El lunes 3 la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay (CSEU) recibió por primera vez la propuesta presupuestal en la que trabaja la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el próximo quinquenio. El documento final, con el acuerdo de las partes, debe estar antes del 31 de agosto, por lo que los técnicos de la CSEU trabajan a contrarreloj para llegar con una propuesta a los ámbitos bipartitos.
Según comentó en diálogo con la diaria el coordinador de la CSEU, José Olivera, “más allá de la pandemia, hace mucho tiempo que se solicita información, para no llegar con los tiempos justos”. A su entender, “el presupuesto se ha manejado con cierta opacidad y secretismo. Esto ha sido una lógica en el marco del gobierno nacional y de la propia ANEP porque, a pesar de ser un ente autónomo, desde que los sindicatos comenzamos a pedir información sobre la rendición de cuentas del año pasado y la construcción presupuestal nos hemos encontrado con una férrea resistencia a brindarla”. “La rendición de cuentas se nos entregó después de estar publicada en la web y en el Parlamento”, ejemplificó.
Además, la CSEU señala que la información entregada por la ANEP “es fragmentada e incompleta”, en tanto no se compartieron aún los lineamientos estratégicos para el próximo quinquenio, “es decir que hay un análisis financiero pero no sobre lo que se proyecta para adelante”, destacó Olivera.
Programa de alimentación escolar
Una de las principales preocupaciones de la CSEU es el uso que dé el gobierno a lo recaudado con el Impuesto de Primaria. Según explicó Olivera, “hay una diferencia sustantiva en la línea de base de 2020 entre la propuesta de la ANEP y la del Poder Ejecutivo. Esa diferencia es el Impuesto de Primaria, que Rentas Generales debería volcar en la alimentación escolar. Parecería que este año el gobierno nacional estaría dispuesto a usar esos recursos, aunque tengan otro destino establecido por ley”.
Esta diferencia, agregó Olivera, no sólo implica una menor línea de base para la ANEP este año, sino que también permitiría justificar un “aumento en el presupuesto que no es tal, porque para el año que viene sí se destinaría el Impuesto de Primaria a sus objetivos, y de ahí se explicaría el aumento. Este es un tema que preocupa y mucho”.
Los números
Según una primera lectura del informe presupuestal que entregó la ANEP, “se observa un reajuste del presupuesto sobre la base de dejar de hacer cosas que habían mejorado las condiciones de trabajo y de aprendizaje”, dijo Olivera. Entre los otros elementos que están en revisión, el sindicalista mencionó la alimentación, la seguridad, los suministros y la limpieza.
De todas formas, “dentro de los reajustes para nosotros lo más importante son los programas que afectan las condiciones de estudio; están en revisión las políticas de alimentación, de extensión del tiempo pedagógico, la cantidad de estudiantes por grupo, se revisan los apoyos y tutorías; elementos que deberían ser reforzados hoy están fuertemente cuestionados”, afirmó Olivera.
La CSEU aún no conoce la propuesta salarial que tendrá la ANEP, pero Olivera adelantó que se está planteando analizar las suplencias y las horas de tutorías y apoyo “asociadas a funciones que han mejorado la atención al estudiantado”. A su entender, “el ajuste para los trabajadores viene por el lado de los puestos de trabajo y la rebaja salarial. Se está tratando de ajustar el presupuesto de la ANEP al pedido del Ejecutivo, que hoy no toma en cuenta ni siquiera la situación provocada por la pandemia”.
Olivera aseguró que la CSEU va a “seguir reclamando mejorar las condiciones de aprendizaje, esto implica analizar cuáles son las necesidades de la educación y hacer el costeo financiero correspondiente. Nosotros estamos estudiando responsablemente, aunque accedimos recién el lunes a la información parcial. Se puede ver que el problema ya es de carácter político, hay una decisión del gobierno nacional de procesar el ajuste en el empleo y el salario”.
Cuestionan certificaciones médicas
Olivera señaló como “muy preocupantes” los cuestionamientos que se hacen a las certificaciones médicas en la propuesta de la ANEP. El documento explicita que “para las certificaciones de más de determinada cantidad de días de duración” se analizarán “cambios en el financiamiento”.
Sobre este punto, que afecta particularmente al magisterio, Elbia Pereira, secretaría general de la Federación Uruguaya de Magisterio, cuestionó que “se pongan en tela de juicio las certificaciones médicas, sin tener en cuenta que la mayoría de las maestras somos mujeres y esto supone tareas de cuidados de niños y adultos mayores”.
También mencionó que se cuestionan “las suplencias que pretenden garantizar que todos los niños tengan un maestro al frente de la clase, se pone en cuestión el derecho a la alimentación escolar, también están en cuestión las horas de apoyo que suponen salas docentes, maestros comunitarios y dinamizadores, un conjunto de acciones que buscan garantizar mejoras de los aprendizajes. “¿Una optimización de recursos pasa por recortar estos aspectos?”, cuestionó.
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