El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, escribió en el espacio Blog del rector del sitio web de la institución un llamado a “la no utilización de una herramienta jurídica válida -ley de urgente consideración (LUC)– en un contexto donde su impacto distrae de las prioridades que impone la coyuntura y no asegura un tratamiento democrático sano”.
Arim apuntó a lo que entiende que es un “cambio de perspectiva” del gobierno, en tanto el presidente Luis Lacalle Pou había repetido que la prioridad era la emergencia sanitaria. Según entiende el rector, “el gobierno parece sentirse en condiciones de continuar con su plan de acción original al ritmo planificado durante los meses de transición y las dos primeras semanas de ejercicio gubernamental, combinando tratamiento parlamentario de las iniciativas del Ejecutivo con el manejo de la crisis sanitaria. Este enfoque presupondría que el Poder Ejecutivo entiende que la probabilidad de desembocar en escenarios críticos, como los vistos en otras latitudes, es suficientemente baja como para retomar agendas simultáneas y perentorias”.
Según el rector la urgencia del país está en “mejorar capacidades de diagnóstico e instrumentar enfoques terapéuticos en Uruguay con bases académicas sólidas”, y no es “momento para que las energías políticas del país resulten absorbidas por cien días en temas que no van a dar respuestas a estas emergentes urgencias”. Arim agregó que “procesar esta discusión bajo el signo de la incertidumbre sobre la capacidad de implementar un intercambio profundo no parece adecuado”.
La Udelar en la LUC
En cuanto a las propuestas de la LUC en materia educativa que conciernen a la Udelar, el rector puntualizó que “la nueva versión recoge algunas de las observaciones que la Udelar hiciera al borrador, a la vez que preserva sin modificaciones otros aspectos que señaló como preocupantes”.
Entre las modificaciones mencionó que se mantiene la excepción de las compras de equipamiento científico en la reglamentación de los límites de las compras directas de los organismos públicos, se estipula que el Plan de Política Educativa Nacional será coordinado por los organismos autónomos de la enseñanza, “preservando un espacio de definición estratégica propio del sector público, demanda explícita de la Universidad”, y “se incorpora expresamente la participación de la Udelar en las comisiones coordinadoras departamentales de educación y en la comisión nacional de educación no formal”.
Entre las sugerencias que no fueron recogidas, destacó “la ausencia de mecanismos de coordinación periódicos de los actores públicos”, y opinó que en el texto de la LUC “sobrevuela una renuncia a un verdadero funcionamiento de un sistema de educación pública”.