Este mes comenzó la cuarta edición del “Espacio de formación: enfoque socioeducativo para la promoción de derechos”, una serie de encuentros en formato taller dirigido a los actores de los liceos o escuelas técnicas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que desarrollan la estrategia de los centros educativos promotores de derechos (CPD). Los CPD son una iniciativa de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que comenzó en 2016 en 23 centros de educación media, en los que un referente del Mides trabaja con la dirección del centro, con los docentes y los estudiantes en torno a alguno de estos ejes: género, diversidad sexual, étnico-racial, salud, discapacidad, pertenencias, convivencia e itinerarios socioeducativos. El trabajo tiene una duración de dos años en cada centro educativo y apuesta a generar nuevas prácticas educativas sobre derechos humanos con los adolescentes. Según contó a la diaria Federico Graña, director de Promoción Sociocultural del Mides, este año se amplió la cobertura y hay CPD en todos los departamentos del país: actualmente funcionan en unos 50 liceos o escuelas técnicas.
En conjunto con el trabajo que se desarrolla en el centro educativo, la estrategia apunta fuertemente a la formación de los docentes en estos temas. Durante un semestre se generan instancias quincenales, de cuatro horas de duración, en las que se desarrolla cada uno de los ejes y un trabajo final relacionado con el desarrollo de un proyecto en el centro educativo. Mariana Silva, la directora de la División Socioeducativa de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural, explicó que para recibir la formación “no se precisa ser experto, sino recurrir a los saberes propios asociados a estos temas, que son producto de la convivencia cotidiana en los centros educativos”. “¿Qué me pasa como profe cuando tengo un gurí con discapacidad al que me encantaría incluir pero siento que no tengo las herramientas? ¿Cuando tengo un estudiante trans y no están resueltas todas las cuestiones cotidianas en el sistema educativo?”, ejemplificó.
Esta es la cuarta edición del espacio de formación; hubo una en 2017, dos en 2018 y este año volverá a haber dos. En promedio, entre 100 y 120 personas participan en los encuentros. Si bien en general los que acuden son profesores, directores o adscriptos, la formación está abierta a todos los actores que forman parte de los liceos o UTU; por ejemplo, en un caso concurrieron desde la directora del liceo, los docentes y hasta la auxiliar de limpieza, porque “es una referente para los gurises y sentía que quería estar preparada para poder responderles”. Las devoluciones de los participantes se repite año a año, comenta Silva: “Sin duda el común denominador ha sido la falta de herramientas que tienen desde su formación para abordar estos temas. Incluso hoy, en los institutos educativos, sigue presentándose de forma disociada el encare disciplinario de la matemática, la geografía o la historia, de estas cuestiones asociadas a la promoción de derechos. Los profes sienten que la formación es recontra necesaria”, porque reiteran que no tienen forma de trabajar con “toda esta diversidad”, lo que incluye desde situaciones de discapacidad, diversas identidades de género hasta situaciones de violencia entre los adolescentes.
Para Silva, que está al frente de las formaciones, “hace la diferencia” cuando también concurre la dirección del centro educativo: “Nos guste o no, la habilitación de las direcciones sigue siendo importante”. En todas las ediciones de las formaciones han asistido directores, aunque no son la mayoría. Otro de los aspectos que surgen en los talleres es que los docentes de liceos y escuelas técnicas “no tienen espacios para pensar; las coordinaciones a veces las terminan comiendo las cuestiones administrativas o los casos problemáticos. Eso es difícil, porque por más ganas que tenga un docente, sin aliados en el camino es muy difícil concretarlo”.
Ahora se nota
Una de las cuestiones que aparecen en el desarrollo de los encuentros, cuenta Mariana Silva, es que los docentes se empiezan a dar cuenta de muchas situaciones de discriminación que sufrieron sus estudiantes que “estaban naturalizadas, de que les pasaron por adelante un montón de gurises que se terminaron desvinculado del sistema educativo”. Ahora, “el choque dentro de los centros en términos de convivencia se nota”, señalan los docentes. Silva grafica con algunas situaciones que se repiten, como actividades de educación física diferenciadas por sexo para las que los docentes “se valen por lo que dice la cédula” incluso en caso de estudiantes trans; discriminación asociada a contextos socioeconómicos, como un docente que echó de clase a un alumno “porque tenía olor” u otro que puso un 1 de nota en un escrito a un estudiante trans porque firmó con su nombre y no con el que dice la cédula. “Estas cosas siguen pasando fuertemente, más aun en el interior del país”, afirmó la funcionaria.