Elbia Pereira: “Nada puede hacerse en una reforma educativa sin los docentes”

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De aquí para allá. Así lleva adelante su novel tarea como secretaria general del PIT-CNT Elbia Pereira, quien puso como condición no dejar hasta las próximas elecciones su cargo de secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM). “Full time”, dice que está en verano, y el resto del año no va a ser la excepción. La pérdida del salario real, los nuevos convenios, el recorte presupuestal en la educación y la transformación de la enseñanza que se avecina son los temas que más le preocupan hoy y que marcarán su agenda en 2022.

Entrevistada por la diaria, la maestra advierte que “si algo se contrapone” en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, el sindicalismo no descarta tomar medidas. Para Pereira, “es muy difícil” que “no exista conflictividad” si hay pérdida del salario real en los funcionarios públicos: “Ellos van a ser, en definitiva, los responsables de las supuestas conflictividades que quieren anticipar”, apunta, en referencia al gobierno.

Sobre la transformación educativa que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) prevé implementar en 2023, la sindicalista asegura que se está haciendo sin participación de los docentes, que son quienes “están en el territorio”.

¿Qué expectativas hay para este año? ¿Teniendo en cuenta también la pérdida del salario real y la reforma curricular que se avecina en materia educativa, creen que va a haber conflictividad sindical, como dicen actores del oficialismo?

Predecir conflictividades es adelantar circunstancias. Nosotros como movimiento sindical no estamos únicamente para tomar medidas, sí para defender nuestros derechos. Ahora, si dicen desde el oficialismo que se prevé conflictividad es porque hay mucha mayor imposición de distintas cuestiones que llevan a nunca mejorar la calidad de vida de la gente. A nosotros nos importa mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Si algo se contrapone con eso, por supuesto que va a haber medidas. Todas las necesarias.

Esto dejaría entrever que, en principio, no habría una postura de acuerdo del gobierno. ¿Considera que es así?

Habría que hacer una lectura rápida sobre cómo se fueron resolviendo todas las rondas de convenios salariales que tuvimos. En la mayoría fueron de acuerdo, entonces, si eso fue en acuerdo, ¿por qué anticipar un desacuerdo? ¿En base a qué? Por otro lado, eso fue en el sector privado. En el sector público estamos frente a un decreto que tiene que ver con el ajuste salarial por debajo de la inflación, y la pérdida salarial aún no determinada no se sabe cuándo ni cómo se va a recuperar. Es muy difícil pensar que no haya conflictividad. ¿Es porque no queremos llegar a acuerdos? No. El 28 de diciembre fue el último día que tuvimos el Consejo Superior de Negociación pública. Allí no se llegó a un acuerdo, porque si te dicen que van a ajustar 5,8% cuando el IPC [índice de precios del consumo] es cercano a 8%, ¿de qué me estás hablando? Hay responsables de esto. Ellos van a ser, en definitiva, los responsables de las supuestas conflictividades que quieren anticipar.

Se sabe muy poco de la transformación educativa que prevé implementar la ANEP en 2023. ¿Ustedes conocen, en concreto, las ideas del Codicen a implementar?

Lo que se conoce son las líneas titulares que se ha planteado desde un inicio la ANEP. Esos titulares están vacíos de contenidos. En palabras de ellos, esos contenidos los irán poniendo los distintos grupos, expertos a los que convocaron, pero acá sigue faltando el experto número, uno que son los docentes. Seguimos faltando en esa suerte de diálogo.

Se está haciendo sin consulta, entonces.

Totalmente. Nada puede hacerse en una reforma sin los docentes, esto no está siendo tomado en cuenta por más que esté escrito. Es muy difícil pensar que están llevando adelante una transformación de algo que en verdad no se conoce. Lo que se presentó en la Torre de Antel son ejemplos de cosas que ya se hacían en la comunidad. Por ejemplo, lo de Bella Unión, lo del jardín de infantes de Las Piedras, son todas acciones que los docentes veníamos llevando adelante en coordinación con las comunidades. Ahora, ¿esas son las transformaciones?

¿Qué de “nuevo” podrían plantear los docentes en esta reforma?

Lo principal en esto es la participación. La FUM participa en todas las comisiones a las que es convocada. ¿Para poner palos en la rueda o piedras en el camino? No, es para hacer propuestas. Quienes están en territorio, que son los docentes con los niños, con los estudiantes, son los que saben lo que está sucediendo. ¿Son los únicos que saben? No, todos los actores sociales tenemos que hablar de educación, pero lo que no podemos es quedar por fuera los docentes.

¿Qué propuestas plantearíamos en el caso de que, ojalá, seamos convocados? La primera y necesaria es la coordinación entre los diferentes actores que tienen que ver con la vida de los chiquilines. Allí digo Mides [Ministerio de Desarrollo Social], Ministerio de Salud Pública. La gestación repercute en la educación desde la concepción, desde la alimentación de su madre, desde cómo se gesta, todo lo social que lo involucra. No es que viene a la escuela sin carga de nada. Atender en su globalidad esa integralidad es la mirada clave.

Claro que los contenidos educativos son importantes; si no, no hubiésemos hecho lo que hicimos en 2008 [en alusión a la aprobación de la Ley de Educación]. Eso sí fue un real cambio curricular con participación de todos los actores. Claro que hay que modificar, es necesario avanzar y profundizar en los contenidos curriculares, pero ¿esos contenidos curriculares solamente los van a discutir los expertos y después nosotros vamos a ser meros aplicadores de esos conceptos? Eso es retroceder años, o siglos, diría.

¿Cómo cree que es hoy el rol de los docentes? Robert Silva ha dicho que el país “no ha tenido una política nacional docente”.

Cuando se habla de cambios entiendo que tiene que ver con un conocimiento de la historia. Si hablamos de cómo enseñar, hablamos de didáctica. Y la didáctica en la historia ha tenido cambios, y la didáctica hoy, como enseña el maestro en el aula, no es lo mismo que como lo hacía ayer. Y si lo hace igual es porque está equivocado; esa es mi forma de ver. El docente frente a su cómo enseñar tiene, por supuesto, sustento teórico, académico y las investigaciones, pero tiene además su conocimiento de su propia realidad. No es lo mismo enseñarle a un niño que a otro, en un contexto que en otro; no es lo mismo la forma de enseñar en una edad que en otra con unas capacidades o discapacidades. Todos tenemos necesidades educativas especiales, unos más y otros menos.

El docente de profesión sabe, y busca la forma de llegarle a cada uno de sus estudiantes, de sus niños, de la forma en que lo necesita. Decir “hay que cambiar la forma de enseñar” parece algo muy grande, pero muy vacío. Si me preguntan “¿hay que cambiar la forma de enseñar?”, yo digo “depende”. Hay un tema de evaluación, que muchas veces se rehúye. Yo no le temo a la evaluación, me parece que es imprescindible en todos los órdenes siempre, y en educación más. Ahora, no es solamente evaluar para diagnosticar; vos tenés que evaluar, diagnosticar, accionar y volver a evaluar sobre tu acción. Eso el maestro de aula lo hace sistemáticamente con cada uno de los niños de los grupos escolares, y el sistema educativo debería hacerlo con los pies en la tierra.

Esto viene atado un poco al presupuesto: en vez de 30 gurises por aula debería haber la mitad.

Eso dicen las investigaciones a nivel mundial. Cuanto más condiciones para que los chiquilines aprendan, y cuantas mejores condiciones tengan los profesionales, mejor será el resultado educativo. No es por ahí donde vas a recortar y mejorar la calidad, achicando la cantidad de cargos para agrandar la cantidad de alumnos por clase. No es por ahí, porque es una dimensión. ¿Es la más importante? Capaz que no, pero sí va a tener una influencia fundamental. Creo que eso cualquiera puede entenderlo, menos el que está mirando el sistema educativo en términos de ajustes o recortes de presupuesto. Claramente no va a tener los resultados que espera si realmente es sincero en ello.

¿Cómo cree que ha funcionado el Plan de Alimentación Escolar (PAE) hasta el momento?

El PAE tuvo un objetivo político que no llegó a lo que este nuevo gobierno de la educación esperaba. Se pensaba que había una dudosa gestión en lo que claramente es el Impuesto de Primaria, que es el que va directo a la alimentación escolar. Ese fue el manto de sospecha y de duda que hubo desde que ingresó esta nueva administración. Por eso hubo tanto chisporroteo a nivel nacional con respecto al PAE.

Se decía que “no era adecuada la cantidad de alimentación que se daba en las escuelas”, que “no era adecuado cómo se gestionaba”, sin tomar en cuenta que quienes gestionan muchos de los comedores son los directores de las escuelas. Entonces, poniendo en tela de juicio eso y levantando la tercerización, porque claro que Primaria tiene tercerización, principalmente en Montevideo y algunas escuelas en Canelones, y alguna salpicada en Maldonado, pero, en general, hay tercerización que viene desde hace muchos años… Levantar una tercerización en pos de los comedores tradicionales de las escuelas que los gestionaban los directores es, por lo menos a mi entender, un golpe bajo a las direcciones.

Como no se logró encontrar lo que ellos suponían que iban a encontrar, empezó a haber este tipo de disputas en los comedores, en donde les daban menos recursos a las direcciones. Idearon el ticket de alimentación cuando no es lo ideal, porque no le garantiza que le llegue realmente el plato al niño en medio de una pandemia, pero en este contexto, el ticket de alimentación, por lo menos para la FUM, era una salida adecuada para un contexto de emergencia. Por eso lo propusimos cuando el primer paro que hizo la FUM el año pasado y no fue aceptado por ellos, pero después fuimos los que dejamos a los niños “sin comer”, cuando en realidad ellos tenían la posibilidad de hacer eso.

En el segundo paro, el de setiembre, volvimos a proponer que se dieran ticket de alimentación. También lo negaron y también públicamente salieron a decir que éramos unos mentirosos. Así fue como nos calificaron desde el Codicen de la ANEP. En realidad, lo que ellos nunca dijeron fue que a todas las escuelas rurales, que son casi 1.000, les dieron ticket de alimentación. Y eso no se hizo público. Entonces, ¿sirve o no sirve?

El Codicen decía que ustedes no querían dejar guardias gremiales durante esos paros. ¿Hay una autocrítica al respecto?

Las guardias gremiales jamás se dejaron en ninguna circunstancia con respecto a la alimentación. Primero, porque el gremio docente considera que no es su función; si bien la escuela tiene una función social de la que no renegamos, no es la función pedagógica la atención del comedor. Es un plus que se hace, y con mucha responsabilidad. Sí es cierto, también, que en algunas circunstancias, en alguna escuela o en alguna comunidad, hace un tiempo se hizo una posible guardia gremial en algunas zonas de Montevideo, pero fue alguna cosa puntual. No es que ellos nos vengan a imponer a nosotros una guardia gremial o dejarnos como los insensibles por dejar sin comer a los niños. La responsabilidad es de ellos, no debe ser trasladada a los docentes. Después hubo un cambio sobre eso, y se empezó a señalar a los funcionarios discursivamente. Pero tienen un obstáculo: los funcionarios de Primaria no tienen la responsabilidad sobre los niños. Ellos [se refiere a las autoridades de la educación] no quieren asumir la responsabilidad del comedor, que es su responsabilidad en todas las circunstancias, no solamente los días de paro, sino también los sábados, los domingos, los feriados y las vacaciones. Porque pueden decir que están instruyendo los tickets de alimentación, pero ¿para cuántos? En el programa Verano Educativo [ahora Escuelas de Verano] hay 10.000, y son 400.000 chiquilines, entonces, en sus discursos están planteando cosas que no tienen todos los datos sobre la mesa. Pueden llegar a confundir a la población, pero hay un elemento con el que no cuentan, y es que las familias siempre están dentro de la escuela pública, entonces por más discursos que se hagan en contra de los docentes, la realidad va por otro lado.

Las listas sindicales ganaron los dos puestos en el Codicen en las últimas elecciones, ¿qué significa esa votación? ¿Quiere decir que hay un descontento con las autoridades educativas?

No digo que sea un descontento con las autoridades, porque no se trata de autoridades sino de modelos. Esto, claramente, es una respuesta a un modelo, que también va de la mano de la LUC [ley de urgente consideración], cuyo eje central es la no participación. Creo que la participación, hoy, es lo que más dañado está en términos de construcción hacia una mejor educación. Esa es la respuesta que los docentes de todo el país les dieron hoy a quienes están aplicando un modelo distinto, que los excluye de esta participación.

Hay algo que no es menor: a la lista opositora [a los sindicatos], de quien hoy es el presidente del Codicen [en alusión a la lista 4], le dieron la espalda. No a la persona, insisto, pero sí a lo que ellos representan. Eso es clarísimo. Y me parece que debería hacerse una autocrítica en este nuevo período. En febrero asumirán los compañeros, que tienen un programa común cuyo eje central es la defensa acérrima de la educación pública; este es uno de los puntos álgidos con ese otro modelo, que abre las puertas y genera muchas más facilidades para la privatización. Es claro, aunque a muchos no les guste el término. Lo que el Estado no asume abre la puerta al privado. Y el privado y el lucro van de la mano. Entonces, allí no hay o no debería haber dos lecturas.

¿Cree que la ciudadanía entiende en qué se basan específicamente los artículos de la LUC que refieren a la educación?

Desde que se habló por primera vez del Compromiso por el país [programa de la coalición de gobierno], fuimos golpeando cada una de las puertas señalando cuáles eran los aspectos en educación que para nosotros eran los más nocivos y con los que teníamos diferencias. Lo hicimos con todos, con Cabildo Abierto, el Partido Nacional, el Partido Colorado, todos. Después fuimos al Parlamento, y en 15 brevísimos minutos tratamos de argumentar rápidamente cuáles iban a ser los perjuicios. Ese trabajo que empezamos en enero de 2020 no se detuvo nunca.

Tú haces esa pregunta de “si cree que la gente la entiende”, y yo creo que no. Pero no sé si la gente la entiende, quizá no la entendemos nosotros, porque donde me apures mucho y me preguntes algo de mayor conocimiento profundo de alguna otra área te diría que me dejes profundizarla. Pero en el área educativa hay algo que le pega a la gente, que es fácil de entender, que tiene que ver con la extensión del tiempo pedagógico.

El hecho de que [el ingreso a la educación a chiquilines de] tres años no sea considerado obligatorio, ¿qué quiere decir? ¿Qué señal te da? ¿Qué gobierno va a invertir en algo que no es obligatorio? ¿Quiénes van a cubrir las necesidades familiares de esos niños de tres años? Los privados. ¿A quiénes va a golpear? Porque para el que pueda pagarlo y pueda acceder al nivel de tres años privado va a ser una cosa, ¿y aquel que no? ¿Dónde van a quedar los niños de los barrios? ¿Van a ser suficientes los centros CAIF y el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] para atender esas circunstancias, donde no es obligatorio? Para nosotros la obligatoriedad es algo de principio.

Las autoridades dicen que si ganara el Sí y se reinstalaran los consejos con participación docente en subsistemas de la ANEP, se pondría en riesgo la reforma educativa. ¿Qué reflexión le merece?

Y capaz que habría que barajar y dar de nuevo. Capaz que pensar en que la ciudadanía quiere participar en las cosas que le importan a la gente, como la educación, sería fantástico. No digo para desechar todo lo que quieren imponer, porque no lo conocemos. Capaz que hay cosas que son buenas, ¿por qué todo sería malo? Ahora, capaz que está bueno que se digan “por acá no era”.

Fernando Pereira, histórico militante de la FUM y expresidente del PIT-CNT, fue electo presidente del Frente Amplio (FA). El oficialismo dice que esto demuestra la relación de cercanía que hay entre el sindicalismo y la fuerza de izquierda. ¿Cree que es así?

Me parece una aseveración muy banal, sin mucho análisis. Quizá sirve para el momento en que estamos viviendo con respecto a la LUC, porque claramente hay una definición del PIT-CNT y del FA, como de otras organizaciones sociales, que vamos hacia la derogación de esos 135 artículos de la ley. Tenemos muchos puntos en común, eso no lo negamos, por supuesto. Ahora, hay que mirar que 15 años para atrás fueron gobiernos frenteamplistas, y el PIT-CNT fue una organización que creció en número de afiliados, siguió tomando las medidas correspondientes, incluyendo paros generales a los gobiernos del FA, cuando entendía que esa medida era legítima, que iba en beneficio de las mejores condiciones de la gente.

Entonces, analizar cómo se movió el PIT-CNT en estos 15 años echa por tierra esa aseveración de que la central sindical es “el brazo” del FA. Coincidencias hay muchas, pero dentro del PIT-CNT tenemos muchos militantes que no son frenteamplistas y no los dejamos de reconocer, de escuchar, y tienen su impronta, su lugar. Es otra la lucha que damos los trabajadores, independientemente del partido político.

El oficialismo también cuestiona la relación que tienen hoy con el gobierno y la que tenían con las administraciones frenteamplistas. ¿Qué vínculo tienen hoy con Pablo Mieres, por ejemplo?

El relacionamiento con Mieres es muy cercano en cuanto a facilidad de abordaje. Hay pérdida salarial que no se recupera en este ajuste, pero tampoco se dice cuándo y cómo se va a recuperar. Si me preguntás si eso conforma a alguien, la respuesta es que no. A nadie le conformó seguir perdiendo salario. Y a los trabajadores de la educación, menos que menos. ¿Eso tiene que ver con la figura de Pablo Mieres? No, tiene que ver con la política que el gobierno lleva adelante.