La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Pública (FUM-TEP) convocó en la noche de este miércoles a una intervención frente a la Torre Ejecutiva para “hacer visible que no estamos de acuerdo con lo aprobado en la ley de urgente consideración [LUC] en materia de educación”, según explicó a la diaria Gabriela Arbeleche, dirigente de la federación. “Tuvimos poca posibilidad de participar en el momento en que se estaba votando, por los tiempos que se dieron para que las delegaciones pudieran hacer sus intervenciones”, lamentó, y agregó que las movilizaciones de las distintas filiales estaban previstas para estos días; “no pensamos que fuera tan rápido el tratamiento final en el Senado”. Por ese motivo, dijo, los gremios “quedamos en el lugar de mostrar que no estamos de acuerdo, y no en poder seguir intentando cambiar voluntades”. En estas intervenciones se convoca a concurrir con el uniforme de trabajo, con cosas “para hacer ruido” y cumpliendo las medidas de cuidado por el coronavirus.
Arbeleche indicó que no fue una convocatoria multitudinaria porque se definió en el secretariado ejecutivo del martes, donde también se resolvió conformar una comisión específica para analizar el impacto de la ley y para colaborar con el análisis jurídico que comenzó el PIT-CNT sobre posibles inconstitucionalidades que contenga la norma.
“Planteamos que se apoye el análisis para ver la viabilidad de alguna recusación por la vía jurídica de artículos que sean inconstitucionales”, afirmó Arbeleche, e indicó algunos de los puntos más cuestionados y que se analizarán: “La pérdida de la organización estrictamente pública de la educación, la pérdida de autonomía de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] (que ya estamos viendo la injerencia que está teniendo el Ministerio de Educación y Cultura), la pérdida de los desconcentrados como consejos, la pérdida de la representación de los docentes en los consejos y también los cambios en el contrato laboral”.
En el secretariado de la FUM-TEP también se mencionó la posibilidad de impulsar una campaña de recolección de firmas para lograr la derogación de la norma, pero el tema todavía no se analizó. “No se descarta, como no se descarta nada”, comentó Arbeleche.