de violencia por orientación sexual, porque, aseguró, “refuerza la heteronormatividad”. “¿Por qué esta categoría ha sido tan seductora, tan eficiente, y ha ingresado a todos los campos, todos los sistemas educativos, desde los más conservadores hasta los mas progresistas? Tiene que ver con que la categoría da una respuesta a un problema que es evidente y que no se puede tapar, pero por otro lado es una respuesta de mínima, que contribuye significativamente a despolitizar”, dijo. Explicó que el bullying prevé un agresor y una víctima, “hace un recorte en los individuos”, y propone atender esa situación. “Para la institución y los actores implicados estoy dando una respuesta al problema, pero, al mismo tiempo, en realidad sigo reforzando ciertos implícitos universales que están habitando en mi propia institución”. “Si un gurí le dice a otro ‘puto’, no es sólo porque lo aprendió en el barrio, sino porque en el centro educativo hay, claramente, una cultura institucional que dice que ciertas formas de habitar la sexualidad o el cuerpo son problemáticas”, afirmó Sempol, y puso como ejemplo también la situación de las mujeres trans. “Puedo ser un director sensible y dejarle que use el baño de los profesores, pero mientras haya baños para nenas y nenes en la institución, y siga pensando que [el concepto de] nenas y nenes tiene que ver con la anatomía, en realidad podré trabajar en la discriminación que vive la persona trans en la clase, pero la lógica institucional está reforzando que ese cuerpo no tiene lugar en la institución”.

Sempol opinó que estamos “en un momento de fuerte embate de lo que se viene logrando en los últimos diez años”, y consideró que la forma de mejorar es “reforzar presupuestalmente lo que se viene haciendo”. “Tener más referentes de educación sexual, más formación de referentes, más formación de todos los implicados en la comunidad educativa; los directores, los adscriptos, tienen un rol decisivo a nivel institucional, y escasamente hemos logrado involucrarlos a nivel de procesos de formación”, aseguró.

Con las familias, aunque no hablen | Si bien no se refirió a la Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria, guía que se presentó en julio y generó una importante polémica y repercusiones como el surgimiento de un grupo de padres que se denomina “A mis hijos no los tocan”, Rossi aseguró que la educación sexual “es un derecho de los niños, niñas y adolescentes” pero no implica “dejar excluida a las familias de la propuesta educativa, sino entrar en diálogo con ellas en un marco de derechos”. Sin embargo, planteó que hay muchas familias “que de estos temas no hablan, y el sistema educativo tiene un rol fundamental de promover derechos”.

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