Buena parte de la primera sesión del año del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) se pasó en el intercambio sobre el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que está en debate entre los diferentes partidos de la coalición. Tal como adelantó a la diaria el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, hay varios artículos que “preocupan” al cuerpo, ya que a su entender afectan directamente la dinámica cotidiana de la institución.
Los 18 consejeros presentes votaron a favor de una declaración elaborada por la mesa extendida del CDC en la que se expresa la voluntad de la Udelar de “aportar a la solución de los problemas que parecen motivar los cambios propuestos” en la LUC. Particularmente, solicitan “la apertura de un debate amplio y profundo en torno a estos temas” y subrayan que estos “cambios sustantivos” que están “bajo la figura de la ley de urgente consideración imponen un tratamiento sumario que condiciona el intercambio democrático”.
Casi todos los consejeros señalaron la importancia de que la Udelar se mantenga “abierta al diálogo” con el futuro gobierno nacional e indicaron que esta, al ser la principal institución educativa terciaria del país, debe pronunciarse también sobre otros temas presentados en el proyecto que van más allá de lo educativo.
Así las cosas, se propuso volver a convocar al grupo que debatió sobre seguridad el año pasado para que considere el capítulo particular que trata ese tema en el proyecto. Además, algunos decanos señalaron aspectos de la ley que afectan sus áreas de trabajo y consideraron apropiado que la Udelar discuta esta situación. Por ejemplo, la decana de la Facultad de Ingeniería comentó acerca de la eliminación de un plan de innovación, mientras que su par de la Facultad de Agronomía advirtió sobre los cambios en el Instituto Nacional de Colonización.
Entre los puntos que preocupan al CDC está el hecho de que la LUC elimina la prohibición del Estado a suscribir a acuerdos que signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización. Otro punto que preocupa a los consejeros es la eliminación de los espacios de coordinación institucionales entre los organismos de educación pública, sustituyéndolos por espacios que a su entender quedan librados a la voluntad política de los actores y que además incorporan actores públicos y privados “con muy diferente peso relativo e impacto cualitativo en la educación nacional”.
Además, en el CDC hay preocupación porque con la ley los organismos públicos ya no podrán contratar a las fundaciones de la Udelar, pero sí a las universidades privadas; y llama la atención la eliminación de la excepción que permitía comprar insumos científicos a través del mecanismo de compra directa.