A raíz del vínculo con la educación privada de algunos de los hombres formalizados en el marco de la Operación Océano, que investiga varios casos de explotación sexual de menores de edad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) alertó este lunes sobre la falta de un protocolo para prevenir y sancionar el acoso sexual en este ámbito. En un comunicado mencionan que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó en 2014 la circular 6, que consiste en un Protocolo de Regulación de la Atención y Prevención del Acoso Sexual en la ANEP, “pero que no prevé, ni tiene alcance en la enseñanza privada, dejando sin mecanismos de auxilio a miles de estudiantes”.
Aseguran, a partir de la información revelada por la causa judicial, por la que se formalizó a uno de los fundadores del colegio St Clare’s, Ricardo Cirio, y a un docente del colegio Elbio Fernández, Nicolás Ortiz, que “evidenciado por las circunstancias, es claro que la ANEP está en una importante omisión en sus tareas de control de la enseñanza privada”.
Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep, había dicho a la diaria que en este caso se comprobó que “el zorro está dentro del gallinero”, y que es necesario adoptar medidas de protección. “Este problema pone de manifiesto una vez más, y desde un nuevo e importante ángulo, la desregulación en la que se encuentra la enseñanza privada. Aún en temas de tanta sensibilidad, donde la actuación del Estado debe ser fundamental en la aplicación de políticas de prevención y sanción, así como el control, supervisión y elaboración de protocolos que protejan la integridad y la dignidad de las y los estudiantes que asisten a los centros de enseñanza privada, señalan el comunicado, y advierten que en el proyecto de ley de urgente consideración, actualmente en discusión en el Parlamento, “este tema ni siquiera se menciona”.
“Resulta alarmante la desidia y el desinterés de las autoridades políticas ante un problema de tal magnitud. Alarma la poca relevancia que se le da al tema y la falta de soluciones”, cuestiona el Sintep, que exige la elaboración de mecanismos institucionales que “resguarden y cuiden a los estudiantes ante posibles casos de acoso, abuso u otras situaciones riesgosas”, para lo que se pone a disposición.