Sobre las 18.00 del martes, las autoridades del Consejo de Formación en Educación (CFE) se dirigieron a la oficina central de esa institución, en Río Branco y Carlos Gardel, pese a que el local estaba nuevamente ocupado por los trabajadores; horas antes habían llegado a un acuerdo con estos en una reunión bipartita, y se iban a labrar las actas para que desocuparan pacíficamente el local.
El edificio había sido ocupado y desocupado el lunes, y en la mañana del martes los trabajadores, nucleados en la Unión de Funcionarios del Codicen (UFC), lo habían vuelto a ocupar, en reclamo de una equiparación salarial de los funcionarios administrativos de los 33 institutos de formación docente del CFE con los que trabajan en la oficina central. La diferencia salarial surgió a raíz de una resolución del Codicen de 2015, que establece el pago de una compensación a los administrativos de las oficinas centrales que realicen tareas de liquidación de sueldos. El sindicato reclama que se aplique el principio de “a igual tarea, igual remuneración”, y asegura que hay de 80 a 100 funcionarios administrativos de los institutos de formación que llevan a cabo esas mismas tareas pero no reciben la compensación. De hecho, las diferencias por este tema motivaron que desde octubre de 2017 los administrativos de los institutos descentralizados dejaran de hacer las tareas de liquidación de sueldos, ante lo que el CFE aprobó –pero nunca aplicó– una resolución que permitía descontar 25% del sueldo a quienes tomaran esa medida.
La ocupación del lunes terminó de noche, cuando efectivos del Ministerio del Interior concurrieron al local. Los funcionarios lo desalojaron voluntariamente, pero en la mañana del martes volvieron a ocupar la sede, en el entendido de que no se había producido una negociación con las autoridades del CFE. Los jerarcas propusieron una reunión vespertina en el edificio anexo de la sede, a la que concurrieron los dirigentes sindicales. Allí se acordó que se dejaría sin efecto la resolución que habilita al consejo a aplicar los descuentos, y que el lunes se instalaría una mesa bipartita de negociación sobre la equiparación salarial; el sindicato se comprometió, entonces, a desocupar el local.
Según explicó Naheria Pérez, dirigente de UFC, en la reunión se reconoció que la resolución del reclamo “no depende sólo del CFE, sino también de los recursos que brinda el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública [ANEP]”. Ambas partes acordaron “buscar todos los mecanismos” para obtener esos recursos, y Pérez destacó que es importante llegar a un acuerdo antes de que la ANEP presente su rendición de cuentas y pedido presupuestal: “Sabemos que la plata no aparece de un día para el otro, pero sí queremos que esté contemplada en el próximo presupuesto”. Advirtió que el sindicato ya está manejando una propuesta de transposición de créditos, ya que, debido al cambio en la certificación de las licencias por enfermedad que se hizo recientemente, se liberan recursos al dejar de pagar una emergencia móvil.