Para este quinquenio de gobierno, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se ha propuesto dotar de mayor participación a las comunidades educativas ubicadas en distintos territorios a lo largo y ancho del país. Una apuesta fuerte de la actual administración que va en esa línea es darles vida a comisiones departamentales territoriales para que integren a los distintos subsistemas de la ANEP, que, más allá de dar lugar a los mismos niños y adolescentes para el estudio, no siempre trabajan de forma articulada.
El objetivo de coordinar acciones y darles voz a las demandas de los actores del territorio es poner en el centro el tiempo del estudiante, y que no sea este el que únicamente deba adaptarse a los tiempos de las instituciones del sistema educativo. Además del trabajo en las comisiones, en todos los departamentos se han formado Unidades de Coordinación Departamental de Integración Educativa (UCDIE) para colaborar con el desarrollo de las políticas educativas planteadas por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP. Entre ellas se destacan la línea de inclusión educativa de la población de entre 12 y 17 años, el logro de trayectorias educativas continuas, completas y protegidas, y la ampliación del tiempo escolar.
En el caso del departamento de Cerro Largo, la comisión es integrada por la UCDIE, representantes de cada uno de los subsistemas de la ANEP, y también participan una arquitecta y una abogada. En diálogo con la diaria, la presidenta de la comisión descentralizada del departamento, la maestra inspectora Socorro Sosa, destacó que, más allá de que todos provienen de distintos subsistemas, tienen en común que son docentes, con todo lo que ello implica. Sosa hizo énfasis en que el trabajo de la comisión no se resume a la suma individual de cada uno de los subsistemas sino que se trata de un espacio propio de articulación y pienso que se basa en los cuatro principios de gobernabilidad educativa definidos por la ANEP: calidad, inclusión, integralidad y participación.
Según consideró, el trabajo cotidiano en el departamento busca hacer visible al alumno de la educación pública y a sus avances y obstáculos para contribuir a que pueda superarlos. Uno de los ejes vertebradores del trabajo de la comisión es la continuidad educativa, y para ello se pretende “recuperar al alumno en la mirada territorial”, señaló la docente. En suma, desde dicho espacio se piensa en una oferta educativa para que los jóvenes se mantengan en el sistema y para que quienes hayan suspendido los estudios los retomen.
Sosa indicó que si bien en un principio el trabajo de la comisión pasaba principalmente por atender demandas edilicias, con el correr de las reuniones fueron “leyendo el territorio en clave de preguntas” realizadas a partir de la práctica docente y numerosas visitas realizadas a las instituciones educativas del departamento. Por ejemplo, ello les permitió reflexionar acerca de que, más allá de que egresen de un subsistema a otro, el estudiante es el mismo. A partir de esa base, desarrollaron proyectos que le pudieran dar continuidad a su trayecto por el sistema educativo. Por ejemplo, tienen un proyecto, financiado por el Codicen, por el cual, a partir de una mirada de territorio en la integridad y la integración, se busca que el pasaje de la escuela al primer año de la educación media no implique un corte drástico en la vida de los niños. Los ejes prinicipales del proyecto son la lectura y la escritura, competencia fundamental que el Consejo de Educación Inicial y Primaria fijó como meta departamental y nacional, al que también se suma “un componente de disfrute”, con el propósito de que los alumnos encuentren oferta educativa que les guste, detalló Sosa. La maestra comentó que también se trabaja sobre las ciencias naturales y sobre la competencia de inclusión digital, en vínculo con el Plan Ceibal.
En números
A partir de un trabajo de georreferenciación y estadística, la comisión sabe que en 2016 el egreso de las escuelas públicas, privadas y de educación especial del departamento fue de 1.546 niños. En febrero de 2017, 1.541 de ellos estaban inscriptos en algún centro de educación media de Cerro Largo por opción de su familia, por lo que encontraron que faltaba concretar la inscripción de cinco estudiantes, a quienes lograron localizar. De los cinco quedaron sólo dos sin insertarse a la educación media porque, según explicó Sosa, provienen “de la ruralidad profunda” y tienen dificultades de acceso a los medios de transporte que los pueden llevar a los centros educativos más cercanos. En estos dos casos, mediante el trabajo en red e interinstitucional, la UCDIE les hizo llegar a los niños una computadora y les permitió el acceso a talleres en línea, para que de esa forma puedan ser guiados en su inserción educativa, lo que Sosa definió como “la antesala para integrarlos en 2018”.
A partir de agosto, las instituciones educativas del departamento comenzarán a trabajar en la fase interciclo 2018, que supone el trabajo conjunto entre primaria y la educación media (UTU y secundaria). Para ello, se concretarán reuniones entre inspectores, directores y maestros de ambos subsistemas, lo que hasta ahora ha servido para que en forma presencial se puedan decir los logros y las dificultades a superar. “Los subsistemas se pueden mirar en grado de continuidad y no de corte; el alumno es el centro”, sostuvo la presidenta de la comisión.
Una vez que se cuenta con la certeza de que los estudiantes del departamento están anotados en un centro educativo, la comisión también se ocupa del acompañamiento, para evitar su desvinculación del sistema. Para lograrlo también se trabaja a partir de proyectos que deben ser avalados por el Codicen, y es fundamental el rápido acceso a las faltas y asistencias de los jóvenes que ofrece la plataforma digital Gurí, mediante la cual se pasa la lista en forma electrónica.
Por ejemplo, ilustró con el caso de un estudiante al que contactaron en una recorrida por territorio, que no estaba en el centro educativo al que debía concurrir en ese horario. A partir del acceso a los datos alojados en Gurí, se constató que el joven casi no estaba asistiendo a su lugar de estudio. El motivo era que su abuela era ciega y él tenía que permanecer en su casa para acompañarla, por lo que, a partir de una coordinación con el Sistema Nacional de Cuidados, se logró brindar una solución que permitió que el joven volviera a estudiar.
De todas formas, Sosa hizo énfasis en que no se pretende que la familia deje en manos de la institución educativa lo que le corresponde en la educación del niño, pero el sistema se encarga de pensar y ejecutar proyectos que lo hagan posible. En palabras de la maestra, se trata de “seguir manteniendo la contribución en la articulación de esa familia que está esperando ser orientada, no que se decida por ella”. En esta línea de trabajo, un objetivo fundamental de la comisión es dotar a las familias de herramientas para que sepan cómo informarse de la oferta educativa, a la que se puede acceder en forma virtual. Entre otras acciones, para ello se va directamente al encuentro con las familias: se las visita en sus hogares, pero también se organizan reuniones en los centros educativos, donde también se reciben sus consultas.
Otras inclusiones
La comisión también ha pensado en la inclusión de los niños y jóvenes con discapacidad, donde la formación de maestros históricamente ha sido mayor que la de profesores de UTU y liceo. Por ello, primaria puso sus recursos de formación sobre la temática a disposición de los docentes de la educación media básica. Además, como la inserción en la educación media de los niños con discapacidad presentaba algunos problemas, a iniciativa de las dos escuelas especiales del departamento se formó una propuesta de Formación Profesional Básica (FPB) de UTU para atender a los alumnos con discapacidad y favorecer su futura inserción laboral. Recientemente el Codicen aprobó el lanzamiento de dos propuestas de FPB en la locación de las escuelas especiales, por lo que los profesores son los que van al encuentro de los niños.
Precisamente, otro cometido de la Comisión de Descentralización Territorial es que la infraestructura de la ANEP se use en forma conjunta entre los distintos niveles educativos. “Educación Especial tiene preciosas instalaciones para talleres de huerta y vivero y tiene talleres en los que la tecnología alimentaria, la cocina, los útiles y los profesores deben tener una continuidad”, señaló Sosa. En conjunto con la Comisión de Educación del departamento –en la que también está representada la educación no formal–, se han concretado proyectos piloto para la educación rural.
Sosa señaló que la idea de tener una escuela rural en cada paraje rural ha llevado a que 20 de esas escuelas estén cerradas en el departamento, porque no hay más matrícula. “La idea es georreferenciar proyectos educativos para todos. En ese sentido, con el apoyo de las autoridades de primaria, Cerro Largo lleva adelante proyectos de nucleamientos rurales”, detalló. Por medio del agrupamiento de escuelas rurales, el niño tiene un horario de tiempo extendido, se pasa de tener cinco a seis horas diarias de clase, y además se puede contar con un profesor de segundas lenguas, otro de educación física, y la posibilidad de que concurran padres y madres para terminar el ciclo básico sin necesidad de trasladarse a la ciudad.
Sobre este último punto, la presidenta de la comisión señaló que tienen dos experiencias de FPB rural dedicadas a los padres de los niños que van a la educación rural. Uno está en La Mina, donde concurren 50 alumnos de primaria y 15 del FPB de UTU. El otro se desarrolla en Cañas, donde hay 45 estudiantes de primaria y un FPB rural con énfasis en agricultura orgánica, en el que también han participado 15 personas.
Según explicó Sosa, desde la comisión se piensa la infraestructura de los centros en clave educativa, y sobre esa base, en conjunto con los arquitectos, se diseñan los modelos para el quinquenio. “Capaz que no tengo que hacer una reforma en cada escuela rural si esa escuela tiene un niño solo, o no voy a poder instalar educación media básica en todas las localidades rurales, pero sí puedo pensar cómo la infraestructura está al servicio de los agrupamientos [de escuelas rurales]. Lo potencio porque la escuela, el liceo o la educación media básica pueden venir al encuentro en donde haya aulas para todos. Eso es lo que está haciendo la arquitecta residente con los técnicos. Se piensan los edificios en línea con continuidad educativa de los estudiantes”, especificó.
Integrantes de la comisión también participaron en las mesas de desarrollo rural de Cerro Largo. En ese ámbito, en conjunto con otras instituciones del Estado, surgió la posibilidad de concretar proyectos productivos. En concreto, las casas de las escuelas rurales que han cerrado y las que tienen poca matrícula son ofrecidas a trabajadores rurales de la zona y sus familias para la realización de un proyecto productivo –por ejemplo, la cría de cerdos, de gallinas, o la agricultura orgánica–, según las posibilidades que brinde la zona.
En cuanto a la formación docente, desde la comisión se planteará en el próximo Consejo de Ministros abierto, que tendrá lugar en el departamento, la necesidad de contar con nuevas carreras en el territorio, en concreto, sobre educación inicial y la carrera de educador social.
Sosa considera fundamental el aspecto de coordinación del trabajo que posibilita la comisión. Dijo que antes de su existencia, mucho del trabajo que ahora lleva a cabo la comisión era efectuado por los propios docentes, pero ahora existe un espacio en el que se puede poner en común y pensar en conjunto en clave de sistema. La maestra sostuvo que siempre subyace “el compromiso de que la educación pública se visualice para todos, que a su vez tiene que ver con el compromiso y la ética docente”. Señaló, por último, que el trabajo docente es considerado constructor de la política educativa y no mero ejecutor.