El capítulo de educación de la ley de urgente consideración (LUC) trajo consigo varios cambios. Según se plantea desde el gobierno, se trata de “la antesala” para una reforma educativa que ya está en marcha y que podría ponerse en riesgo con la derogación de los 34 artículos de este capítulo que se someterá a votación de validarse las firmas para llegar a un referéndum. En total, el capítulo de educación cuenta con 78 artículos y es cuestionado por los sindicatos porque entienden que producen privatización y mercantilización en esa área, además de una mayor concentración de potestades en el gobierno de turno.

La LUC introdujo cambios estructurales en la gobernanza educativa y modificó la Ley General de Educación, de 2008. Uno de los aspectos que generaron más polémica son los cambios en los organismos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en particular el pasaje de consejos con participación docente a direcciones generales unipersonales en Inicial y Primaria, Secundaria y UTU. Para contrarrestar estos cambios, se apunta a derogar los artículos 152 y del 155 al 160 de la LUC. Además, en su artículo 153 la norma define que los directores generales integren el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP con voz y sin voto, disposición que no se propone derogar y ya estaba contemplada en la ley de 2008.

Por su parte, desde el gobierno entienden que el capítulo de educación de la LUC ha mejorado la gestión de la ANEP. El integrante del Codicen Juan Gabito considera que “en lo que más se gana es en agilidad y fluidez de las comunicaciones”. Según fundamentó a la diaria, ello se debe principalmente al hecho de que los directores generales de los subsistemas sean parte del Codicen, que “da un acceso inmediato no sólo a lo resuelto y a lo que se pide o se proyecta hacer, sino a cuál es el feeling de la conducción”.

Si bien dijo no tener certeza de cómo la creación de las direcciones generales impactó en la gestión cotidiana de los subsistemas, estimó que “no hay mucha diferencia” con el esquema anterior. Según explicó, tanto con la actual estructura como con los consejos, “99% de las decisiones se toman con base en informes” técnicos de las distintas dependencias del respectivo subsistema. Al respecto, agregó que las competencias que antes eran de los consejos ahora quedaron a cargo de las direcciones generales, ya que es importante dar respuesta “en el mismo ámbito donde llegan las denuncias o quejas”.

Sobre la eliminación de la participación docente en la dirección de los subsistemas, Gabito opinó que implicó la pérdida de “un ámbito de debate” que no incide demasiado en la administración. Como los representantes docentes eran uno de los tres consejeros en cada subsistema, “en última instancia las cuestiones se podían resolver por mayoría y no necesariamente por unanimidad”, señaló.

Para Gabito, existe un plano “simbólico” de la eliminación de los consejos desconcentrados que él mismo puede entender. “La vieja imagen de los consejos de Primaria, Secundaria y UTU pesa mucho y el hecho de que desaparezcan duele. Nos duele, incluso a mí, a los más viejos, que hemos sido parte de esos consejos. Pero nos duele en lo afectivo, aunque lo aceptamos en lo racional”, señaló. Al respecto, agregó que debe tenerse en cuenta que –con dos consejeros de cinco– la representación docente se mantiene en el Codicen, que es el máximo órgano político de la ANEP.

En suma, el consejero valoró que las ATD tienen “mucha más importancia que el sillón docente” en los consejos, ya que “tienen que ser consultadas preceptivamente a la hora de cambios en los programas y por cuestiones inherentes de cada subsistema”, pero también tienen capacidad de iniciativa propia. Gabito entiende que “la preponderancia del valor simbólico político ha opacado o ensombrecido el rol técnico [de los docentes], que es lo que la gente debería reivindicar y hacer valer mucho más que hasta ahora”.

Palos en la rueda y certificados de defunción

El viernes, el club zonal del Municipio B de Montevideo del Partido Colorado (PC) organizó una charla en defensa del capítulo de educación de la LUC, en la que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, apuntó contra la dirección colegiada de los subsistemas de la ANEP. Según el ministro, se trata de un modelo “que está bloqueado hace añares” y que a la “constelación de colegiados” del organismo “le resultaba mucho más fácil bloquearse que avanzar”.

El ministro comparó los cambios impulsados en la ANEP con el funcionamiento de otros entes autónomos: “Imagínense que, además de tener el directorio que tiene, UTE tuviera un directorio para generación de energía y otro para su distribución, y que todos esos se tuvieran que poner de acuerdo para tomar decisiones”. En ese sentido, valoró que el gobierno “normalizó” el funcionamiento de la ANEP para hacer posible “una toma fluida de decisiones”.

Además, Da Silveira defendió la centralidad que en este esquema organizacional toma el Codicen y manifestó que con la derogación de estos artículos de la LUC se pretende “frenar” esa posibilidad y volver a un escenario en el que “los consejos podían bloquear las decisiones del Codicen muy eficazmente”.

En la actividad, el diputado del PC Felipe Schipani atacó a los sindicatos de la educación, principalmente a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). En particular, dijo que Fenapes era el que tomaba las decisiones en el ex Consejo de Educación Secundaria y para ello apelaba al “chantaje”. “No votaban lo que quería el consejero de Fenapes, entonces movilización, paralización de la elección de horas, paro, tranca, retranca, palos en la rueda”, sostuvo el diputado.

Según valoró, el sindicato de profesores es representativo sólo de un tercio de los docentes de secundaria y “es el reducto de los sectores más conservadores y retrógrados de este país, cuyo único objetivo es la conservación de los espacios de poder para mantener sus privilegios”.

Para Schipani, “si se deroga la LUC y vuelven los dirigentes sindicales a la gobernanza de la educación es ponerle el certificado de defunción a cualquier proceso de transformación y de reforma educativa que quiera hacer el país”.

Por su parte, Virginia Cáceres, integrante del PC y actual secretaria general del Codicen, consideró que la LUC supuso un “gran cambio en la gobernanza en la educación”. Más allá de su dimensión organizacional, Cáceres dijo que el cambio muestra una concepción distinta de la educación. Al respecto, aclaró que antes “se pensaba la educación como si fuera fragmentada” y los cambios impulsados por el actual gobierno marcan que “es el sistema educativo el que tiene que flexibilizarse y adaptarse para poder acompañar al estudiante durante toda su trayectoria educativa”.

Según Cáceres, en los nueve meses que llevan funcionando las direcciones generales ya se pueden apreciar “beneficios absolutamente notorios”, como “la toma de decisiones de una manera mucho más ágil, ejecutiva y coordinada”. Según la secretaria general, la LUC es “la antesala” para las transformaciones en la educación “que asumimos en el compromiso con los ciudadanos cuando nos votaron” y que están presentes en el Compromiso País de la coalición de gobierno.

El CFE y su estatus legal

Para Gabito, un aspecto de la LUC que “no se ha valorado” es que el Consejo de Formación en Educación pasó a estar reconocido por ley, cuando antes sólo existía por resolución administrativa del Codicen. “Otro Codicen que pensara distinto podía disolverlo y volver al sistema de dirección general única, sin embargo, la LUC lo crea por primera vez con carácter colegiado y cogobernado: le da un voto al consejero docente y otro al estudiantil”, indicó.

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